¿Por qué la universidad sale a la calle?

Hace unas semanas nos referimos a la situación de la educación universitaria como un verdadero «educidio en marcha» debido al gravoso desfinanciamiento actual de la totalidad del sistema. Hagamos ahora foco en el panorama salarial y laboral de los docentes universitarios en Argentina, que transita una de sus peores crisis en las últimas tres décadas.

Los universitarios (docentes y nodocentes) somos, actualmente, los trabajadores estatales y privados peor pagos del país. Incluso la evolución de las retribuciones es más baja que la de los trabajadores informales, si se considera desde diciembre pasado a la fecha. En nuestra Universidad Nacional de Villa María, no estamos ajenos a esta realidad.

La «foto» de la situación profundamente desalentadora para docencia universitaria se traduce tanto en renuncias a puestos como en concursos y convocatorias para cubrir nuevos cargos que quedan desiertas. La ecuación indica que en una amplia cantidad de casos los ingresos no cubren las erogaciones requeridas para asumir las tareas, sostener una carrera docente, etc.

El daño directo y la desmoralización sobre los trabajadores  se traduce en un nuevo ciclo de desintegración de nuestro modelo educativo y de ciencia y tecnología. El panorama implica tanto la destrucción de las capacidades de desarrollo que sintetiza la universidad, como una entrega de soberanía en un mundo donde el conocimiento es vertebrador de la viabilidad nacional.

Salarios al borde del colapso

No es posible entender dónde estamos sin explicar el trayecto que nos trajo hasta aquí. Analicemos datos del Laboratorio del Salario Docente Universitario, la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN), diferentes gremios y el análisis realizado desde ADIUVIM.

En los últimos nueve años, con altas y bajas, los acuerdos paritarios no logran recomponer el salario docente a niveles equivalentes a los de fines de 2015. La tendencia ha sido una pérdida sistemática y continua del poder adquisitivo. Aún más preocupante es la depreciación acelerada de los salarios tras la llegada del gobierno de Javier Milei, que ha mostrado una especial saña contra la universidad pública y sus trabajadores, asumiendo en un contexto ya marcado por la precarización de los salarios y las condiciones laborales.

La pérdida acumulada desde diciembre de 2015 hasta julio de 2024 es, de por sí, alarmante: equivale a 41 salarios actuales (un promedio de 4 salarios al año). Para tener una idea más clara de lo ocurrido en los últimos meses: si sumamos solo las pérdidas ocurridas entre diciembre de 2023 y mitad de 2024, la masa salarial resignada es equivalente a casi 3 salarios.

Desde noviembre, los docentes y no docentes hemos perdido cerca del 40% de nuestro poder adquisitivo, registrando la peor recomposición salarial dentro de la administración pública.

El dato es lapidario: más del 80% de los docentes y no docentes universitarios ya estámos por debajo de la línea de pobreza. Este número, lejos de mejorar, se agravará con la imposición del pago de Ganancias, lo que podría llevar la cifra al 95% a fines de septiembre.

Para dimensionar la magnitud de la crisis, se necesitaría una recomposición salarial del 90% sobre el salario de septiembre de 2024 para recuperar lo perdido desde noviembre de 2015 hasta agosto de 2024. Una cifra que, en el actual contexto económico y con una paritaria virtualmente suspendida, parece una aspiración quimérica.

Hay que sumar al contexto de «paritaria suspendida» que una ley, impulsada por el ejecutivo nacional y que ya tuvo media sanción en Diputados, bajo el nombre de “declarar la educación como servicio esencial”, entraña el ataque al derecho a huelga en ámbitos educativos. El sofisma de la narrativa gubernamental radica en que se define «esencial» la educación para evitar el derecho a huelga, mientras que la misma «esencialidad» no implica la obligatoriedad de inversión en una educación que está implosionando. Precisamente, el proyecto de la llamada «Ley Finocchiaro» impone la presencia de una cuota del plantel docente y no docente de los establecimientos educativos públicos, cuando los gremios declaren días de huelga.

De manera obsesiva, el gobierno de Javier Milei ya había intentando consolidar este ataque por el DNU 70/2023, que fue frenado por la justicia junto a todo el apartado laboral. Luego lo incluyó en la Ley Bases, pero terminó quedando afuera de la versión que fue sancionada. Vale recordar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define como esencial “los servicios cuya interrupción podrían poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas en toda o parte de la población”.

Condiciones laborales insostenibles

La crisis salarial no es el único factor que afecta la labor docente universitaria. Las condiciones laborales también experimentan un deterioro profundo. En un contexto de alta inflación y precarización, los docentes nos vemos obligados a asumir cada vez más tareas sin un reconocimiento proporcional en los ingresos. Esta sobrecarga de trabajo incluye la acumulación de múltiples cargos, la planificación y ejecución de actividades extracurriculares, la implementación de educación a distancia —que se presenta como un paliativo a la crisis, pero contribuye a aumentar la carga de trabajo— y una mayor dedicación a la atención de los estudiantes. Todo esto, sin que se nos reconozca formalmente en términos salariales ni se ofrezcan recursos suficientes para cumplir con nuestras responsabilidades.

Uno de los aspectos más gravosos es el impacto de la inflación sobre los costos de traslado, alimentación, indumentaria y materiales pedagógicos necesarios para desempeñar nuestro trabajo. Estos costos han aumentado sideralmente, y los docentes debemos cubrirlos, absorbiendo el impacto directamente en nuestras economías familiares. Como explicamos, la situación se agrava con la virtualización de la educación, ya que los costos de conectividad y dispositivos tecnológicos también recaen sobre los educadores, quienes no recibimos compensaciones por este concepto, mientras que su impacto se fue profundizando, especialmente tras la pandemia de COVID-19.

La situación resulta especialmente crítica para aquellos docentes que queremos y debemos continuar nuestra formación académica. El costo de los cursos, posgrados y capacitaciones es inasumible, y la falta de tiempo y recursos impide que muchos accedamos a oportunidades de formación profesional continua. Además, la imposibilidad de dedicarnos a la investigación o a proyectos de vinculación con la comunidad —actividades esenciales para el desarrollo académico— es un reflejo más de cómo la crisis está afectando la calidad educativa en las universidades.

Entorno complejo

La combinación de salarios depreciados, sobrecarga laboral y condiciones de trabajo insostenibles tiene un impacto directo sobre la salud laboral de los docentes universitarios. El estrés generado por la falta de recursos, la inseguridad económica y la imposibilidad de proyectar un futuro profesional sostenible causa un deterioro tanto en la salud física como mental de los trabajadores. A esto se suman los efectos de un contexto social complejo, que repercute directamente en las aulas, el entorno institucional y en el ambiente académico, incrementando la tensión y afectando negativamente el clima laboral.

Los servicios universitarios, ya deteriorados, también juegan un papel importante en este escenario. La falta de recursos dentro de las propias instituciones dificulta aún más la labor de los docentes, quienes no solo debemos lidiar con nuestras propias carencias, sino también con un entorno que exige cada vez más y ofrece cada vez menos.

Salud y jubilación

La crisis de nuestras obras sociales es otro factor que profundiza el deterioro de las condiciones de vida de los docentes universitarios. Ante la necesidad de mantenerse a flote, muchas de estas instituciones capitalizadas por años de aportes de nuestros bolsillos, optaron por reducir las prestaciones en salud, limitando la cobertura de servicios esenciales y encareciendo los costos de aquellos que aún se mantienen. Esta situación impacta directamente en los trabajadores, quienes afrontamos mayores dificultades para acceder a tratamientos, consultas y estudios médicos.

La situación jubilatoria es aún más alarmante. Los docentes jubilados, que deberían gozar de una etapa de tranquilidad tras años de servicio, se encuentran en condiciones desesperantes debido a ingresos extremadamente reducidos. A esto se suman las crecientes restricciones en las prestaciones de salud, la cobertura de medicamentos y otros servicios esenciales, lo que obliga a muchos de nuestros jubilados a enfrentar su vejez sin los recursos necesarios para cubrir sus necesidades más básicas. Este escenario, agravado por el recorte de derechos y la falta de respuestas por parte del sistema, es una de las problemáticas más urgentes a resolver.

También hay que considerar que, en gremios pequeños como ADIUVIM —que no solo ejercen la representación gremial, sino que, desde una concepción solidaria, acompañan a sus afiliados con financiamiento de residencias, comedores, apoyos a la formación, bolsones de útiles, material bibliográfico, etc —, el vaciamiento de recursos pone en jaque la continuidad de estas ayudas indispensables.

A la calle

El escenario actual no solo pone en riesgo la calidad de vida de los educadores, sino que también afecta gravemente el futuro de nuestra querida y reconocida educación pública universitaria en Argentina, hoy sostenida a duras penas por la voluntad y vocación de sus trabajadores.

Desde ADIUVIM, el gremio que nuclea a los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Villa María, hacemos un llamado urgente a la comunidad universitaria a tomar profunda conciencia y a las autoridades a tomar medidas inmediatas para recomponer los salarios, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores docentes y acompañar con acciones que contribuyan ante semejante contexto. Un avance en este sentido es la reciente Ley de Financiamiento de la Educación Superior sancionada por el Congreso Nacional, que busca poner una cuota de racionalidad a la relación del Ejecutivo nacional con el sistema universitario pero que el presidente Milei decidió vetar.

La decisión del Ejecutivo Nacional es ahogar el sistema universitario nacional, deteriorando irremediablemente las condiciones de su propio sostenimiento. Sus trabajadores, sus alumnos y la comunidad estamos dispuestos a defender la centralidad de la educación, la ciencia y la tecnología en el país que queremos y nos merecemos. Por esto, las calles el próximo 2 de octubre se vestirán de universidad pública.

* Nahum Mirad es secretario general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Villa María