El atentado a la Unidad Fiscal de San Javier, en el que fueron quemados casi la totalidad de los expedientes que allí se tramitaban y que afectaron también a las evidencias en guarda, sigue generando una fuerte oleada de repercusiones judiciales y políticas.
En el día de ayer, el jefe del Ministerio Público, Julio de Olazabal se trasladó a la ciudad costera para recorrer las instalaciones de la delegación, expresar su apoyo a la fiscal de San Javier, Rosana Marcolín y brindar una conferencia de prensa. Estuvo acompañado por el Fiscal Regional de la Primera Circunscripción Judicial, Ricardo Fessia y la propia Marcolín.
“Si alguien cree que atacando la sede de la Unidad Fiscal San Javier intimidará a la fiscal Rosana Marcolín, o logrará que se frene alguna investigación en curso, se equivocó radicalmente. Se cometió una lesión a toda la ciudadanía, pero mi presencia aquí es para demostrar que haremos todos los esfuerzos posibles para que esto no quede impune”, expresó enfáticamente de Olazábal en la rueda de prensa, que se realizó en horas cercanas al mediodía, en la sede incendiada en la madrugada del domingo.
“Estamos ante hechos muy graves no sólo por el daño material, sino porque significan un retroceso enorme en un país como el nuestro que está intentando reconstruir la república”, sostuvo de Olazábal. “No podemos saber si entre los legajos de investigación que fueron quemados hay alguno que se haya pretendido ocultar. No quiero adelantar ni generar confusión”, afirmó el titular del MPA. “Pero sí quiero dejar en claro que la fiscal Marcolín tiene no sólo el apoyo del Fiscal Regional, sino mi más absoluto respaldo en las investigaciones que está llevando a cabo”, advirtió.
Por su parte, Marcolín no dudó en afirmar que “esto fue un hecho premeditado y planeado. Quien lo hizo conocía la disposición de la Fiscalía y trajo las herramientas necesarias para hacerlo”. En tal sentido, agregó: “La fiscalía está en un lugar céntrico de San Javier y cuenta con patrullaje policial permanente. Además, todo el inmueble está enrejado y, sin embargo, rompieron una reja e ingresaron por un patio y ni siquiera fueron escuchados por los perros que hay en la casa de al lado”.
Confirmó además que el o los desconocidos que entraron a su despacho se llevaron el disco rígido de su PC antes de prenderle fuego a documentos y computadoras y robar armas que estaban incautadas.
A pesar de la gravedad de lo ocurrido, la fiscal intentó inyectar optimismo: “Todo lo ocurrido nos genera varias complicaciones, pero no impide que sigamos trabajando, ni echa por tierra todo lo realizado hasta el momento. Tendremos inconvenientes, pero existe la posibilidad de reconstruir los legajos”.
Por su parte, el titular del MPA señaló que “son muy pocos los episodios como este ocurridos en la provincia. Para buscar un antecedente similar, me tuve que remontar a principios de los 80 –recordó el Fiscal General–, cuando se robaron documentación de los tribunales de Rosario relacionada con los delitos de lesa humanidad”.
Las hipótesis
Los supuestos que manejan tanto Marcolín como de Olazabal van en direcciones muy puntuales. Una posible hipótesis apunta al encubrimiento de alguna causa específica que lleva adelante la fiscalía y a la destrucción de las evidencias, y la otra apunta a una maniobra intimidatoria contra la funcionaria judicial.
En ese sentido, el fiscal general del MPA expuso que se tramitan algunas causas muy delicadas en esa delegación. Hay expedientes de delitos de explotación sexual, otras causas que implican a funcionarios policiales de localidades aledañas y también hay dos homicidios muy resonantes ocurridos en la ciudad.
En una extensa entrevista que otorgó esta mañana la fiscal a la radio LT3 de Rosario, se explayó en este punto “No podría referirme a una investigación concreta, a una causa puntual. Hay varias. En general, hay una resistencia a que la fiscalía se meta en cosas que antes eran exclusivas de la policía; en este sentido hay varias causas importantes que atañen a personas que habitualmente no serían tocadas por la investigación policial”.
“Algunas que involucran a funcionarios policiales-explicó Marcolín- no tanto de San Javier si no de localidades cercanas. Yo he pedido prisión preventiva por torturas por ejemplo. Y bueno esos son campos en los que hay un gran ámbito de impunidad. La autoridad local no controla eso, y aparte, es bastante difícil comprobar”
En relación a los conflictos con las fuerzas policiales de la zona, la funcionaria recordó algunos que se desataron en enero, cuando estuvo de licencia: “Hubo muchos problemas con algunos sectores de la policía. Obviamente hay una gran resistencia al control. Yo lo que siempre pretendí es un manejo de la legalidad, que no se den cuestiones justicieras. Eso siempre lo combatí fuertemente”– cerró la funcionaria.
