El retiro de 2000 agentes federales puso en vilo no solo a la población sino también a los funcionarios de la ciudad. La confesión de parte fue vertida por la propia intendenta Fein con su pedido explicito de retorno de aquellos gendarmes.
Se presumía que estos agentes serían reemplazados por la Policía de Acción Táctica, creada recientemente, en tanto sumarían la extensión de la ya existente Policía Comunitaria a otros barrios.
Los 1.240 agentes seleccionados de entre 7.000 aspirantes inscriptos en agosto se estarían capacitando en «resolución alternativa de conflictos” y serían los encargados de asumir la tarea que dejaban los gendarmes.
La pregunta de sentido común que los rosarinos nos hacíamos parece haber sido contemplada por la intendenta: ¿Era razonable esperar que jóvenes en formación desde hace escasos meses pudiesen abordar satisfactoriamente la compleja trama de delitos vinculados a las organizaciones del narcotráfico?. El pedido de ayuda a la Nación hace concluir en una respuesta negativa.
Ahora resta que los funcionarios locales progresivamente interactúen con las fuerzas de seguridad federal, modificando la perspectiva que ha estado vigente hasta el momento: la escisión tajante entre delito común y aquel otro de organización compleja devenido del narcotráfico. Pues si bien es necesario despejar niveles de sistematicidad a fin de focalizar operativamente en cada caso, lo cierto es que, como lo revelan multiplicidad de estudios nacionales como los del OAD (Observatorio de Drogas Argentino) dependiente de Sedronar, alrededor del 80% de estos delitos está asociado al consumo de de sustancias psicoactivas. Es decir, quienes los cometen son personas que están bajo el efecto de sustancias tóxicas.
No basta con una policía que aspira a entablar un vínculo más cercano y directo con el vecino tal como lo entiende la interpretación local del paradigma de la Seguridad Comunitaria. Pero tampoco satisface en el mediano y largo plazo las líneas dispuestas por el secretario Berni, proclive a deslindar el delito común de un circuito integral de violencia generada estructuralmente por el consumo y la venta de drogas ilegales.
Un paradigma de gestión pública estratégico, superador en materia de seguridad, tal como se experimentan en otros Estados del mundo (Canadá es caso a observar) debe generar acciones convergentes con la cartera de Salud Pública, vinculadas con la promoción de la salud y con la prevención del consumo tóxico.
Dra. Candela Sialle
