Una supuesta defraudación con fondos destinados a la reparación de patrulleros se encuentra en plena investigación desde febrero de 2020 y el subjefe de la Policía Ariel Zancocchia, y los agentes Martín R. y Germán T. fueron apuntados por las maniobras irregulares, que derivaron en una serie de allanamientos y el pedido de renuncia del segundo de la Policía de Santa Fe.

En consecuencia, el ministerio de Seguridad pasó a disponibilidad a Ariel Zancocchia y a los agentes involucrados en las presuntas maniobras irregulares en la reparación de patrulleros del Comando Radioeléctrico.

Por su parte, el secretario de Justicia de la provincia adelantó, en un medio local, que aún no está determinado el perjuicio económico ocasionado a las arcas provinciales.

Tras los allanamientos realizados este jueves el Gobierno desplazó de su cargo a Zancocchia, quien no ocupaba su actual cargo en el momento que se cometieron los delitos investigados, sino que actuaba como habilitado en el manejo de fondos destinados a la reparación de patrulleros.

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El secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, se refirió al posible esquema utilizado por esta presunta organización delictiva para obtener recursos económicos de autopartes.

Según indicó Somaglia, el ahora desplazado subjefe de policía, en el pasado integró una empresa privada dedicada a la comercialización de repuestos de automotores, pero cuando fue nombrado en su función de subjefe, renunció a dicha firma. En cambio, existen indicios sobre la utilización de aquellos vínculos para favorecer las irregularidades que se investigan.

Somaglia indicó, además, que se constataron casos de patrulleros que debían ser reparados y se detectaron situaciones sospechosas, como la desaparición de autopartes. No sólo de móviles policiales, sino de vehículos particulares que habían sido denunciados como desaparecidos.

El secretario de Justicia remarcó que las investigaciones se iniciaron al asumir el actual Gobierno provincial, aunque los presuntos delitos se habrían cometido en 2019 o con anterioridad.

Todo comenzó el 4 de febrero de 2020, cuando efectivos de la Agencia de Control Policial (ex Unidad de Asuntos Internos) realizó una inspección en las instalaciones de la base Rampa Norte, denominada comúnmente «Taller Tarragona», perteneciente a la Sección Comando.

En aquel momento, los efectivos observaron «irregularidades manifiestas» en los automotores que se encontraban dentro del predio, «con notable descuido de los vehículos policiales depositados allí, falta de conservación y control de autopartes y contradicciones en el registro de los estados de los móviles».

También hallaron «móviles desguazados, con piezas de los mismos a la intemperie» y en el taller encontraron «vehículos que no pertenecían al Comando Radioeléctrico sino a otras dependencias policiales o a particulares».

Somaglia expresó que los supuestos delitos investigados por la Justicia “no sólo causa un perjuicio a la administración pública, sino también un daño inconmensurable a la imagen de la fuerza de seguridad en general”.

Las presuntas irregularidades van desde la presunta venta de autopartes hasta el fraude con el mantenimiento de los patrulleros, enmarcados en los delitos de malversación de fondos, cohecho y fraude.

El funcionario agregó “no se puede tolerar una situación como ésta. Un funcionario que es el segundo jefe de policía investigado no puede formar parte de una institución que debe velar para que los delitos no se produzcan”.