La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner concurrió este lunes al juzgado federal de Lomas de Zamora para informarse acerca del espionaje ilegal que habría realizado la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Mauricio Macri.

La vicepresidenta llegó al juzgado federal a las 13.51 acompañada de su abogado, Carlos Beraldi, y enseguida ingresó al edificio, donde fue citada por el juez Federico Villena.

La ex presidenta llegó al juzgado ubicado en Leandro Alem 180 en el marco de un operativo de seguridad discreto, que incluyó vallas y efectivos de Gendarmería y de la policía provincial.

El juez citó, además al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y a otras presuntas víctimas del espionaje ilegal que investiga en su juzgado para mostrarles la evidencia que existe sobre lo ocurrido con cada uno de ellos y darles la posibilidad de que se presenten como querellantes.

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, investiga el supuesto espionaje ilegal a políticos, funcionarios y periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri, en una pesquisa que se abrió a raíz de los dichos de un narcotraficante que declaró ante la justicia que había sido contratado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), bajo la gestión de Gustavo Arribas, para «darle un susto» a un ex funcionario del Ministerio de Defensa.

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De la investigación judicial se desprende que los integrantes de la organización investigada, «cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de empleados públicos y agentes y/o dependientes de las Fuerzas de Seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia, habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones», explicaron fuentes del caso.

Entre las presuntas víctimas de la organización ilegal se encuentran también monseñor Jorge Rubén Lugones, obispo diocesano de Lomas de Zamora; los periodistas del diario La Nación Hugo Alconada Mon y Marcelo Veneranda; el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun; la diputada nacional Graciela Camaño, el gremialista Luis Barrionuevo, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó y el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli.

También habrían sido espiados, según fuentes del caso, el ex diputado Nicolás Massot, la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano; el diputado nacional de Cambiemos Waldo Wolff, el senador nacional Maurice Closs, los intendentes, de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y de Avellaneda, Jorge Ferraresi, además del ex alcalde de La Plata, Pablo Bruera.

Además entre las víctimas se encontrarían el sacerdote José María «Pepe» Di Paola, del clero diocesano de la Arquidiócesis de Buenos Aires; Salvatore Pica (pareja de Florencia Macri, hermana menor del ex presidente); e integrantes de la Comunidad del Pueblo Mapuche en Argentina.

Todos los supuestos espiados fueron o serán notificados conforme al derecho que les acuerda a las víctimas a constituirse en parte querellantes.

De aquellos lodos, estos barros

La vicepresidenta publicó un video camino al juzgado donde aseguró que durante el gobierno de Macri la AFI «utilizó narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno», y cargó contra la Corte Suprema por no sancionar a quienes difundieron escuchas ilegales de sus conversaciones.

«La AFI, que dependía en forma directa de Mauricio Macri utilizó narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno, y seguimiento y espionaje político tanto a opositores como a sus propios dirigentes», aseguró Fernández de Kirchner.

Además, cuestionó a la Corte Suprema de Justicia por no intervenir cuando se difundieron «en radio y en televisión, durante meses, anunciadas con bombos y platillos» las «ya célebres escuchas» de sus conversaciones con Oscar Parrilli.

La ex mantaria calificó de «inédito escándalo» a los espionajes que se investigan y agregó: «El Estado argentino contratando narcotraficantes. Y pensar que ese gobierno, el de Macri, le vendió a todos los argentinos y argentinas que venían a combatir el narcotráfico«.

«Leo y escucho trascendidos acerca del seguimiento y espionaje que me habrían hecho desde la AFI macrista y no puedo evitar recordar otros episodios que denuncié incansablemente durante aquellos años sin que nadie hiciera nada», indicó la vicepresidenta.

Y recordó: «Me acuerdo por ejemplo cuando, en marzo de 2017 se difundieron las ya célebres escuchas de mis conversaciones telefónicas con Oscar Parrilli. Conversaciones que habían sido grabadas por la oficina de escuchas que Macri hizo depender de la Corte Suprema de Justicia de la Nación».

«Debo confesar que cuando sucedió aquel episodio de difundir por radio y por televisión conversaciones privadas, la verdad es que en ese momento pensé que la Corte iba a intervenir», expresó.

Pero «sin embargo, nada de eso ocurrió, al contrario. Se anunciaba su transmisión con bombos y platillos cual estreno cinematográfico y nadie hacía nada para impedirlo», cuestionó la dirigente.