Falta de imparcialidad, graves omisiones en la investigación y la «falta de debida diligencia» son los cargos que los abogados de Cristina Fernández de Kirchner tiraron contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a quien pidieron apartar de la causa por el atentado del primero de septiembre pasado. Por su parte, y tras estas acusaciones, la magistrada delegó la investigación al fiscal Carlos Rívolo.
Fue la propia ex mandataria quien, en las redes sociales, la acusó de no saber investigar y de omitir realizar pruebas en la investigación que tiene tres detenidos y donde la vicepresidenta pidió investigar a sectores de la oposición como ser al diputado del PRO, Gerardo Milman.
«Hay pruebas que ameritan abrir una investigación en ese sentido», dijo el abogado y tiene que ver con que, supuestamente, Milman, según declaró un testigo vinculado al Frente de Todos, dijo en un bar frente al Congreso Nacional dos días antes del atentado: «Cuando la maten voy a estar camino a la Costa Atlántica».
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Ahora la estrategia jurídica es que lo haga la Cámara Federal y por ello los abogados Marcos Aldazabal y José Ubeira, quienes representan en la querella a la vicepresidenta, expusieron sus argumentos.
Aldazabal apuntó que se perdió la cadena de custodia del celular del tirador Fernando Sabag Montiel, cuyo equipo estuvo en el juzgado, pero llegó con el sobre que lo contenía abierto a las instalaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y allí, al querer abrirlo, se detectó una restauración de fábrica que hizo imposible acceder a la información que contenía.
«Nunca se explicó por qué se rompió la cadena de custodia», disparó el abogado sobre la jueza.
Otra de las críticas es por la demora en detener a Brenda Uliarte, la novia de Sabag Montiel. Ella estuvo el jueves primero de septiembre pasado en Recoleta, pero recién fue apresada el domingo.
Según los abogados de Cristina Kirchner, hubo riesgo de que haya podido darse a la fuga cosa que no ocurrió «de milagro».
También, sobre Brenda Uliarte, dijo que hubo demoras en intervenir su teléfono por parte de Policía Federal Argentina, la fuerza a quien la jueza se lo encomendó, pero ella es responsable por ser quien dirige la investigación.
«Se investigó mal, no se investigó a Milman ni tampoco a Sabag Montiel ni Carrizo», resumió el letrado.
Su colega Ubeira dijo que «la jueza no quiere mojarse los pies en terreno de la política», y cuando hay un atentado contra una dirigente como es el caso de la vicepresidenta «debe hacerlo».
«Entramos 15 días después del atentado porque Cristina Kirchner dijo que esperemos a ver qué hace la jueza y pasó lo que pasó, se rompió la cadena de custodia del teléfono de Sabag Montiel y se demoró en la detención de Brenda Uliarte», resumió el abogado.
Para la querella «fue un plan sistemático y orquestado» y el abogado habló de que existió una asociación ilícita y de una «escalada» previa al atentado que contribuyó a su realización.
«No quiere ir hacia determinado lado porque las terminales uno imagina a dónde terminan», ironizó y lo mismo dijo de la otra causa donde se investiga a Revolución Federal por amenazas a la vicepresidenta y que tramita otro juez, Marcelo Martínez de Giorgi.
El abogado querellante habló de «mal desempeño» de la jueza y Bruglia es quien deberá resolver sin fecha concreta si aparta o confirma a Capuchetti en la causa.
«Lo relevante es que el próximo año va ha hacer campaña política, su hijo también y tiene una hija que no sale de la casa. Es bueno que el fuero federal tome debida nota que si exponemos a esta mujer y a su familia, y el día de mañana hay un atentado, alguien se va a tener que hacer responsable y a la cabeza la ponemos a la doctora Capuchetti», concluyó.
Tras las acusaciones, Capuchetti delegó la investigación del caso a un fiscal
Ante el pedido de apartarla del caso, la jueza Capuchetti resolvió este miércoles delegar la investigación al fiscal Carlos Rívolo.
La decisión de Capuchetti es una forma de evitar su desplazamiento. La jueza entendía que cada medida judicial que ordenaba o omitía, era cuestionada por la querella.
En función de ello, delegó la investigación en Rívolo, quien será el que decida si hace las medidas que viene reclamando la vicepresidenta o no, y si el caso está para elevar a juicio o no.
“Encontrándose la recusación ante ese tribunal (la Cámara Federal porteña), debo hallar un remedio procesal que propenda a la mejor administración de justicia y a la validez de los actos que se tomen, en lo sucesivo, con ese norte”, sostuvo la jueza.
La magistrada tomó la decisión en la tarde de este miércoles, después de que se sustanciara la audiencia en la que los abogados de la querella de la vicepresidenta reclamaron ante la Cámara Federal porteña que Capuchetti sea apartada de la investigación y denunciaron que si les fue frustrada “la posibilidad de la prueba” pudo haber sido para ocultar algo.
