En el año 2011, una joven de 19 años denunció ante la Justicia de Reconquista que era víctima de abuso sexual por parte de su padre desde que tenía 13 años y que sus hermanas padecían la misma situación. Dicha denuncia que, paradójicamente, dividió a la familia y a la sociedad del norte santafesino, terminó en un sonado caso internacional. Oscar R, más conocido como «El Pájaro» fue llevado a juicio y sobreseído por el ex juez penal de Vera, Nicolás Muse Chemes y, en el año 2012, la Cámara de Apelaciones ratificó la sentencia porque el fiscal no apeló la resolución. El caso de Cer se convirtió en escándalo y fue llevado ante la Organización de las Naciones Unidas por el Comité de América latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem). En 2014, la ONU concluyó que el Estado provincial debía resarcir a la joven y pedirle disculpas públicamente, acción que llevó a cabo en su momento el gobernador Miguel Lifschitz.
Sin embargo, como si de una pequeña revancha del destino se tratara, en octubre de 2019 «El Pájaro» fue sentado nuevamente en el banquillo de los acusados por haber sustraído, retenido y ocultado a una de sus hijas menores de edad en Reconquista. El tribunal lo condenó a cinco años de prisión y, este martes, la Cámara de Apelacions confirmó el fallo en segunda instancia por lo cual Oscar Avelino R. deberá cumplir la sentencia.
La causa
El fiscal Rubén Martínez valoró la decisión de los camaristas y destacó que “confirmaron no sólo la calificación penal por la que se impuso la condena, sino también el monto de la pena”.
El fiscal explicó que Oscar R. fue condenado haber retenido y ocultado a una de sus hijas a pesar de que sabía que existía una medida de protección excepcional dictada por la subsecretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia y que había sido ratificada por la Justicia de Familia de Reconquista”. En tal sentido agregó que “con su accionar, el condenado logró sustraer a la niña de la custodia legal que ejercía la delegación Reconquista de la dependencia del Poder Ejecutivo”.
“OAR utilizó su condición de padre para armar una maniobra de blindaje que impidió a las autoridades llevar adelante la medida excepcional por la cual se ordenaba la restitución de la niña a una guardadora”, sostuvo el fiscal. En tal sentido, agregó que “su condición de padre de los menores, y aún en el caso que conserve la patria potestad, no lo releva de ser sujeto activo del delito”.
Martínez detalló que “la investigación se inició a partir de una denuncia presentada en 2014 por la delegada local de la subsecretaría de la Niñez». «La funcionaria dio cuenta de la medida de protección dictada para separar de sus padres a la víctima y a cinco de sus hermanos, de un total de 12 hijos que tuvo el matrimonio”, precisó. “Las actuaciones del Estado provincial en este caso comenzaron a raíz de denuncias realizadas por dos hijas mayores de edad del condenado, quienes indicaron que sus hermanos menores eran sometidos por su padre a malos tratos y a delitos contra la integridad sexual”, añadió.
El fiscal recordó que “se ordenaron diversas diligencias, entre ellas un allanamiento realizado el 23 de agosto de 2014. A partir de esa fecha, los seis menores quedaron en custodia de la subsecretaría de Niñez y bajo la guarda de otra hermana mayor de edad. Sin embargo –subrayó Martínez–, en diciembre de 2014 uno de los menores se escapó de la casa de su hermana mayor para irse con su padre y, en el mismo mes, otros dos menores se fueron de la casa y también aparecieron con su padre”.
“Para evitar la restitución de los menores a la custodia de la subsecretaría de la Niñez, el condenado –con la complicidad de algunos integrantes de la familia– ocultaba y retenía a los tres menores a pesar de que sabía y conocía lo actuado en el ámbito de la subsecretaría de la Niñez y en la justicia de Familia de Reconquista”, aseguró el fiscal.
Martínez agregó que “a raíz del conocimiento de las medidas administrativas y judiciales dictadas, el condenado efectuó maniobras tendientes a evitar su cumplimiento. Para ello se aprovechaba de que una parte de su numerosa familia lo apoyaba, de manera tal que ocultó a los menores en diversos domicilios”.
El caso CER
A principios de 2011, la joven de 19 años cobró valor y recurrió a la Justicia de Reconquista para denunciar los mútliples abusos a los que era sometida desde los 13 años, al igual que varias de sus hermanas.
El 16 de junio de ese mismo año, el Juzgado en lo Penal de instrucción del Distrito Judicial Nº 4 de Reconquista, ordenó el procesamiento del padre de la joven, Oscar Avelino R., por encontrarlo autor responsable de abuso sexual con acceso carnal agravado reiterado en número indeterminado de veces.
Durante el desarrollo de la causa, la joven no tuvo representación legal, sufrió amenazas y tuvo que dejar su ciudad natal. Mientras tanto, el 23 de agosto de 2012, el ex juez de Sentencia en lo Penal de Vera, Nicolás Muse Chemes sobreseyó al imputado, y argumentó que tenía dudas en relación a las acusaciones y que no podía ser culpable porque «no era alcoholico ni enfermo psiquiátrico». Tras nueve meses de prisión, «El Pájaro» fue puesto en libertad y organizó una gran fiesta con familiares, amigos y vecinos.En tanto, Cer no sólo tuvo que dejar la ciudad, sino que no fue notificada del fallo, del que se enteró un año después.
Ex juez
Por su parte, Nicolás Muse Chemes intentó postularse para ser juez de Cámara en el año 2016, aunque su pliego fue rechazado de plano. A fines de 2018, cuando ya acumulaba mútliples denuncias, intentó presentar su renuncia ante la Corte Suprema de Santa Fe, pero fue rechazada. Finalmente, fue sometido a un jury de enjuiciamiento por sus fallos sexistas y destituído.
El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, con seis votos contra cuatro, lo separó de su cargo por incumplimiento de sus obligaciones legales, ignorancia del derecho y trato degradante contra niñas y adolescentes que habían sido víctimas de abusos.
El caso de CER fue uno de los más resonantes, pero no fue el único. En de febrero del 2016, el ex magistrado absolvió a nueve personas, que habían sido juzgadas como promotoras de la prostitución infantil en fiestas «vale todo», organizadas en la vivienda de una ex empleada judicial, Nilda Emilia Clementina «Bibi» Sánchez. En aquel fallo, que después fue revocado Muse Chemes había escrito: “No se puede corromper lo corrompido”, cuando estaba hablando de menores de 13 años.
