Este jueves se realizó la audiencia de revisión de las medidas cautelares de las cuatro personas que permanecen detenidas con prision preventiva por la muerte de Carlos «Bocacha» Orellano, un joven de 23 años cuyo cuerpo fue encontrado el 26 de febrero de 2020, flotando en el río Paraná, tras haber desaparecido en el boliche Ming River House, en la Estación Fluvial.
Hasta el momento, hay cuatro personas imputadas en la causa que investiga qué fue lo que ocurrió aquel fin de semana luego de que el joven fuera sacado del local bailable por los «patovicas» del mismo. El fiscal Patricio Saldutti acusó formalmente a dos efectivos de la Policía de Santa Fe, Karina G. y Gabriel N., que se encontraban cumpliendo adicionales en el boliche, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento público agravada y homicidio simple con dolo eventual. En tanto, a los dos empleados de seguridad de Ming River House, Emiliano L. y Fabián M., les achacó homicidio simple con dolo eventual.
Las defensas de los imputados habían solicitado que los mismos pudieran seguir transitando el proceso en libertad, pero el juez Román Lanzón coincidió con la Acusación en que los imputados deben seguir detenidos en prisión preventiva efectiva.
El fiscal Patricio Saldutti de la Unidad de Homicidios Dolosos les había achacado a los cuatro imputados la secuencia que habría comenzado en la madrugada del 24 de febrero de 2020, luego de que Carlos Orellano fuera retirado del local bailable. De acuerdo a la teoría de Saldutti, los acusados habrían rodeado al joven y, arrinconándolo contra la baranda del río, lo habrían golpeado aprovechándose de la superioridad numérica, provocando así que Orellano salte las barandas de protección del muelle y caiga al río.
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Tiempo después de la caída de Orellano al agua, Karina G. dio aviso a la central de emergencias del 911, a las 5.36 y a personal de Prefectura Naval Argentina, 5.30, dando aviso del hecho, pero omitiendo informar la verdad del mismo y luego todos los imputados se retiraron del lugar, sin brindar colaboración con las tareas de rescate de la víctima, impidiendo con su accionar que el personal de Prefectura Naval que concurrió tras el llamado, pudiera llevar adelante de manera efectiva las primeras acciones de búsqueda y rescate.
Cabe recordar que en diciembre pasado, en el marco de la investigación, también fueron imputados otros dos policías que revistaban en la seccional 2ª, y que no habían llevado a cabo en forma inmediata las medidas investigativas ordenadas por la primera fiscal que intervino en la causa, Valeria Piazza Iglesias. Se trata de Pablo B. y Brenda L., quienes se desempeñaban como comisario y sumariante de esa comisaría y están acusados por incumplimiento de deberes de funcionario público por no haber recabar y secuestrar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona como había pedido la funcionaria judicial y por consignar una fecha equivocada en ese pedido.
