Este lunes por la mañana comenzó el juicio por jurados a nueve policías acusados por abusos sexuales y vejámenes de los que fueron víctimas 28 mujeres detenidas en una comisaría de La Tablada y que tuvieron lugar entre septiembre de 2019 y enero de 2020.
En primer lugar se concretó la selección de los 12 jurados y continuó luego con los testimonios de los testigos, declaraciones que se extenderán durante toda la semana.
Fuentes judiciales informaron que el debate es dirigido por el juez Gerardo Gayol, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 y el encargado de llevar adelante la acusación será el fiscal Jorge Yametti, mientras que las víctimas estarán representadas por el equipo de litigios de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
El principal acusado es el subcomisario Lionel Gómez, quien estaba a cargo de la comisaría 3ª de La Tablada, cuando se produjeron los hechos y fue imputado como «coautor» de los delitos de «severidades, vejaciones y abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por funcionario de la fuerza policial reiterado -ocho hechos-, todos ellos en concurso real entre sí».
Además, otros dos subinspectores, Javier González y Ángel Reales, fueron acusados como «coautores» de las «severidades » y «partícipes secundarios» de las «vejaciones» y de los ocho casos de «abuso sexual agravado».
En tanto, a la oficial subayudante Maida Celeste la imputaron como «coautora» de las «vejaciones» en concurso real con los abusos sexuales y el oficial inspector Cristian Aliaga está acusado de ser «partícipe secundario» de «vejaciones» en concurso real con las violaciones.
Asimismo el comisario Leandro Maidan, el oficial Ariel Pasquale, la oficial Silvina Suárez y la sargento Johana Romero del Grupo Apoyo Departamental (GAD) serán juzgados como coautores de «vejaciones agravadas».
Según la investigación de la Ayudantía Fiscal especializada en delitos de Gravedad Institucional, a cargo de Fernando López y María Julia Panzoni, los abusos fueron cometidos entre septiembre de 2019 y enero de 2020, en la seccional 3era. de La Matanza, con jurisdicción en La Tablada.
En el procesamiento con prisión preventiva de los policías, la jueza de Garantías 1 de La Matanza, Mari Castillo, compartió «lo sostenido por la fiscalía en cuanto a que resultan mas que notorias las consecuencias nefastas y traumáticas que los hechos denunciados provocaron en ellas».
De los nueve efectivos, sólo el subcomisario Gómez, el oficial inspector Aliaga y el subinspector González llegan al juicio detenidos, mientras que el resto cumplen prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.
En el procesamiento al que Télam tuvo acceso, Castillo dijo que hubo «situaciones de humillación, abuso, discriminación y destrato, entre otras vivencias que generaron -en mayor o menor medida- sentimientos de indefensión, temor y angustia, siendo la piedra angular de tales diagnóstico, asimilables a los episodios narrados en autos».
La magistrada tuvo en cuenta los declaraciones de los integrantes de los equipos de Inspecciones y Salud Mental de la CPM que entrevistaron a las víctimas.
«Y ello encuentra asimismo sustento en los testimonios juramentados de los miembros de la CPM, quienes, en alguno de los casos, han sido las primeras personas en tener contacto directo con la situación y las víctimas, al acercarse a la comisaría en cuestión, entrevistarse con las femeninas alojadas escucharlas y observar las condiciones en que aquellas se encontraban», destacó.
Al respecto, uno de los integrantes de la CPM afirmó que al salir del lugar tuvieron «la sensación de que fue como haber estado en un campo de concentración» y que hace doce años recorren cárceles y comisarías para inspeccionar pero este «nivel de tortura y vejámenes» no lo veían «hace tiempo».
Otra integrante de la misma comisión declaró que hace ocho años se dedica a escuchar personas privadas de su libertad que denuncian distintos tipos de abusos, pero «esto fue terrible, por la magnitud del hecho y la continuidad en las vejaciones».
De acuerdo a los voceros, cuatro de los acusados se encontraban en funciones al momento de ser detenidos el 13 de mayo de 2020 y los restantes ya habían sido desafectados en enero de ese año, cuando la CPM y la Defensoría General de La Matanza denunciaron los hechos y el Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso la intervención de la seccional.
