Inédito relevamiento. El 57,2 de los rosarinos fue víctima de un delito durante el 2014. Escalofriante. Es decir que casi 6 de cada 10 habitantes ha sido víctima de la inseguridad.
El dato se desprende de la primera encuesta anual de victimización del delito efectuada aquí por el Centro de Investigaciones Sociales y Económicas –CISE.
De las personas que sufrieron algún tipo de delito, el estudio, de profunda rigurosidad arrojó que el 61,4 por ciento corresponde a mujeres, mientras que un 38,3 por ciento a varones.
Desagregando por edades en tanto, la encuesta reveló que el 41,6 por ciento de las víctimas tienen entre 30 y 60 años, el 35,4 es menor de 30 años y el 12,5 por ciento mayor de 60 años.
La situación no admite esperar más. La alarma está encendida y no debería permanecer sonando.
Otro capítulo interesante del estudio refiere a las denuncias efectuadas por las víctimas. El 66,5 por ciento recurrió a las comisarias, el 0,4 por ciento a los tribunales y un 0,2 por ciento a las fiscalías. Llama poderosamente la atención que un 28 por ciento dijo no haber concurrido a ninguna dependencia para radicar denuncia. Cabe resaltar que entre aquellos que si denunciaron, solo quedó satisfecho con la forma en que se tramitó su denuncia el 20 por ciento, mientras que quedó insatisfecho el 73,9 por ciento.
Los resultados recabados refrendan el lamentable contexto que se vive. Creo que un buen paso para transformar esta adversa situación es ponderarla de manera adecuada. En ese sentido destaco que esto está basado en una muestra estadística muy seria, seguida de un proceso de encuestas muy profesional.
Rosario padece una crisis en materia de seguridad que venimos reflejando en estas columnas. Es difícil eludirlo. En la provincia de Santa Fe los gastos públicos más elevados de la historia han convivido con una atroz ausencia del Estado en los servicios públicos más esenciales. Y nada más esencial que asegurar el derecho a la vida, a la integridad física y a la propiedad de sus bienes a los ciudadanos.
No está bien encorsetar la problemática del delito dentro de una supuesta demanda de clase media y media alta. En las zonas más carenciadas el delito arrecia con mayor fuerza y los recursos para combatirlo son muchos menores e ineficientes.
Proveer de seguridad es, acaso una de las medidas más progresistas que existan. Es deseable, entonces que los distintos niveles del gobierno tomen nota de su ineludible responsabilidad en el tema. No le parece.
Fuentes. Centro de investigaciones sociales y económicas –CISE-Fundación Libertad de Rosario.
Profesional responsable doctor Alejandro Bongiovani .Abogado.
