El fiscal federal Eduardo Taiano pidió hoy que el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández vaya a juicio oral y público junto a otras 17 personas por irregularidades en el Plan Qunita, que se otorgó a mujeres embarazadas beneficiadas por la Asignación por Embarazo (AUE).
Fuentes judiciales informaron a la agencia NA que la fiscalía le pidió al juez federal Claudio Bonadio que las 18 personas, entre ellas también el ex ministro de Salud Daniel Gollan, por los delitos de fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La causa se inició tras una denuncia de la legisladora Graciela Ocaña a raíz de la compra de 140.000 kits del Plan Qunita, que fue presentado por la expresidenta Cristina Kirchner en enero de 2015 y consistía en que todas las mujeres beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) recibieran una cuna, sábanas, frazada y otros elementos básicos para la crianza del recién nacido.
La compra fue hecha el 8 de junio del año 2015 a las empresas Fasano SRL, Grupo Diela SRL, Compañía Comercial Narciso SRL, Fibromad SA, Delta Obras y Proyectos SA y Dromotech SA, las que proveerían entre todas un total de 140.000 kits, de los cuales la primera de las firmas aportaría 115.000 y las demás 25.000.
En la causa consta que el precio fijado por la Sigen fue de 4.096,37 pesos y del propio Ministerio estimado en 4.500, pero se pagó en valor promedio por cada kit de 7.800.
También se sospecha de maniobras de haber diseccionado la mayoría de los kits, unos 115 de los 140 mil, a la empresa Fasano en tanto que las otras tres se repartieron los 25.000 restantes.
Gollán y el ex jefe de Gabinete fueron quienes suscribieron la decisión final de adjudicación de la licitación a las empresas que resultaron contratadas para proveer de las cunas con los elementos que preveía el plan.
«Tan injustificada elevación del presupuesto inicial, aunada a la firme sospecha en punto a la selección preordenada de las empresas que, careciendo de todo antecedente o experiencia en el rubro, resultaron a la postre ganadoras, son circunstancias que emergen con claridad del trámite licitatorio y que impiden admitir los descargos a través de los cuales tanto Gollán como Fernández aspiran a deslindar su responsabilidad en los hechos», sostuvo la Cámara Federal al confirmar los procesamientos.
