Por Aldo Battisacco – Enviado especial a Buenos Aires
El ingeniero naval Horacio Tettamanti, dialogó con Conclusión, sobre la derivaciones del caso Vicentin y manifestó que en este contexto la empresa es una actor de reparto, más allá de las múltiples denuncias que cayeron sobre ella, luego de que se conociera su operatoria a través de la intervención dispuesta por el Gobierno. Y caracterizó la situación que se da en torno al negocio de la comercialización de granos en los puertos argentinos, para luego afirmar que hay «ilegalidades en los puertos», pero se lamentó que en Argentina «el problema es la legalidad por la cual las multinacionales se hicieron del control del Paraná».
Para el especialista, «Vicentin es simplemente una expresión minoritaria que se debe administrar con prudencia, porque en definitiva es la punta de un iceberg que hecha luz a una cantidad de irregularidades de tipo administrativo, comercial y penal, inclusive más allá de la injerencia o no del Estado».
Según Tettamanti, es rol del Estado la regulación de las personas jurídicas, y la administración de los puertos que están en manos de privados. Y consideró que hay que bregar para que «la situación de Vicentin no distraiga cual es el fondo de la cuestión, no es que Argentina sangra por Vicentin, la Argentina sangra por el Paraná. Y lo hace por un modelo colonial que se instaló con mucha fuerza a partir de la década del 90».
«Vicentin es un perejil en todo esto, porque las grandes corporaciones exportadoras que manejan más del 50% de toda la exportación son extranjeras y es evidente que la irregularidad que hoy parece como un elemento central con Vicentin es una actividad cotidiana de estas empresas», subrayo el ingeniero naval.
Respecto de cuál fue el accionar de la empresa y si ha hecho «uso o mal uso de las concesiones portuarias», deberá tratarla la justicia, dijo el especialista en vías navegables, quien además indicó que todo los que «paso sucedió en Argentina» y que las transnacionales «también tienen puertos en Paraguay, Brasil y son los grandes inversores del puerto de Nueva Palmira en el Chaco, que es donde el país sufre la principal daño».
«Vicentin es un actor de reparto, de ninguna manera es el actor principal de esta comedia o esta tragedia», afirmó Tettamanti, y agregó que «si se centraliza -a modo de chivo expiatorio- las desgracias que Argentina tiene, podemos cometer un gravísimo error y distraernos donde radica el tema central».
En relación a los argumentos que esgrimió el Ejecutivo Nacional para intervenir la empresa y la sospecha corroborada de estas irregularidades, como también en otras empresas, el especialista señalo que no comparte «la idea de expropiación», porque «si se toma como base que en Argentina nada funciona, por ejemplo el control de la sociedades anónimas, o las personas jurídicas de derecho argentino, donde están las instituciones nacionales y provinciales que tienen como objeto el control los mecanismos que hacen a las personas jurídicas y aceptar que la aduana no existe y que en todos los puertos hay irregularidades, y si además aceptamos que la justicia Argentina no existe, y que por lo tanto lo que un juez de la quiebra haga o deje de hacer en el marco de la ley de quiebras y concursos tampoco sirve porque es un juez que dejó de tener relaciones con el Banco Nación, y si así vamos por todos esos caminos tenemos que expropiar todas las empresas argentinas».
Para Tettamanti, Vicentin no es una empresa relevante para ser tomada como empresa testigo en función de su volumen de negocios, ya que «la parte del león se llevan las empresas grandes». Y explicó que e l costo de la manutención del rio Paraná es cara, alrededor de 500 millones de dólares por año, lo pagan los 5000 buques que ingresan a la hidrovía con el peaje, y aclaró que si bien se dice que los productores no pagan nada, pero sin embargo si lo pagan. El productor vende a culata de camión en el puerto de Rosario y los compradores son las grandes empresas que les ofrecen el precio internacional deducidos los costos logísticos. «La hidrovía la pagan los productores argentinos en forma indirecta», sentenció.
Y argumentó que «Argentina tiene problemas por las ilegalidades, pero lo más grave no es la ilegalidad en un puerto, el problema es la legalidad por la cual las multinacionales se hicieron del control del Paraná». «En los 90, Argentina se encamino hacia un modelo impuesto por el Consenso de Washington».
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