Edgardo Orellano espera la audiencia preliminar por la muerte de su hijo “con la expectativa de no saber qué va a hacer el juez”. Este jueves, tras dos años de investigación se desarrollará en el Centro de Justicia Penal la instancia previa al juicio por la muerte de Carlos “Bocacha” Orellano, el joven de 23 años que fue encontrado sin vida en el río al lado del boliche Sr Ming, donde había ido a bailar.

“Nosotros pedimos la prisión perpetua y que los presos sigan encarcelados, que ni se les ocurra largarlos porque son gente peligrosa”, alertó en diálogo con Conclusión.

Cuatro personas se encuentran imputadas en la causa: dos efectivos de la Policía de Santa Fe, Karina G. y Gabriel N., que se encontraban cumpliendo adicionales en el boliche, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento público agravada y homicidio simple con dolo eventual; y dos empleados de seguridad de Ming River House, Emiliano L. y Fabián M., a quienes se les achacó homicidio simple con dolo eventual.

 

Sobre las responsabilidades de los acusados, enfatizó: “Ellos fraguaron las actas, la mujer policía era de la PDI, fue la que levanto las muestras, las cámaras, los teléfonos y no pudieron rescatar nada. En cambio, nosotros con el mismo material que se llevó PDI encontramos conversaciones muy comprometedoras, mensajes, descubrimos que las actas que hizo el perito decían que las cámaras no funcionaban, pero era mentira, funcionaba y estaban borradas en ciertos tramos. Ellos tienen acceso a policías que son amigos de ellos y compañeros de trabajo”.

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“Hemos descubierto que los grandes empresarios de Rosario que manejan hasta medios de comunicación, están todos metidos en la misma. El director de Puertos Rosario cayó preso por lavar dinero para el narcotráfico. Sabemos que los socios de Wolfing, Bergalio y Larrechea son socios de Sancor Seguros. Ahora Sancor Seguros juntos con Obring van a hacer un edificio de 136 millones de dólares, un terreno que es una parte de ellos y otra parte del Estado”, acusó el padre de Bocacha.

Sin pelos en la lengua, remarcó: “Necesitan un puerto de desembarco para desembarcar droga. A ver, Daminato y Cofyrco. En Cofyrco encontraron 174 documentos de identidad que fueron robados en este lugar, en estos boliches. Daminato es la mujer de Scaglione el dueño de canal 3, LT2 y LT3”.

Encontrado en el río

El cuerpo de Carlos «Bocacha» Orellano, de 23 años fue encontrado el 26 de febrero de 2020, flotando en el río Paraná, tras haber desaparecido en el boliche Ming River House, en la Estación Fluvial, luego de que la noche anterior el joven haya sido sacado del bar por personal de seguridad del mismo.

Hasta el momento, hay cuatro personas imputadas en la causa que investiga qué fue lo que ocurrió aquel fin de semana. El fiscal Patricio Saldutti acusó formalmente a dos efectivos de la Policía de Santa Fe, Karina G. y Gabriel N., que se encontraban cumpliendo adicionales en el boliche, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento público agravada y homicidio simple con dolo eventual. En tanto, a los dos empleados de seguridad de Ming River House, Emiliano L. y Fabián M., les achacó homicidio simple con dolo eventual.

De acuerdo a la teoría de la acusación, los imputados habrían rodeado al joven y, arrinconándolo contra la baranda del río, lo habrían golpeado aprovechándose de la superioridad numérica, provocando así que Orellano salte las barandas de protección del muelle y caiga al río.

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Tiempo después de la caída de Orellano al agua, Karina G. dio aviso a personal de Prefectura Naval Argentina, a las 5.30 y a la central de emergencias del 911, a las 5.36 pero omitiendo informar la verdad del hecho.

Luego, todos los imputados se retiraron del lugar, sin brindar colaboración con las tareas de rescate de la víctima, impidiendo con su accionar que el personal de Prefectura Naval que concurrió tras el llamado, pudiera llevar adelante de manera efectiva las primeras acciones de búsqueda y rescate.

En diciembre pasado fueron imputados dos policías que revistaban en la seccional 2ª, y que no habían llevado a cabo en forma inmediata las medidas investigativas ordenadas por la primera fiscal que intervino en la causa, Valeria Piazza Iglesias. Se trata de Pablo B. y Brenda L., quienes se desempeñaban como comisario y sumariante de esa comisaría y están acusados por incumplimiento de deberes de funcionario público por no recabar y secuestrar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona como había pedido la funcionaria judicial y por consignar una fecha equivocada en ese pedido.

Esto ya había pasado

Lautaro Ruíz es miembro militante de la APDH y en el año 2013 sufrió la misma escena de violencia en el boliche Sr. Ming, pero a diferencia de Bocacha hoy lo puede contar y denunciar.

«Esto fue en el año 2013. Al igual que Carlos era la primera vez que venía. No me dejaron entrar y ante la negativa me agarran a oscuras, me toman entre dos, me dan una golpiza hasta dejarme inconsciente y me dejaron en una escalera que va a hacia el río«, contó Ruíz sobre la experiencia que sufrió en el complejo bailable de La Fluvial.

El joven que fue golpeado por patovicas, reflexionó: «Lo curioso o lo casual es que en su momento la abogada pidió las cámaras y después de cierto tiempo la información se borraba. La verdad es lamentable y deja expuesto que hay una sistematicidad entre impunidad, perversión y el miedo que se genera en la victima».

Al consultarlo sobre la denuncia que hizo sobre el hecho, Ruiz especificó que la «causa hasta el día de hoy no tiene respuesta. Lo mío es de mucha suerte, estar contándolo acá, pero al fin y al cabo es un expediente cajoneado«.