Por Florencia Vizzi
El domingo 18 de septiembre de 2011 por la tarde, luego de un llamado telefónico, Paula Perassi salió de su casa, en San Lorenzo. Según dijo, iba a buscar una tarea de la escuela para uno de sus hijos. Llevaba lo puesto y su teléfono celular. Ese fue el último día que se supo de ella. Nunca regresó y, a pesar de denodados esfuerzos, su cuerpo nunca fue hallado. Luego de una investigación llena de vaivenes, sorpresas e irregularidades, que llevó más de siete años, este jueves la causa llega a juicio.
A partir de las 8.30, en el Centro de Justicia Penal, el tribunal conformado por los jueces Griselda Strólogo, (jueza penal de San Lorenzo), Mariel Minetti (jueza penal de Casilda) y Alvaro Campos (juez penal de Cañada de Gómez) dará inicio al proceso oral en el cual está previsto que desfilen unos 180 testigos y serán juzgados nueve imputados, cuatro de ellos civiles, a los que se les imputa los delitos de privación ilegítima de la libertad y aborto no consentido seguido de muerte, y cinco policías (dos de ellos con altos cargos) acusados de encubrimiento, sustracción y destrucción de pruebas, falsedad ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La causa
Paula Perassi tenía 34 años cuando desapareció. Estaba casada con Rodolfo Ortiz, hoy querellante, y tenía dos hijos que en ese momento tenían dos y seis años. Durante el curso de la investigación se reveló que Paula mantenía una relación extramatrimonial con un conocido empresario de Puerto San Martín, Gabriel Strumia y que, fruto de esa relación, la mujer cursaba las primeras semanas de un embarazo.
La hipótesis sobre la que se construyó la causa es que esa tarde Paula fue engañada y llevada contra su voluntad a Timbúes donde le habrían practicado un aborto por la fuerza que derivó en su muerte. Según la teoría de los fiscales, del macabro plan participaron Gabriel Strumia, su esposa, Roxana Michl, un empleado de confianza de Strumia, Antonio Díaz, y la partera Mirta Rusñisky.
Dicha teoría se sustenta en que, antes de su desaparición, Paula había tenido la intención de practicarse un aborto pero el médico con el que realizó la consulta le había advertido que, por una condición médica, corría riesgos de sufrir una hemorragia que le provocaría la muerte. La presunción es que eso fue precisamente lo que ocurrió y los implicados hicieron desaparecer el cuerpo, que nunca fue hallado a pesar de los múltiples esfuerzos que incluyeron la intervención del Equipo de Antropología Forense. y el uso de un georadar aportado por la Gendarmería Nacional. .
La otra pata de la causa es la supuesta participación de integrantes de las fuerzas de seguridad provincial en el encubrimiento del crimen y los numerosos desvíos que sufrió la investigación y que terminó con cinco policías en el banquillo de los acusados.
Los protagonistas
Luego de la desaparición de Paula y la posterior denuncia, realizada por su marido, la causa quedó en manos del juez de Instrucción de San Lorenzo, Eduardo Filocco. Sin embargo, desde los inicios, los familiares de Paula denunciaron irregularidades y encubrimientos que, incluso, derivaron en que Alberto Perassi, padre de la joven, se encadenara varias veces a los tribunales y sufriera algunos atentados que lo obligan, desde hace años, a llevar chaleco antibalas y custodia permanente.
Alberto Perassi se convirtió en un protagonista involuntario e inesperado. Lleva siete años pidiendo por «los huesos de su hija» y podría afirmarse que la investigación sólo avanzó por sus incansables esfuerzos.
La causa sufrió demoras, intromisiones y ciertos errores que se presumen voluntarios, tanto por parte del fiscal Roman Moscetta como del juez Alberto Filocco, otros de los protagonistas. Finalmente este último fue separado de la causa, que quedó en manos de Juan Carlos Tutau y se sumó a la investigación el fiscal Donato Trotta.
En abril de 2015, los fiscales solicitaron a Tutau la detención de nueve personas, que son las que comenzarán a ser juzgadas este jueves: Gabriel Strumia y su esposa Roxana Michl, Antonio Díaz, mano derecha de Strumia, Dominga Mirta Rusñisky, la presunta partera, Jorge Krenz, ex jefe de la Agrupación de Unidades Especiales, Adolfo Daniel Puyol, ex jefe de la Agrupación Cuerpos, y los oficiales María José Galtelli, Gabriel Godoy y Aldo Gómez.
La causa sufrió numerosas idas y vueltas, y tuvo momentos álgidos que incluyó un duro enfrentamiento entre el juez Adolfo Prunotto Laborde y Alberto Perassi, con posterior intervención de la Corte Suprema.
En esa oportunidad el magistrado, en un polémico fallo, dejó en libertad a los imputados revocando la prisión preventiva, decisión que luego dejó sin efecto el máximo tribunal. En medio de ello, Alberto Perassi se expresó contra la decisión del juez, diciendo que se debía a la aparición de «la billetera con dólares y el teléfono político». El enojo de Prunotto Laborde no se hizo esperar, lo amenazó con querellarlo si no se retractaba y lo plantó luego de convocarlo a una reunión en Tribunales.
Muchas otras cosas han ocurrido en el transcurso de estos siete años y medio en relación a la causa, tantas que no alcanza una nota periodística para detallarlas. Todas ellas comenzarán a ventilarse desde las 8.30 de este jueves en el Centro de Justicia Penal. ¿Será justicia?
