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En el marco de los nueve allanamientos realizados este martes por la mañana por la Policía de Investigaciones, el fiscal de Flagrancia Matías Edery brindó detalles de la investigación que los motivó,  que incluye lavado de activos, conexiones ilegales y pensiones clandestinas.

«Los resultados fueron satisfactorios, se logró el secuestro de una importante cantidad de material y documentación que avala la investigación que se viene llevando adelante» detalló. Y explicó: «Esta investigación comenzó hace dos años, en su momento la inició la fiscal Verónica Caini, a raíz de la denuncia de un particular y derivó en una causa sobre una serie de pensiones clandestinas, que no tienen habilitación y que no cuentan con material de salubridad ni seguridad. A partir de eso, se empezó a seguir la operatoria que se hacía que tiene varios ribetes y delitos diferentes».

Edery detalló que son varios los delitos que se entrecruzan en dicha investigación. «Son varias maniobras diferentes y varios delitos diferentes. Hoy se allanaron pensiones que no tenían habilitación, muchas de esas propiedades habían sido usurpadas o se obtuvieron a través de operaciones irregulares con los antiguos propietarios. En esas pensiones vivía mucha gente, a los que se les cobraba, en negro, sin ningún registro ni recibo, y estos inmuebles figuraban a nombre de empresas radicadas en el Uruguay, a través de las cuales se sacaba el dinero. Esa es una de las operatorias, hay varias cuestiones paralelas que se investigan», explicó el fiscal. «Se presume que el lavado de activos alcanzaría los 70 millones de pesos», afirmó.

Además, el funcionario judicial relató que se investigan maniobras con venta de cereales en negro y algunos otros delitos, y que se secuestraron autos con patentes uruguayas.

En cuanto al material secuestrado, el comisario Víctor Martínez detalló que se secuestró documentación, material informático y dinero en efectivo. «En una de las moradas se secuestraron 400.000 pesos y en otra 11.000 dólares y 135.000 pesos» enumeró. «Tres de los allanamientos se realizaron en domicilios particulares, uno en un estudio jurídico y en seis pensiones».

Además, el comisario relató que las condiciones de seguridad en las pensiones eran mínimas y precarias y en algunas de ellas, las personas vivían hacinadas. Además, personal de la EPE procedió a desactivar las condiciones clandestinas y cortar el suministro eléctrico».