Por David Narciso
La pregunta se cae de maduro: ¿qué pasaría si llega el 31 de marzo de 2018 el gobierno nacional y Santa Fe no se pusieron de acuerdo sobre el monto de la deuda y la forma de pago? “Vaya uno a saber”, dicen unos. “Se cae el pacto fiscal”, aventuran otros. Nadie tiene certeza, porque en realidad Santa Fe no se trajo un compromiso de pago sino una promesa de que ahora sí habrá negociación.
El caso de la millonaria deuda por coparticipación es una muestra de que en la firma del Pacto Fiscal que Nación le arrancó a las provincias hay cosas que a pesar de que fueron escritas, ahora hay que encomendarse a la buena voluntad de los funcionarios de Cambiemos.
Por ejemplo, qué ocurriría ese 31 de marzo si las diferencias persistieran, entre los 51 mil millones que calcula Santa Fe y los 30 mil millones que voceó Nación. ¿Se cae el pacto fiscal? ¿Santa Fe puede retirarse de esos acuerdos que involucraron a 23 de las 24 provincias? ¿Por qué el gobierno pagaría si se pasó dos años diciendo que lo haría y ni siquiera presentó una propuesta? ¿Por qué la gobernadora María Eugenia Vidal se llevó la certeza de que se recibirá 100 mil millones extra en dos años a cambio de retirar la demanda y Santa Fe sólo se trajo la promesa de sentarse a una negociación en los próximos 4 meses?
Es lo que hay
María Eugenia Vidal no sólo corría con el caballo del comisario; su provincia es clave como ninguna otra para garantizarle gobernabilidad a Macri hasta 2019 y quizás más.
Santa Fe está lejos de ese estatus. Por el contrario, en el oficialismo local se admite que no había margen para cortarse solos. Los acuerdos involucraban a 23 provincias y Lifschitz se cuidó especialmente de no aparecer como un obstáculo a las políticas de Macri 20 días después de que ganara las elecciones.
El gobernador habló de un empate. Se dice que el borrador inicial era desastroso para los intereses de la provincia, que incluía la obligación de renunciar a la deuda y que al final se logró salvar los trapos: Lifschitz se volvió con un plazo máximo de negociación de la deuda y el compromiso de que Nación no afectará la Caja de Jubilaciones no transferida y cubrirá parte del déficit. Quizás hubo algún beneficio no escrito, como el compromiso de no obstaculizar desde Buenos Aires una nueva emisión de crédito provincial para obras de infraestructura.
Hacer deberes
Mientras se encomienda a la buena voluntad de los funcionarios nacionales, Santa Fe asumió tareas a realizar. Entre otras, reducir la carga de Ingresos Brutos y Sellos, dos impuestos propios.
Ambos tributos fueron demonizados por el gobierno nacional. Propios y extraños coinciden en que no son los ideales, pero como sostuvo días atrás el ex ministro de Economía peronista Miguel Ángel Asensio y coordinador del Observatorio Fiscal Federal, “es lo único que les dejaron a las provincias”.
Tal es así que para Santa Fe, una de las pocas provincias que recauda tanto como lo que recibe de coparticipación (en realidad un poco más) Ingresos Brutos representa el 76% de sus Ingresos propios.
Reducir alícuotas de Ingresos Brutos implica menor recaudación propia, y si bien se promete compensar esos menores ingresos desde Nación, en la práctica se está cediendo autonomía financiera y se depende en mayor grado de recursos federales.
Y aquí surge otra duda. Nación aconseja compensar lo que se pierda por reducción de alícuotas de Ingresos Brutos con aumentos de impuestos al patrimonio, que en el caso de las provincias significa Patente, Inmobiliario y el gravamen a las embarcaciones.
Sin embargo la cuestión no es tan lineal. Embarcaciones es prácticamente incobrable. Patentes tiene poco margen de actualización porque se fue retocando con los años y hoy está en niveles relativamente altos. Y en el caso del Inmobiliario (urbano y rural están atrasados a causa de la baja valuación fiscal de los lotes) cualquier aumento que se proponga no alcanza a compensar una baja en Ingresos Brutos.
El detalle de reducción de alícuotas de Ingresos Brutos que exige Nación fue incluida en un anexo del documento que firmaron gobernadores y el presidente. Lifschitz dijo que el impacto en Santa Fe sería relativo porque parte de esas reformas ya se hicieron, y puso como ejemplo que el sector agropecuario y las pymes están exentas. En su paso por la Cámara de Diputados, Saglione puso como ejemplo que Nación recomienda no cobrar más de 0,5% a las cerealeras y acá ya pagan 0,25%. El diputado del PJ Luis Rubeo lo chicaneó: “Entonces quiere decir que tenemos margen para subirle el impuesto”.
Es evidente que las provincias quedaron atrapadas en la agenda reformista del gobierno nacional. Salvo el siempre excepcional caso de San Luis, el resto se vio obligado a sentarse a una mesa de negociación donde todos, salvo las dos Buenos Aires, tenían mucho para perder.
El gobierno tiene mucho mérito en la construcción de ese escenario. El amplio triunfo electoral del 22 de octubre y el curioso papel de la Corte Suprema que se prestó al juego sin disimulo, profundizando la sensación de un Poder Judicial cada vez más en sintonía con el gobierno.
Cabe recordar que el máximo tribunal tenía en estudio la demanda de actualización del Fondo del Conurbano por parte de provincia de Buenos Aires, presentada por la gobernadora María Eugenia Vidal.
El rol de la Corte y Lorenzetti
Apenas Cambiemos ganó las legislativas se echaron a correr los rumores de que la Corte se aprestaba a fallar a favor de Buenos Aires, que eliminaría el techo de fondos que recibe y que en consecuencia el resto de las provincias deberían cederle parte de los que les ingresa. Pocos días después el propio presidente de la Corte le abrió la puerta de su despacho a la gobernadora demandante y posó para la foto junto a ella: una señal inequívoca para los demás mandatarios provinciales de que si no se sentaban a negociar lo que les esperaba era peor.
El operativo tenaza montado entre el gobierno y la Corte le reportó a la gobernadora 40 mil millones extra en 2018 y 65 mil millones más en 2019 (en 2017 Macri le transfirió 25 mil millones por decreto de necesidad y urgencia). Es decir que el año de recambio presidencial, Buenos Aires contará con 100 mil millones extra.
La pregunta es si la Corte por sí misma se hubiera animado a fallar a favor de Buenos Aires. Haberlo hecho hubiera significado alterar toda la ecuación de financiamiento del interior del país: lo mismo que tirar un balde de nafta.
Hay que reconocerle al gobierno el manejo político de la situación sin dejar de observar el preocupante nivel de recepción que tiene en el Poder Judicial. Mientras San Luis, Santa Fe y Córdoba esperaron 9 años por un fallo de la Corte para que les devuelvan lo retenido de coparticipación y sobre eso el gobierno se toma otros 2 pateando la negociación para ver de qué forma lo pagará en cómodas cuotas, en el caso de Buenos Aires, gobernada por la misma fuerza, la solución llegó en apenas un año y medio, con la transferencia inmediata de cifras espectaculares.
