Aldo Battisacco – Conclusión Buenos Aires
Uno de los puntos centrales del acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar las formas de pago de la deuda fue la reducción del déficit fiscal. Con esta premisa, los gastos en seguridad social –principalmente en jubilaciones– fueron cuestionados por varios funcionarios y economistas.
En este sentido, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) publicó un informe en donde propuso terminar con los regímenes jubilatorios especiales para jueces, docentes y trabajadores de luz y fuerza, con el objetivo de reducir el gasto público.
En diálogo con Conclusión, el especialista en Derecho a la Seguridad Social, Facundo Fernández Pastor, contradijo al informe y analizó: “El número que da la CIPPEC es ridículo, no existen en Argentina 3.700.00 beneficiarios de jubilaciones especiales. Lo que está haciendo la CIPPEC es tomar como si fuesen privilegiados los jubilados y pensionados que entraron en los planes de inclusión jubilatoria, lo que la gente conoce como moratorias, mientras que lo que es un régimen especial, y de lo que habla el informe, es de jueces, docentes, y trabajadores de luz y fuerza”.
“Llama la atención que no hablen de los obispos o arzobispos, que ganan lo mismo que un camarista federal, que equivale a ocho jubilaciones de un docente, que en su vida laboral paga un aporte mayor que cualquier trabajador en relación de dependencia. Todos los regímenes especiales, para poder jubilarse antes y con un monto mayor, tienen un descuento más elevado. Lo docentes nacionales en vez de tener un 11% de descuento, pagan el 16% y las contribuciones también son más altas, por eso tienen un régimen especial, lo mismo sucedió con la reforma a la ley de los jueces y de servicio exterior”, agregó el especialista.
Asimismo, Fernández Pastor sugirió que una buena medida para reducir el déficit fiscal es “que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias”, pero señaló: “No hay que decir que una persona que necesitó usar una moratoria porque tenía 20 años de aporte y no le alcanzaba para jubilarse, o aquella persona que trabajó toda su vida en negro y necesitó de un plan de inclusión jubilatoria para acceder a un beneficio previsional sea un privilegiado”.
Según el experto en Seguridad Social, el informe del CIPPEC también propone que “todos los jubilados de argentina cobren el medio” para que “aquellos que tienen un haber más alto de aquí en adelante cobren menos”. A entender de Fernández Pastos, esto sería “aplicar la ley de manera retroactiva, lo que está prohibido”.
“Apuntan a lo que siempre apuntó el Fondo Monetario, a lo que se empezó a hacer con la primera reforma previsional que hizo (el ex presidente, Mauricio) Macri que es achicar los beneficios de la seguridad social, porque entienden que la manera de ajustar es desde la distribución del ingreso. Has dos maneras de hacer que un país funcione: una es como entienden los neoliberales, que es concentrando la riqueza y haciendo que a los ajustes lo paguen los pobres, y otra es como hacen, por ejemplo, los países de Europa del Este, distribuyendo la riqueza”, evaluó Fernández Pastor.
Y completó: “El FMI, cuando estuvo Macri, planteó que al ajuste lo paguen los pobres, y achicó en seguridad social y concentró los ingresos en los más poderosos. Se quedó a mitad de camino, creó la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM), un haber que está 80% por debajo de lo mínimo que se puede cobrar. También bajó la tasa de sustitución de las jubilaciones, de la ley que teníamos antes, que era un 60%, a un 40% y quería llevarla al 30%, eso para los trabajadores en relación de dependencia. De eso hablan cuando se refieren a un haber medio. Para los que cobran más, proponen que aquellos que paguen Ganancias puedan utilizar las deducciones, y esa plata que juntan ponerla en un sistema privado de jubilaciones. Así, los más pobres le van a pagar las jubilaciones a los más ricos. Como Macri no fue reelecto no pudieron llevar adelante la segunda reforma previsional”.
Por último, y en relación a la ley de movilidad jubilatoria vigente, Fernández Pastor indicó: “Si a la economía le estaría yendo bien, los jubilados cobrarían muy bien. Esta ley, que se sancionó en 2008, se aplicó en una economía en la que a los salarios les iba bien y había mayor recaudación tributaria, no importaba que hubiese 30% de inflación porque las jubilaciones le ganaban. Pero a la economía no le está yendo bien y no hay una decisión política de distribuir ingresos, sino que hay que hacer caja para pagarle al Fondo. Si la decisión política sería que a los trabajadores les vaya bien, a los jubilados les iría bien. Se avanzó en volver a poner la ley de movilidad que les sirve a los jubilados, pero habría que avanzar haciendo que a los trabajadores en relación de dependencia les vaya bien. Hay que hacer que la gente tenga plata en el bolsillo”.
