«Nosotros creemos que el senador Armando Traferri es uno de los organizadores de esta red de juego clandestino junto a Peiti y Serjal. Y creemos que le consiguió a Peiti los contactos con el Ministerio Público de la Acusación para que gozaran de protección política y policial». Con inusitada firmeza y contundencia, el fiscal Matías Edery, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, ser refirió a la solicitud de desafuero para el jefe de la bancada del Partido Justicialista del senado santafesino que, si todo va como se espera, ingresaría este martes a la Legislatura.
La carga de la prueba
En una extensa entrevista concedida a La Ocho, Edery puntualizó que la evidencia contra Armando Traferri es irrefutable y señaló que tanto el como él fiscal Luis Schiappa Pietra esperan poder ser recibidos en el recinto legislativo para presentar y explicar las pruebas que se acumulan contra el senador. «En el escrito que se presentó ante la Cámara de Senadores pusimos parte sustancial de esa prueba y reiteramos lo que dijimos el otro día en conferencia de prensa, que nuestra intención es presentarnos , exhibir y explicar la evidencia que tenemos para sustentar así este pedido de desafuero. Entendemos además que, en un sistema acusatorio como el nuestro en el que las audiencias son públicas, es muy importante que podamos explicar a los senadores los motivos por el cual hacemos este pedido».
En cuanto a la evidencia en sí misma, si bien Edery señaló que prefieren no hablar de las pruebas hasta tanto no estén en poder de los senadores, aseguró que «entre el descargo que presentó el senador Traferri y la prueba objetiva existen inconsistencias muy grandes». «Se trata de evidencia que es irrefutable porque son registros, filmaciones, fotos. Existen inconsistencia, particularmente en relación al vínculo entre él y las otras personas involucradas, que ser remonta al año 2017. Tenemos un montón de elementos que fuimos recolectando a lo largo de la investigación, que quiero recordar, empezó en el mes de enero de este año con el homicidio del señor Enrique Encino en el casino City Center de Rosario».
En ese sentido, Edery también explicó que esas evidencias no tienen que ver, como todos creen, con las recientes y explosivas declaraciones del ex fiscal de grado Gustavo Ponce Asahad. «Para hacer sólo un paneo de lo que queremos presentarles a los senadores, en ningún momento se menciona la declaración de Ponce Asahad. Las pruebas que vamos a presentar no están sustentadas en esas declaraciones, sino en otras evidencias, pericias de teléfonos celulares, cruces de teléfonos, actas de allanamientos, imágenes de cámaras, impacto en antenas con ubicaciones, escuchas telefónicas entre otras».
Edery reiteró que «la prueba es contundente» y por eso se pide el desafuero. «Somos dos personas que tenemos encima investigaciones muy grandes y no vamos a cometer la irresponsabilidad de hacer semejante movimiento sino tuviéramos la evidencia que nos respalda».
Insostenible
«Nosotros creemos que es insostenible que no se pueda investigar a una persona si sus pares no lo desaforan», aseguró Edery y puso como ejemplo la cantidad de casos que hay a nivel nacional de funcionarios que han sido y son imputados y están en juicio mientras están en ejercicio de sus funciones. En relación a ellos explicó que la provincia de Santa Fe es una de las que tiene la regulación más estricta en ese sentido. «Pero hay que prestar atención a la evolución actual de la legislación respecto a los funcionario públicos. El caso más claro está a nivel nacional, con funcionarios que son imputados y siguen ejerciendo sus cargos, y entendemos que esa es la interpretación correcta que debería hacerse de la norma y es lo que nos permitiría avanzar en la investigación», subrayó.
Y sobre la posibilidad cierta de que la investigación se malogre, Edery remarcó que «en estos caso con organizaciones con tanto poder e influencia, las medidas son urgentes». «La investigación se puede frustrar sino obtenemos este aval de los senadores y no resuelven con la urgencia del caso».
Además, el funcionario judicial apuntó que esta solicitud se puede tratar en sesiones extraordinarias porque es en referencia a uno de sus miembros y no está vedado por la Constitución su tratamiento». Y recalcó: «Tenemos una investigación muy seria que lleva más de un año, es además una investigación muy conocida. Las declaraciones de Traferri y su abogado sobre operaciones son declaraciones políticas, y las cuestiones políticas nada tienen que ver con nuestro trabajo. No hacen a la investigación y no tienen ningún vínculo con la misma y no tiene que ver el ministro Saín ni ningún actor externo del MPA.»
