En plena cuarentena la situación en cárceles de todo el país  y la provincia  se ha erigido en un tema de profunda preocupación, sobre todo después de los sucesivos motines que tuvieron lugar la semana pasada en los penales santafesinos de Coronda y las Flores y que dejaron un saldo de cinco muertos y varios heridos. Uno de los principales reclamos de los internos tiene que ver con un pedido de aplicación de medidaas y recursos para prevenir la pandemia. Hechos similares ocurrieron en otros lares, y también con dolorosos saldos de muertes, en varias cárceles de América Latina, como las de Brasil, Colombia, pero también en el viejo continente, fundamentalmente en las cárceles Italianas de Milán, Turín, Verona, Módena y otras.

En medio de las condiciones de hacinamiento en las que conviven, los reclusos han puesto sobre la mesa que no se trata solo de la discusión sobre un protocolo sanitario, sino que está en juego la integridad física de las personas a raíz de problemas mucho más serios que son las condiciones carcelarias.

“El estado calamitoso de las prisiones no es un fenómeno novedoso, pero no puede negarse que en los últimos años, la exaltación del punitivismo penal, el uso arbitrario de la prisión preventiva y la reforma de la ley de ejecución penal ha limitado las salidas anticipadas (que son parte del proceso de resocialización), entre otras cosas, han hecho explotar la capacidad de alojamiento de la mayoría de las cárceles argentinas, y también de la Provincia de Santa Fe y han agravado todos los problemas preexistentes», detalló la diputada santafesina del bloque Encuentro por Santa Fe, Matilde Bruera en relación a los hechos ocurridos esta semana.

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A mediados del año 2019, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, basado en el informe del Registro Público Provincial de la Defensa Penal, presentó un importante documento sobre las prisiones de Santa Fe, en el que expone el problema de la sobrepoblación, fundamentalmente a partir del año 2015, en que crece exponencialmente la cantidad de presos alojados y la superación de la capacidad habitacional de cada instituto carcelario. También hace referencia a la cantidad de presos sin condena que alcanza en el año 2018, el 43% del total de personas albergadas.

A su vez, la Defensa Pública, asume la mayor cantidad de defensas penales, “ha presentado a los largo de los últimos años , varios Habeas Corpus colectivos por las condiciones de alojamiento de los presos”, señaló la diputada del bloque Encuentro por Santa Fe del justicialismo.

“La situación en las prisiones no favorece la salud de los presos y presas, que constituyen una población de especial vulnerabilidad por los problemas de hacinamiento que hemos señalado, por las deficientes estructuras sanitarias en los penales, por la insuficiente alimentación  y por las condiciones de vida en el encierro, contexto que también alcanza a los empleados y empleadas del servicio penitenciario”, indicó la diputada

Ahora bien, “los artículos de higiene y el cumplimento del protocolo sanitario, son fundamentales, pero es necesario abordar seriamente soluciones vinculadas a las condiciones de alojamiento generales, que agravan seriamente el cumplimiento de las penas y tornan imposible la prevención de la pandemia en el interior de los penales», subrayó Bruera. Y agregó: «Parece ridículo concientizar, entregar elementos de higiene, y mantener la distancias entre las personas – entre otras cosas – si luego las mismas conviven amontadas en celdas diminutas”, 

“No hay prevención del COVID-19, sin reducción de la población carcelaria. Hay soluciones que se pueden ir implementando, en primer término, hay que identificar a las personas que tienen una situación de salud o edad que resulte más riesgosa para la enfermedad pandémica, y los jueces deberán otorgarles las prisiones domiciliarias para que puedan cumplir las normas de aislamiento y prevención para evitar contraer el virus”, consideró la diputada.

Asimismo, la legisladora justicialista expresó que, “hay que reducir la prisionización a situaciones estrictamente necesarias, o sea cuando hay condena o si se justifica excepcionalmente una medida cautelar, pero el sólo hecho de cumplir con las normas constitucionales y convencionales, reduciría sensiblemente la cantidad de personas hacinadas ilegalmente en las cárceles de las provincias”

“Si hay algo que nos dejaron de enseñanza todas las epidemias de la historia, es que la salud es colectiva, por lo tanto los problemas de las prisiones no son ajenos al mantenimiento de la salud pública en general”, putualizó Bruera

En ese sentido, la diputada fue categórica: “Si se expande la epidemia dentro de las prisiones, el virus se expande en la sociedad y abarca a la estructura sanitaria de la Provincia. No puede dejar de verse ese problema”.

Por lo pronto, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura se ha expedido sobre el tema , haciendo especial incapié en la urgente solución de la superpoblación carcelaria y las condiciones de detención como medidas imprescindibles para poder adoptar medidas sanitarias.

El mismo está en consonancia con el llamado realizado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michel Bachelet quien instó a los estados a que “ tomen medidas urgentes para proteger la salud y seguridad de las personas que se encuentran detenidas o recluidas en otras instalaciones cerradas , como parte de los esfuerzos generales que se llevan a cabo para frenar la pandemia del COVID-19”