MIéRCOLES, 27 DE NOV

Dalma y Gianinna piden que la causa por la muerte de Maradona vaya a juicio oral

Las hijas del ex futbolista hicieron el pedido al juez de Garantías de San Isidro Orlando Díaz, luego de varios planteos hechos por otras de las querellas ante los fiscales de San Isidro, quienes tienen delegada la causa.

Dalma y Gianinna Maradona pidieron que la causa por la muerte de su padre sea elevada a juicio oral y público a poco de cumplirse un año de la investigación, que hasta el momento tiene siete imputados, todos ellos personal de salud.

Las hijas del ex futbolista hicieron el pedido al juez de Garantías de San Isidro Orlando Díaz, luego de varios planteos hechos por otras de las querellas ante los fiscales de San Isidro, quienes tienen delegada la causa.

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Es que tanto la querella de Mario Baudry, que representa a Dieguito Fernando como la otra que lleva adelante Diego Junior Maradona, vienen reclamando investigar los intereses económicos detrás de la muerte del astro y apuntan contra el abogado Matías Morla y su entorno.

«A pesar de lo manifestado en el párrafo precedente, es harto evidente que no escapa al criterio de nuestra parte que en torno a Maradona existieron la comisión de delitos de índole económicos, vinculados al lavado de activos, tráfico de divisas, circunvención de incapacidades y otros, los cuales están siendo investigados en otra Jurisdicción», dijo el abogado Federico Guntin, quien además recalcó que «ninguno de esos delitos se habrían cometido entre el 11 y 25 de noviembre de 2020» que es el tiempo que Maradona estuvo en internación domiciliaria en Tigre.

Para la querella de Dalma y Gianinna hay «veladas intenciones de dilatar» el pase a juicio.

Los fiscales tenían la intención de mandar la causa a un tribunal oral pero en los últimos días se sucedieron una secuencia de planteos hecho por otros querellantes.

Los principales imputados son el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. Además hay otros cinco acusados de homicidio simple por dolo eventual, que prevé una pena de 25 años de prisión.

«Manifestamos una absoluta concordancia con el Ministerio Púbico en el sentido que nos encontraríamos próximos a la clausura de la instrucción y su elevación a debate oral y público, considerando que dicha dilación favorece, solamente, a quienes deberían ser juzgados por un Tribunal Oral que a la fecha permanecen en libertad esperando tan solo el transcurso del tiempo dónde, y como se puede advertir, ante cada presentación, más se aleja la verdad objetiva», sostuvieron en el planteo.

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