El fiscal federal de Bahía Blanca a cargo de la causa por la desaparición de Facundo Astudillo Castro, quien fue visto por última vez el 30 de abril cuando salió de la localidad de Pedro Luro, pidió que investiguen presuntas «irregularidades» por parte de efectivos de la policía provincial durante un procedimiento realizado en la casa de la exnovia del joven de 22 años.
Fuentes judiciales informaron que el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez remitió actuaciones a la justicia del fuero ordinario y las mismas recayeron sobre el fiscal Marcelo Romero Jardín, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 bahiense y de Leila Scavarda, de la UFI 12, quien tiene jurisdicción también en la zona de Villarino, Punta Alta, Saavedra, Torquinst y Puán.
El área de prensa de la Fiscalía de Bahía Blanca informó en la tarde de este lunes que «en concreto los hechos se circunscriben al trato dispensado a algunos integrantes de la familia de su exnovia en el marco de diligencias investigativas».
Una de las fuentes consultadas explicó que el oficio se «planteaba algunas irregularidades en el trabajo policial que denunciaron algunos testigos«, a partir de lo cual ahora «habrá que ver si eso es cierto».
«Estas irregularidades habrían ocurrido cuando intervino la justicia provincial y de los testimonios que tomaron efectivos de la bonaerense», indicó el vocero y agregó que «los testigos se habrían sentido intimidados por la forma en el que les preguntaba o les hablaba la policía».
Al respecto, el viernes pasado, la fiscalía federal de Ulpiano Martínez comunicó oficialmente en la página web del Ministerio Público Fiscal de la Nación que tanto la exnovia como el excuñado del joven desaparecido denunciaron haber sufrido «presiones y vejámenes».
«El hostigamiento narrado por los testigos, claramente delictivo, que dio lugar al pertinente requerimiento de instrucción y por el cual -en su caso- habrán de responder penalmente los numerarios, pareció más bien un accionar tendiente a despejar el manto de sospecha con el que fueron cubiertos a raíz de la desaparición de Facundo«, sostuvo el informe oficial.
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«Claramente expresó la exnovia que la pregunta insistente que le hacían era sobre el paradero de Astudillo; las presiones y vejámenes a las que fue sometida -junto con su hermano-, se orientaban más bien a encontrarlo», indicó el comunicado de fiscales.
Y agregó que «en todo caso coincidió en lo que expresó la querella respecto a que le exigían que reconozcan la existencia de algún crimen para con Facundo», pero en el sentido de «si ellos (los testigos) le habían hecho algo, o si sabían qué le podría haber pasado».
«Su hermano incluso ‘accedió’ –bajo una evidente coacción por parte de los agentes– a que ingresaran en su domicilio y registraran el inmueble en su búsqueda», concluyó el informe.
El joven de 22 años lleva 102 días desaparecido y el viernes pasado su familia recibió un nuevo revés por parte del fiscal Ulpiano Martínez, quien rechazó su pedido para detener a cuatro policías de la provincia, lo que puso de manifiesto las diferencias que mantiene con la querella, que solicita que se investigue el caso como una desaparición forzada.
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«Este fiscal es un símbolo de que está todo mal en la Justicia argentina, por eso pedimos nuevamente su recusación y convocamos a todos los organismos de Derechos Humanos para que nos acompañen», dijo Leandro Aparicio, uno de los abogados que representan a la madre de Facundo, Cristina Castro.
Es que la querella había pedido la detención de los policías del destacamento de la localidad de Mayor Buratovich Mario Gabriel Sosa y, Jana Curuhinca, quienes retuvieron en la ruta a Facundo cerca de las 10 del 30 de abril; del oficial del destacamento de la vecina Teniente Origone Alberto González; quien volvió a ver en la ruta al joven horas más tarde; y de la agente Siomara Flores, quien dijo haberlo llevado en su auto particular hasta un lugar cercano a Bahía Blanca.
Fuentes judiciales aseguraron que el fiscal Ulpiano Martínez había pedido semanas atrás la detención de Sosa y Curuhinca pero la jueza María Gabriela Marrón las rechazó por insuficiencia de pruebas.
Además, Ulpiano Martínez relativizó el hallazgo de un amuleto que, según la madre de Facundo, pertenecía al joven, en el destacamento policial de Teniente Origone al que pertenece González, al considerar que se trata de «un dato indiciario» pero que «restan medidas pendientes que refuercen dicha tesis».
El abogado Aparicio consideró que la decisión del fiscal de no acompañar los pedidos de detención de los policías son «excusas», por lo que insistió en su reclamo de «separarlo de la causa».
