«En función de las consultas recibidas, informamos que hoy se realizó la apertura y digitalización de la documental secuestrada en el ministerio de Seguridad de la provincia (tanto en la sede de la ciudad de Santa Fe como en la de Rosario) en el marco de dos investigaciones que tiene a su cargo la Unidad Fiscal Especial (UFE) de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1». Con este encabezado, el Ministerio Público de la Acusación difundió un escueto comunicado en relación a la investigación por supuesto espionaje ilegal que puso en el ojo de la tormenta al ex ministro de Seguridad Marcelo Saín y gran parte de su equipo. Sin embargo, hasta el momento y más allá de ciertas declaraciones en los medios de comunicación, no se ha hecho pública ninguna documentación que sostenga las graves acusaciones dirigidas a los ex funcionarios. De hecho, los abogados defensores que participaron de la jornada, aseguraron que no había «ni una sola carpeta de las que se habló».
De acuerdo al comunicado del MPA, la apertura y digitalización de la documental «comenzó alrededor de las 9.30 y se extendió hasta las 18:30».
«Se llevó a cabo en la sede de la UFE de Delitos Complejos en la ciudad de Santa Fe y contó con el control de los abogados defensores de las personas investigadas».
Según detallaron en el texto «a partir de la diligencia concretada» se corroboró «la existencia de gran cantidad de evidencia de utilidad para las dos investigaciones, entre las que se incluyen documentos e información referidas a personas físicas obtenida de distintas fuentes o bases de datos».
Apuntaron además que hay «siete bolsas de consorcio con documentos destruidos; otros acondicionados para ser destruidos y datos referidos a procesos licitatorios del ministerio de Seguridad de la provincia». «La documentación digitalizada será detenidamente analizada en las próximas semanas», concluye el comunicado.
Graves irregularidades y acusaciones de lawfare
Tanto Marcelo Saín, quien denunció un «golpe blando» contra el gobernador Omar Perotti, como Nadia Schujman denunciaron graves irregularidades en los allanamientos a las sedes del Ministerio de Seguridad de Santa Fe y Rosario. De hecho, pidieron el apartamiento de los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, a quienes acusan de haber hecho los procedimientos sin orden judicial, sin testigos y de haberles revisado los objetos personales.
De hecho, el abogado defensor de Nadia Schujman y de Diego Rodríguez, Juan Lewis, fue convocado a la apertura de archivos y digitalización realizada este lunes por el MPA y afirmó que no vio ni una sola de las carpetas de las que se habló. «No apareció ni una sola carpeta. Es raro, porque hubo medios, diputados, diciendo que se encontró de todo aquel 26 de noviembre, que había más de 1000 carpetas… y hoy vimos toda la documental y no había ninguna carpeta, ningún perfil hecho fuera de una investigación judicial», aseguró el letrado en diálogo con Rosario Plus.
En sus declaraciones, el abogado refirió que entre el material que los fiscales se llevaron del Ministerio de Seguridad hay documentos que datan del 2012, lo cual, según afirmó, habla del «amateurismo del Organismo de Investigaciones» y de la «indeterminación de los fiscales al hacer la medida».
Tal como ya lo había afirmado el defensor legal de Saín, Hernán Martínez, Lewis aseguró que los fiscales hicieron una «excursión de pesca», es decir, fueron a ver si encontraban algo para complicar a los funcionarios acusados.
A pesar de estas afirmaciones, fue el propio fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, quien avaló los procedimientos de Hernández y Jiménez, al declarar que se procedió de esa forma porque había «información de que se estaba destruyendo documentación» en el momento en que algunos funcionarios estaban a punto de dejar sus puestos.
Además de Sain y Schujman, los ex funcionarios investigados son Diego Rodríguez, (ex subsecretario de Control Institucional), Germán Montenegro (ex secretario de Seguridad Pública), Sebastián Sánchez (director de Análisis Criminal), Pablo Álvarez (Subsecetario de Investigación Criminal) y Débora Cotichini (jefa de Inteligencia Sur del Organismo de Investigaciones, suspendida en su cargo). En otra investigación por una licitación para compra de armamento, también apuntaron contra el ex secretario de Finanzas, Maximiliano Novas.
