Por David Narciso
En las horas siguientes a la sanción de la ley previsional, el gobierno nacional se ocupó de hacer llegar su malestar con aquellos gobernadores cuyos diputados no prestaron quorum ni voto positivo, el de Santa Fe entre ellos.
No tiene sentido medir cuánto hay de sobreactuación y cuánto de enojo real. Lo cierto es que si los principales dirigentes y operadores de Cambiemos hacen trascender ese supuesto enojo es porque en alguna instancia se los quiere disciplinar. El grado de autonomía a la hora de decidir que mostraron algunos, no es un buen antecedente para un presidente sin quorum propio y con una agenda legislativa endemoniada por delante.
El razonamiento que hacen en Buenos Aires es que si ante semejante presión y habiendo firmado el Consenso Fiscal, gobernadores como Miguel Lifschitz, Sergio Uñac o Gerardo Zamora se sintieron con suficiente libertad para ni siquiera ayudar con el quorum, en la próxima votación volverán a hacerlo. Por eso tienen que sentir que la “falta de compromiso” no es gratis.
Inventario de daños
El gobierno pagó costos altísimos para sacar el ajuste previsional. En el Senado Pichetto le facilitó el camino. En Diputados mordió el polvo el jueves y a duras penas, por sólo una decena de votos, logró la aprobación el lunes.
Aunque no trascendió, lo mismo que ocurre con el gobernador tras la votación en Diputados, ocurrió con el senador nacional Omar Perotti. La mañana siguiente a la media sanción, en las principales oficinas de Cambiemos en el Senado y la Casa Rosada llovían críticas al de Rafaela, que esa madrugada apoyó el paquete de leyes con excepción de la reforma previsional.
Látigo y billetera
Se suponía (porque se prometió) que Macri terminaría con la política del látigo y la billetera para disciplinar a los gobernadores. La presencia de un puñado de ellos en el Congreso el lunes para garantizar el quorum demuestra que apenas cambiaron algunas formas. El sistema nervioso central de la política argentina funciona exactamente igual.
Santa Fe
En el caso de Santa Fe, la Casa Rosada mete presión a un gobernador que lejos está de tener el poder de levantar un teléfono y alinear para acá o para allá.
Por empezar hay que resaltar que hay un solo legislador nacional del Frente Progresista. A tal punto el fracaso de los espacios nacionales que integró el socialismo a nivel nacional.
Ese diputado es Luis Contigiani, inimaginable apoyando la reforma previsional. Pero en este caso su posicionamiento (al igual que con la ley de reforma tributaria) no fue personal sino partidario. El socialismo resolvió el rechazo y los alcances.
Cambiemos reproche que en la sesión “el diputado” de Lifschitz acompañó las 40 cuestiones de privilegio con las que el kirchnerismo intentó aplazar el debate y no dio quorum.
“No te digo que vote a favor, pero se pudiera haber sentado. No digo que sea el diputado 129que garantice el quorum pero sí el 133, 134 o 135. Con eso ya hubiera ayudado algo. Pero no, eligieron jugar con el kirchnerismo”, fuerza un dirigente de Cambiemos.
Es lógico que en público el gobierno trace la raya y ponga a unos de un lado o de otro, pero para una lectura más fina, debería prestarse atención que Contigiani marcó coincidencias en su discurso no con Agustín Rossi o el kirchnerismo en general, sino con Alejandra Rodenas, peronista del Nuevo Espacio Santafesino, y Graciela Camaño del massismo. Aunque parezcan detalles menores, tiene mucho que ver con los debates que estos meses ocupan al Frente Progresista.
Por naturaleza el Frente Progresista nunca fue verticalista. Y en la práctica política cotidiana tampoco lo es. Los mecanismos de toma de decisiones funcionan en base a numerosos grupos y referentes que ostentan distintas cuotas de poder, lo que vuelve más trabajosos los acuerdos y el diálogo. No hay chances de que Lifschitz o cualquier otro referente baje órdenes y el resto se encuadre sin chistar.
Lifschitz, Macri y el socialismo
Aclarado esto, el gobernador estuvo de acuerdo con el resto de su partido en no apoyar la reforma previsional. Tanto en Cambiemos como algunos kirchneristas consideran que se trata de una contradicción, porque Lifschitz y otros 22 gobernadores firmaron el Consenso Fiscal con el presidente, que en su página 5, dentro de los compromisos mutuos de ambas partes, introduce un subtítulo denominado Régimen Previsional: “Impulsar inmediatamente, dadas las reformas propuestas en el régimen tributario y en la distribución de recursos públicos, la modificación de la fórmula de movilidad de las prestaciones del régimen previsional público (ley 26417) para que ellas se ajusten trimestralmente garantizando aumentos por encima de la evolución de la inflación”.
El gobernador tuvo un inesperado defensor ante esa supuesta dualidad: “Si no se firmaba el consenso fiscal por parte de los gobernadores, se les quita el fondo sojero, se les quita la posibilidad de reconocimiento de la Caja de Jubilación provincial, sigue adelante el juicio de la provincia de Buenos Aires contra las provincias que no firman. Cómo hacer en estas provincias para pagar sueldos y para que siga funcionando normalmente el Estado”, justificó Antonio Bonfatti, a la vez presidente nacional del Partido Socialista.
Además de promover la oposición al paquete de leyes de ajuste, Bonfatti quiere un Frente Progresista opositor sin ambigüedades al gobierno nacional. Como otros núcleos del socialismo, piensa que las idas y vueltas de la relación entre Lifschitz y Macri en los primeros dos años de gestión no hicieron más que desdibujar al Frente Progresista. Quienes opinan así no le piden al gobernador inmolarse a lo kamikaze contra la Casa Rosada, pero sí asumir posicionamientos firmes en temas que definen la identidad política del espacio. Como con la reforma tributaria.
Y ahora qué
Lifschitz gobierna una provincia económica y políticamente autónoma. Sin embargo no puede, o mejor dicho no conviene a la provincia romper puentes con la Nación. Que Macri retacee fondos discrecionales no va a ahogar a Santa Fe, pero hay una gama de necesidades con las que el gobierno nacional puede complicar la gestión. Desde los fondos no coparticipables que se reparten a antojo, pasando por el financiamiento de la Caja de Jubilaciones, hasta la reforma de la Constitución, que es más difícil sin un guiño nacional.
También son vulnerables las operaciones de crédito externo para infraestructura. En estas horas la Legislatura santafesina se apresta a autorizar al Poder Ejecutivo a tomar 500 millones de dólares en el mercado de capitales y otros 300 millones a través del Banco Mundial. En cualquiera de esos casos la plata no llega sin aprobación de Macri.
De hecho existe alguna preocupación por la no inclusión en el Presupuesto 2018 de la garantía de 80 millones de dólares del Fondo de Abu Dhabi, ya aprobado por su directorio, que financiará la última etapa del Acueducto Desvío Arijón, actualmente en licitación. Esa obra resuelve definitivamente el problema de agua potable de la ciudad del peronista Omar Perotti.
