Una planta de reciclaje situada en Bernheim al 8.900 de Rosario fue clausurada ya que se sospecha que manipulaba residuos agroquímicos con altos niveles de toxicidad.
El operativo de clausura fue realizado por la Secretaría de Control y Convivencia y por la Policía, tras un pedido de Fiscalía.
La planta no sólo es investigada por posible manipulación de sustancias tóxicas, sino que también está en la mira de la Justicia porque se sospecha que podría tener relación con la quema de cuatro vehículos, que pertenecían a un vecino que había denunciado a la empresa por su trabajo con agroquímicos.
Según informó la Municipalidad, esta planta de reciclaje de plásticos reconvertía bidones que habían contenido agroquímicos y se investiga si uno de ellos era glifosato.
“Está comprobado que estos elementos guardan su toxicidad y representan un verdadero riesgo tanto en su almacenamiento como en su manipulación”, informaron dese la Secretaría de Control y Convivencia.
La clausura del lugar -ubicado en la zona noroeste de Rosario- fue ordenada por el fiscal Pablo Socca y ejecutada por agentes de Control y Convivencia y oficiales de la Policía.
El fiscal, además, investiga si esta planta recicladora está relacionada con la quema de cuatro vehículos que eran propiedad de un vecino, quien días antes de este ataque había denunciado a la empresa.
Esta planta ya había sido clausurada el 28 de enero pasado, a partir de un trabajo de investigación realizado por la Dirección de Inspección de Industrias, Comercios y Servicios, dependiente de la Secretaría de Control y Convivencia.
“En ese momento, y a pesar de que no había denuncias, se recogió la preocupación de los vecinos y se decidió actuar de oficio de manera inmediata. Lamentablemente las sospechas eran ciertas y esta planta de reciclaje utilizaba exclusivamente como materia prima bidones plásticos que habían contenido agroquímicos y se presume que el glifosato podría ser uno de ellos”, informaron desde la Municipalidad.
Y agregaron: “Además, carecían de habilitación municipal y cualquier tipo de permiso para la manipulación de elementos peligrosos”.
A pesar de la orden de clausura impuesta a fines de enero, el 8 de febrero se comprobó que el lugar seguía funcionando y se realizó una nueva acta administrativa por violación de clausura.
Sin embargo, un días más tarde, el 9 de febrero, los inspectores municipales volvieron a registrar actividad comercial, por lo que volvieron a clausurar el lugar y, ante la reiterada desobediencia, la secretaria de Control y Convivencia, Carolina Labayru, los denunció penalmente.
Estos hechos, sumado a los cuatro automotores incinerados en las adyacencias de la planta, motivó al fiscal Socca a enviar una orden de allanamiento.
La Justicia sospecha que la aparición de los vehículos quemados tiene que ver con que pertenecen a un denunciante de la planta de reciclaje, por lo que el ataque a los vehículos sería, básicamente, un acto de represalia.
La orden de allanamiento del fiscal especificaba que además de la participación policial en la investigación de los coches quemados, los agentes de control tenían la posibilidad de ingresar nuevamente al lugar para reimplantar la clausura, algo que tuvo lugar en la mañana del viernes.
Por su parte, Labayru evaluó: “Decidimos actuar de inmediato por el riesgo que este tipo de circunstancias representa para el vecino. Entendemos que ese es nuestro compromiso. Estamos muy conformes con la celeridad de la Fiscalía y el trabajo conjunto que hizo que esto tenga una resolución. Ya derivaremos a las áreas ambientales de la Municipalidad, y ellos deberán participar a la Provincia para que se realicen los controles ambientales y puedan llevar adelante la destrucción indicada”.
