Luego de la detención en medio de una serie de allanamientos este lunes de Andrés «Pillín» Bracamonte, líder de la barrabrava de Rosario Central, este jueves desde las 14 estaba pautada la audiencia imputativa, la cual se demoró por fallas técnicas.

El problema se suscitó para que Bracamonte pudiera participar por videoconferencia desde la Alcaidía Regional, donde presenciaba la imputación, ubicada en Avenida 27 de Febrero y Circunvalación. Fue trasladado para presenciar la audiencia, la cual pasó a cuarto intermedio hasta este viernes, luego de más de dos horas de exposiciones.

La jueza deberá resolver, desde las 8.30, un planteo de incompetencia realizado por la defensa, que entiende que el delito de lavado de activos es de jurisdicción federal.

Según pudo saber Conclusión, tras un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, se instrumentó el traslado hacia el Centro de Justicia Penal para su participación presencial.

El fiscal Moreno investiga el presunto delito de lavado de activos en el que se verían implicadas las empresas Vanefra SRL, Ruffino SAS; Sert Eco SRL y/o Kabrasi SRL, todas cuya titularidad es del líder del paravalanchas canalla. Pedirá prisión preventiva para el acusado.

Hasta el momento se sabe que la investigación condujo a las Tropas de Operaciones Especiales y a la Agencia de Investigación Criminal hasta la sede misma del club Rosario Central, donde, según algunas versiones, se secuestró documentación que prueba que algunas de las empresas del jefe de la barra brava canalla figuran como proveedores del club. De hecho, una de esas empresas habría tenido a su cargo la organización de la fiesta del 130 aniversario de la institución.

“Entendemos que en función del delito precedente, que es el que genera el activo posteriormente ‘lavado’, se funda además en el ejercicio de la jefatura de la barrabrava de Central, no hay ningún interés de justicia federal y nación acá”, dijo el fiscal Moreno.

En tanto, sostuvo que “la prueba está constituida en el delito precedente, a través de indicios. Hace 20 años ejerce la jefatura de la barra brava de central, el ascenso económico que ha logrado es indisimulable”, con lo cual la Fiscalía entiende que está plenamente ligado a su “ascenso como barra”.

En ese sentido, el funcionario reveló que se tomaron “como punto de partida denuncias de (Horacio) Usandizaga, cuando era presidente del club (Rosario Central)” y promovió “un sumario interno contra el socio Juan Carlos Silvetti, porque la barra supuestamente apretaba a jugadores de divisiones inferiores para que firmen contrato con ellos”.

Moreno también reveló que se vincula a Bracamonte a la venta de jugadores, a raíz de un “cheque hallado en casa de Bracamonte por suma superior a 600.000 mil pesos, vinculado a la venta del jugador Gastón Ávila al Club Atlético Boca Juniors”.

“Teniendo en cuenta los bienes que mueve el fútbol, entendemos que lo que encontramos de Bracamonte es la punta del iceberg”, concluyó el fiscal.

Megaoperativo

Andres Bracamonte fue detenido el pasado lunes, en el marco de 16 operativos que se realizaron en forma simultánea en Rosario, Timbúes y Capitan Bermúdez, en su lujosa casa ubicada en el coqueto country club «Los Álamos», de Ibarlucea. Entre los bienes incautados se cuentan tres automóviles de alta gama (BMW, VW coupé y Mini Cooper), dos taxis (Chevrolet Corsa y Cobalt), una moto de agua («la pitufina», secuestrada en la guardería de Granadero Baigorria), tres motocicletas, cinco dispositivos telefónicos, computadora portátil, dinero en efectivo y una máquina cuenta billetes, entre otros elementos que hacen a la investigación.

 

Los operativos también revelaron que Pillín mantendría un contacto directo con el intendente del estadio, Sergio Quiroga. De acuerdo a las primeras evidencias recolectadas, serían socios en la empresa Ruffino S.A.S, que abarca una amplia gama de actividades que van desde la «fabricación, comercialización, distribución, importación y exportación al por mayor y menor de indumentaria de ropa deportiva, calzados, prendas y accesorios de vestir» hasta la «construcción, reformas y reparación de edificios residenciales y no residenciales, incluyendo viviendas unifamiliares, multifamiliares, departamentos, albergues, restaurantes, bares, bancos, oficinas y locales comerciales e instituciones deportivas».

Vale decir que Bracamonte ya había sido allanado meses atrás, en abril, también por orden del fiscal Moreno y, en esa ocasión, se incautaron 2,5 millones de pesos cuyo origen no pudo ser justificado por Bracamonte.