El titular de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, fue imputado por el fiscal Eduardo Taiano a raíz de la aparición de una denuncia según la cual el ministro del máximo tribunal tendría 71 cuentas en paraísos fiscales cuyos depósitos habrían sido realizados con posterioridad a su designación como presidente de la Corte.
La investigación recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo y ayer se conoció que Taiano impulsó la investigación en un escrito en el que pide varias pruebas, entre ellas que se libre un oficio a Panamá para certificar la existencia de algunas de las cuentas, aunque supuestamente también hay depósitos en Shangai, en Puerto Rico y en Brasil.
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Lo que figura en la denuncia es la existencia de una red de cuentas bancarias y sociedades off shore, que canalizarían supuestos sobornos. El entramado tendría como base una compañía armada en Panamá, The International Food, que estaría a nombre de Rosenkrantz y su histórico ladero, Gabriel Bouzat. El texto incluye un diagrama de sociedades y una planilla con números de cuentas en bancos de distintas sedes.
En la causa que recayó en el juzgado del Juez Ariel Lijo, también está imputado su ex socio, Gabriel Bouzat, quien había declarado anteriormente en una oportunidad en la justicia que nunca estuvo en Panamá -donde creen que constituyó una financiera-, sin embargo, un trabajo de investigación periodística lo expuso a mediados de este año (2019).
La fecha de asignación de esta denuncia al juzgado número 4, es del 18 de diciembre de este año, expediente núm: CFP 9347/2019.
Como se observa en la carátula del expediente difundido por el periodista Darío Villarruel, el denunciante es Silvio Gabriel Gusso, (candidato a secretario General de la Unión Tranviarios Automotor, UTA).
Cabe recordar que Rosenkrantz, fue recomendado al expresidente de la nación, Mauricio Macri por Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, ex abogado de Clarín y principal arquitecto del armado judicial del presidente, en 2016 Rosenkrantz aceptó ser nombrado (junto a Rosatti) Juez de la CSJN por un Decreto de Necesidad y Urgencia. Ante el repudio generalizado de la sociedad, esta medida inconstitucional debió revertirse, enviando los pliegos para la posterior aprobación de su nombramiento por el poder legislativo, con el aval del bloque PJ-FPV (con voto dividido), UCR y PRO entre otros.
