Tras una extensísima audiencia imputativa, que tomó más de tres días, siete personas quedaron detenidas en prisión preventiva (dos de ellos ya estaban detenidos cumpliendo condenas por otro delitos), acusados de ser parte de una banda que sembraba el miedo y el caos en diversos sectores de la ciudad, principalmente, Ludueña y Empalme Graneros.
El fiscal Pablo Socca detalló que todos los imputados, junto a algunos que no estaban presentes , personas identificadas ya fallecidas, menores de edad y otros no identificados, formaban parte de «una asociación ilícita que se dedicó a cometer delitos contra las personas, contra la propiedad, contra la administración pública, contra la seguridad pública, contra la salud pública». «Esta organización criminal procuró ocupar y dominar sectores y barrios de la ciudad de Rosario – principalmente Ludueña y Empalme Graneros- y excluir de allí a bandas antagónicas con el fin de obtener beneficios económicos producto de diversas actividades ilícitas».
La audiencia comenzó el jueves 2 de junio, continuó el viernes y culminó este lunes y, durante el transcurso de la misma, el fiscal expuso el funcionamiento de la organización y apuntó que para conseguir sus objetivos, los integrantes de la banda «cometieron sistemáticamente diversos delitos». Según el detalle que hizo Socca, la banda no dejó nada afuera: desde homicidios, amenazas, abuso de armas y portación y tenencia ilegal, hasta venta de estupefacientes y unas 40 extorsiones (algunas seguidas de “balaceras”) a comerciantes y vecinos de Ludueña y Empalme Graneros.
Según la teoría fiscal, la banda está comandada por dos personas que cumplen condena en Piñero, «Andy» Benítez y Julián Aguirre, que cumplen condena por robo y portación de armas, y no descarta una «cojefatura» con Mauro Gerez, detenido el pasado 26 de mayo, en 9 de Julio y Matienzo luego de un operativo montado por el propio Socca. Dicha organización habría funcionado, al menos, desde los primeros días de julio de 2021 hasta el día en que Gerez cayó detenido.
La banda y los roles
En la audiencia, el fiscal Socca expuso con detalle gran cantidad de casos de extorsiones y balaceras a comerciantes del barrio. Uno de los más resonantes fue el de a carnicería ubicada en Navarro al 5800, local que fue baleado el pasado 16 de febrero tras una amenaza. En el ataque dos clientes fueron heridos. Y casi una decena de denuncias de otros comercios, una joyería, una heladería, un supermercado, una rotisería y la lista sigue.
El fiscal acusó a Mauro Gerez de ser el jefe de los sicarios y, de acuerdo a algunos testigos reservados, el encargado de reclutar a los «soldaditos», chicos que, en su gran mayoría son menores y a los que convence de trabajar para él regalándoles zapatillas, botines o cosas por el estilo. Y lo apuntó como uno de los miembros más importantes dentro de la estructura, persona de confianza de Benítez y Aguirre.
Según la investigación Andy Benítez y Julián Aguirre son los líderes de la organización -no descartando la cojefatura con otros todavía no identificados a la fecha ni tampoco que la presente organización sea una célula o una subestructura de una asociación ilícita de mayor envergadura.
«Los mismos imparten ordenes desde su lugar de alojamiento, algunas directamente y otras por interpósita persona, también realizan intimidaciones de manera personal desde teléfonos celulares que utilizan dentro de la cárcel, ordenando extorsiones, usurpaciones y atentados con armas de fuego contra diferentes personas, algunas de ellas víctimas de extorsiones cuando no abonan el “canon” requerido o con el objetivo de infundir temor público. Otras veces, atentando contra víctimas pertenecientes a bandas rivales y/o antagónicas, delegando y encargando principalmente a Mauro Gerez (mientras estaba en libertad) la concreción de los delitos más graves y la selección de las personas que extramuros van a cumplir lo encomendado, disponiendo del uso de armas de fuego de gran poder ofensivo, vehículos: automóviles y motocicletas, organizando y administrando la atención de los “bunkers” de venta de estupefacientes y controlando su recaudación»
Por su parte, Dan Natanel S., era una de las personas de confianza de Mauro Gerez. Se encargaba de retirar el dinero obtenido de las extorsiones que realizaba la organización, disponía del uso de armas de fuego y de motocicletas en las cuales se trasladaba y se encargaba de cualquier otra tarea que le indique Gerez, acompañarlo, custodiarlo y participando y apoyando de cualquier manera al resto de los integrantes en las diversas actividades ilícitas. Asimismo, se encargaba de realizar hechos ilícitos como ser robos de vehículos o teléfonos celulares, con el fin de que dichos recursos se incorporen a la organización para su posterior utilización en lo que sea necesario para que la banda continúe desarrollando todas sus actividades ilícitas.
Otro de los imputados, Nicolás B., se encargaba de recabar información de potenciales víctimas (datos personales, domicilios) vecinos de su propio barrio que luego son extorsionados o amenazados con el fin de que abandonen su residencia. Monitoreaba la presencia de las víctimas a fin de que otros integrantes cometan atentados de arma de fuego contra ellos. Además, se encargaba de usurpar las viviendas que las víctimas abandonaban a partir de las amenazas, extorsiones y balaceras, con el fin de que dichos inmuebles sean incorporados al patrimonio de la asociación o sean utilizados como puntos de venta de droga. Asimismo, disponía de armas de fuego de alto poder ofensivo que se utilizaban en la comisión de diversos ilícitos.
En tanto, Gustavo C., y Marcelo R. eran los encargados de realizar personalmente los atentados de arma de fuego contra personas o viviendas. Se encargaban de transmitir personalmente las amenazas a las víctimas y con el uso de armas de fuego, ya sea para extorsionarlos o para que los mismos abandonen su lugar de residencia o el lugar donde desarrollen sus actividades comerciales. Amenazaban a víctimas o testigos que denunciaban o impidedían el desarrollo de las actividades ilícitas de la banda. Se encargaban, además, de usurpar las viviendas que las víctimas abandonaban producto de las amenazas, extorsiones y balaceras, con el fin de que dichos inmuebles sean incorporados al patrimonio de la asociación o sean utilizados como puntos de venta de droga. Asimismo, disponían de motocicletas y armas de fuego de alto poder ofensivo que se utilizaban en la comisión de diversos ilícitos.
