El presidente de Vicentin quedó en libertad pero deberá pagar medio millón de dólares
Se trata de Omar Scarel, quien en abril pasado vendió acciones de una empresa en la que Vicentin tiene participación, incumpliendo así con medidas dictadas por jueces de primera instancia.
Este jueves se realizó la audiencia imputativa contra el presidente de Vicentin, Omar Scarel, a quien se acusó de transferir acciones de una empresa en donde la cerealera tiene participación, a pesar de que estas acciones le fueran prohibidas por jueces de primera instancia. El empresario continuará en libertad con una caución real de 500.000 dólares.
En la audiencia, los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno sostuvieron que Scarel, en su rol de presidente de Vicentin SAIC, desobedeció al juez de primera instancia Nicolás Foppiani, quien el 18 de septiembre de 2020 le prohibió innovar sobre la composición y disposición de la masa accionaria de las empresas sobre las que la agroexportadora tendría participación accionaria, o cuyos representantes legales estén denunciados.
Los fiscales también acusaron a Scarel de desobedecer al juez de primera instancia Hernán Postma, quien el 28 de diciembre de 2020 dispuso la prohibición de desprenderse de activos por un valor mayor a $50.000.000 pesos.
Las medidas dispuestas por los jueces Foppiani y Postma se vieron incumplidas cuando Scarel, en su carácter de presidente de Vicentin, firmó un contrato de compraventa con la empresa Viterra Argentina S.A.
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Con esta acción, Vicentin vendió a Viterra el 33,3% de las acciones de Renova S.A (una empresa productora de biocombustibles y molienda de soja) por unos U$S 310.000.000. Este contrato de compraventa se celebró el pasado 28 de abril en la ciudad de Buenos Aires, por medio de una “oferta de compra” a la que Scarel respondió con una nota.
Por este hecho, los fiscales consideraron que el presidente de Vicentin, en “pleno conocimiento” de las ordenes impuestas por los jueces Foppiani y Postma, “incumplió los mandatos” de diferentes maneras.
Por un lado, señalaron que Scarel realizó un contrato que supone innovar respecto del estado de cosas relativo al 33,33% de las acciones de Renova S.A., pertenecientes a Vicentín SAIC. Además, destacaron que el empresario realizó un acto de disposición que significa, para Vicentin, el desprendimiento de activos por un valor superior a $50.000.000 pesos.
Por estos hechos, este miércoles Scarel fue imputado por los delitos de desobediencia, en calidad de autor, en concurso ideal con relación a las dos prohibiciones incumplidas, en grado de consumado.
Si bien Fiscalía solicitó la prisión preventiva efectiva para el empresario, al entender que puede entorpecer la investigación, el juez de primera instancia, Nicolás Foppiani, tuvo por formalizada la audiencia y dispuso la libertad con caución real por USD 500.000. Fuentes judiciales explicaron que el imputado tiene un plazo de 30 días para hacer efectiva la caución.
Cruce entre Scarel y los fiscales
Por su parte, Scarel habló en la audiencia y aseguró que la compañía que dirige “no violó” la disposición judicial.
“Toda la documentación puesta en la propuesta (realizada a los acreedores) era para dar más información”, dijo el directivo, para aclarar que su realización quedó supeditada a la homologación por parte el juez del concurso, Fabián Lorenzini, previo levantamiento de las cautelares que inhibían esa transacción. Es decir que, según el empresario, no se realizó efectivamente la venta de las acciones, por lo que no se consumó el delito de desobediencia judicial.
Scarel aseguró que el paquete de acciones “no se vendió” sino que se trató de “un acuerdo de transferencias sujeto a condiciones”, que aún no se cumplieron.
El fiscal Miguel Moreno, en cambio, sostuvo que el acusado es “un gran ilusionista” que “muestras cosas que en realidad no son”, y recordó que Scarel fue imputado por falsear los balances de los ejercicios 2017 y 2018 de Vicentin para esconder de acreedores y bancos la real situación de la firma.
Su par Narvaja, en tanto, presentó un documento de más de dos mil páginas del concurso de acreedores y dijo que “lo difuso y confuso de la información y presentación fue para ocultar la venta irregular de sus acciones de Renova, algo que estaba prohibido por una resolución judicial”.
Para la defensa del directivo de Vicentin, en cambio, el proceso del concurso fue de acceso libre tanto a acreedores como a los síndicos e interventores, y ninguna de ellos denunció a la empresa o llamó la atención sobre la presunta venta de Renova.
La previa legal
A fines de octubre del año pasado, Scarel fue imputado junto a otros 13 ex directivos de Vicentin por una decena de casos de presuntas estafas que ascienden a unos U$S 500 millones.
En aquél entonces Scarel ya había sido ungido presidente del directorio, pero al momento de las maniobras era el síndico de la empresa.
El fiscal Moreno sostuvo entonces que existió “un ardid” por parte de la conducción de la compañía que consistió en introducir información falsa en los balances para mostrar “una aparente sólida situación patrimonial de la empresa Vicentin SAIC, con el fin de ocultar su realidad económica financiera”.
Según Moreno, Vicentin incluyó en los balances 2017 y 2018 como activos corrientes los granos comprados bajo la modalidad de “precio a fijar”, pero no registró como pasivos corrientes las deudas por esos contratos aún impagos.
Por eso acusó a los 14 directivos de entonces -algunos de los cuales permanecen en la empresa- de “realizar una puesta en escena de empresa solvente y confiable, siendo exitoso a la hora de generar confianza en los productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores”.