Este lunes, en los Tribunales Federales de Rosario comenzó un nuevo juicio contra Milton Emanuel Damario. En este caso, se trata de una causa que lo tiene como organizador de una banda que se dedica al tráfico de estupefacientes desde la cárcel del Coronda, donde cumple condena. Los jueces Eugenio Martínez, Osvaldo Facciano y Germán Sutter, que conforman el Tribunal Federal Nº3 de Rosario, escucharon la lectura de la acusación, las indagatorias y las escuchas que componen la investigación que llevó adelante el fiscal federal Marcelo Di Giovanni. Además de Damario, los imputados son Hector Alejandro Aranda, señalado también como organizador, Jorge Sebastián Zapata, Aníbal Tránsito y Pablo Meza. Había también una sexta imputada, Sonia Chamorro, pareja de Aranda, que falleció antes de llegar a juicio.
La causa tuvo su origen en una denuncia anónima depositada en un «buzón de vida» sobre puntos de ventas de drogas en la zona sur de la ciudad y en Villa Gobernador Gálvez. A partir de esas denuncias, una serie de escuchas telefónica condujeron hasta Coronda, donde Damario cumple una condena por el crimen de Lucas Espina, crimen por el que también fue juzgado su hermano Jose. Es condena fue unificada con otra por portación de armas. Milton además fue condenado en 2014 por la Justicia Federal por tenecia de drogas para comercialización.
«La investigación comenzó con distintos puntos de venta de drogas en la zona sur de la ciudad, en barrio Tablada, detalló a Conclusión el fiscal federal Federico Reynares Solari. «Investigaban a una persona en particular y se hace epicentro en el complejo habitacional de Lola Mora e Hipócrates, y siguiendo las líneas se llega a Héctor Alejandro «Pancho» Aranda, que es quien, junto a Milton Damario, están señalados como los organizadores del grupo».
Según Reynares Solari, la investigación concluyó que que Damario coordinaba todos los movimientos desde su celda y «Pancho» Aranda era quien se encargaba de traer, desde Corrientes, la droga que alimentaba las bocas de expendio. Y así consta en la requisitoria de elevación a juicio, en la que se dio por acreditada la existencia de una organización dirigida por ambos. En tanto, el rol atribuido para el resto de los imputados, Sonia Chamorro era quien abastecía los puntos de venta y recaudaba las ganancias y Tránsito Ariel Romero, Jorge Estaban Zapata y Pablo Meza eran los responsables de cubrir los esas bocas de expendio.
