Catorce policías de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a ser juzgados este jueves por el crimen y posterior intento de encubrimiento del crimen de Lucas González, el joven de 17 años que fue asesinado el 17 de noviembre de 2020, en el barrio porteño de Barracas, cuando salía de entrenar, junto a sus amigos, del club que lleva el mismo nombre.
El juicio comenzó en los tribunales de Comodoro Py donde los policías llegaron detenidos. Tres ellos, Juan José Nieva, Fabián López y Gabriel Issasi. están acusados por homicidio agravado por alevosía y por concurso premeditado de dos o más personas. Los otros once, entre ellos varios comisarios, están siendo juzgados por el intento de encubrimiento, ya que se comprobó que una réplica de un arma de fuego fue plantada en el interior del vehículo en el que iban los chicos para simular que se trató de un enfrentamiento armado, y por torturas a los amigos de Lucas.
La decisión de realizar el juicio en el tribunal de Comodoro Py tiene que ver con la necesidad de contar con una sala de audiencias lo suficientemente grande para albergar a los imputados, familiares de la víctima y público.
A Mario González, el papá de Lucas, se lo notó muy conmovido antes del inicio del juicio y trajo consigo la camiseta del club Barracas que usaba su hijo para entrenar, así como los botines y las canilleras. «Estas eran sus armas».
Según los testimonios, incluido el de los tres amigos de Lucas que iban en el auto con él, los efectivos de la brigada que les dispararon nunca se identificaron como policías, tampoco tenían uniforme oficial ni hicieron sonar la sirena tal como intentaron justificar en la causa.
¿Legítima defensa?
El inspector de la Policía de la Ciudad Gabriel Alejadro Issasi (41), quien de acuerdo a los peritajes realizados fue quien disparó el proyectil que impactó en la cabeza y le provocó la muerte a Lucas González declaró en esta primera audiencia y aseguró que actuó «en cumplimiento del deber», que ejerció «la legítima defensa» y que no cometió «ningún delito».
Issasi no aceptó responder preguntas y aseguró que en sus 20 años de servicio como funcionario público fue un «un oficial condecorado», mientras que en la sala de audiencias se escuchaban gritos del público que le gritaba «asesino».
