Este martes por la mañana, el Centro de Justicia Penal se convirtió en el escenario de una audiencia que dos años atrás, cuando en diversos pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe se organizaban manifestaciones bajo la consigna: «todos somos Vicentín», era impensada. Es que 14 directivos de la empresa agroexportadora fueron imputados por reiterados delitos de defraudación con balances falsos y estafas que, acumulados, podrían implicar hasta 50 años de cárcel para algunos de los acusados.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Miguel Moreno imputó a Daniel Buyatti; Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin y Yanina Boschi, Miguel Vallatta, al síndico Omar Scarel y Raul González Arcelus por delitos de balance falso en concurso real por defraudación y estafa en seis hechos cometidos contra bancos extranjeros, cinco hechos de estafas en carácter de coautor contra los acreedores granarios y estafas contra el Banco Macro. Además, Daniel Buyatti fue imputado por apropiación indebida de tributos.
Durante la audiencia de este martes, el fiscal Moreno realizó las imputaciones y luego las defensas solicitaron un cuarto intermedio para analizar archivos y pruebas y preparar los descargos.
Al finalizar la audiencia, el fiscal Moreno aseguró que la evidencia reunida hasta ahora es sumamente clara y contundente, y no descartó que en el progreso de la investigación y en el relevamiento de la información que aún continúa, puedan surgir otras conductas ilícitas «para atribuirle a las personas que estuvieron en la audiencia o a otras».
En cuanto a la pena en expectativa, Moreno explicó: «Las estafas tienen una pena máxima de 6 años, si se toma en cuenta que hay 11 acusaciones de estafa y otras 6 de balances falsos, entre otros delitos, estaríamos en el límite máximo establecido por el articulo 55 del Código Penal, que son 50 años de prisión». En ese sentido, apuntó que considerando esto en juicio, «la solicitud de pena va a ser de cumplimiento efectivo, en atención a muchas variables, sobre todo la multiplicidad de hechos y el perjuicio causado».
Balances falsos, certificados falsos y otra pila de falsedades
«No hay solo hay que pensar en la estafa, sino en el daño causado por la estafa. La lógica de la persecución de los delitos económicos es que si bien no tienen un impacto en la opinión pública, generar un daño social muy grande» argumentó Moreno al explicar las maniobras pergeñadas por los directivos de la agroexportadora.
«Entre las maniobras, está la presentación de balances falsos, con estados contables en los cuales no se registraban los pasivos que correspondían a deudas que tenía la firma con los productores granarios, Vicentín tomaba el grano y lo registraba en sus balances como activo corriente sin registrar la contrapartida, que es el pasivo corriente, lo que tenía que pagarle al productor al momento que el mismo decidiera fijar precio», detalló el funcionario.
Además, los empresarios emitieron certificados de cumplimiento falsos, con el ratio adulterado. «El ratio es la diferencia entre el activo y el pasivo corriente de una empresa. Para poder acceder a los desembolsos de los bancos, Vicentín necesitaba un ratio de 1.2, es decir el activo corriente debía superar un 20% al activo corriente. Y llegó a exhibir ratios de 1.8 cuando la realidad financiera era otra».
El funcionario del MPA también señaló el rol de las empresas satélites: recibían el dinero destinado a prefinanciar exportaciones otorgado por los bancos sin una contraprestación detectable. «Hay un flujo de dinero intragrupo que no encuentra justificación en una operación comercial o financiera».
En cuanto al destino del dinero obtenido de los préstamos bancarios, Moreno aseveró que se siguen realizando investigaciones buscando el destino del mismo y para ello se trabaja con distintas fiscalías e investigadores en Suiza en Estados Unidos, Uruguay y otros lugares del mundo.
Sin dudarlo, el fiscal afirmó que su investigación da por probado que en la empresa «no existía ninguna solvencia». «Hubo un encubrimiento de la real situación, una venida a pique de la empresa desde el año 2017 que fue ocultada a través de las falsedades de los balances».
Por último, el fiscal adelantó que es probable que pida prisión preventiva para todos o algunos de los imputados, teniendo en cuenta la pena en expectativa y, sobre todo, las posibilidades de los acusados de entorpecer el avance de la causa.
