El gobierno provincial acaba de lanzar la primera licitación pública para contratar una obra de infraestructura en la que el privado debe conseguir el financiamiento para poder hacerla, una modalidad que hasta ahora nunca había explorado y que espera que le permita arrancar con la segunda etapa del Acueducto Gran Rosario, un proyecto de casi 1.200 millones de pesos.
A diferencia de la contratación tradicional en la que el Estado dispone los fondos para hacer la obra (recursos propios o gestión de crédito), en esta nueva modalidad las empresas compiten por el precio de construcción y por el crédito. Es decir que corre con ventaja quien consiga las condiciones más favorables: extensión de plazos para devolver lo prestado, tasa de interés, porcentaje a financiar sobre el total de la obra y posible período de gracia.
El sistema tiene similitudes con el programa nacional de Proyectos Público-Privados (PPP) que promueve la Nación para construir autovías, rutas seguras y autopistas. La diferencia sustancial en este caso es que el privado sólo hará la obra, pero no la administrará una vez que esté terminada, como sí ocurrirá si se hiciesen realidad los proyectos viales encargados por Nación.
En el sistema PPP de Nación (al que la provincia no adhirió hasta ahora), el Estado recién comienza a cancelar el crédito con la obra está terminada y 5 años de gracia, período en el que el adjudicatario comienza a recuperar la inversión cobrando el peaje.
Según Garibay, en el caso de Santa Fe el adjudicatario transferirá la obra al finalizarla, en este caso a Aguas Santafesinas SA. Como el acueducto es parte de un sistema mayor no hay posibilidades de que la opere un privado de forma aislada.
Ya hay una segunda obra en carpeta bajo la misma modalidad: la ampliación de la planta potabilizadora de Santa Fe ciudad. Nación tenía bajo análisis el proyecto para incluirlo dentro de los paquetes PPP, pero hace dos semanas lo descartó y sí o sí deberá hacerlo la provincia.
La obra
El Acueducto Gran Rosario II consiste en extender la red troncal de agua potable desde la calle Salvat y Baigorria hasta Provincias Unidas, donde se construirá una megacisterna con estación de bombeo diseñada ya para la posterior ampliación hasta Pérez y Villa Gobernador Gálvez. Además se construirá un nuevo módulo de producción en la nueva planta potabilizadora ubicada a los pies del puente Rosario-Victoria para duplicar su capacidad. Este es el video institucional presentado en marzo pasado.
El presupuesto de 1.143 millones de pesos –al cambio actual unos 46 millones de dólares– y el plazo de obra 24 meses.
Desde que en 2008 se lanzó el plan de 12 grandes acueductos para proveer a todo el territorio provincial de agua potable en condiciones seguras y estándares uniformes de calidad, se recurrió a recursos propios de la provincia y a líneas de crédito institucionales internacionales. Dineros de los Fondos de Kuwait, Abu Dhabi y la OPEP ya se están aplicando a los acueductos Reconquista y Desvío Arijón II.
El préstamo del Fondo Económico de Kuwait en 2012 fue por U$S 51 millones a 20 años, con 5% de tasa y 4 años de gracia. El de Abu Dhabi por U$S 80 millones, 15 años y 5%. El de OPEP (co-financia Desvío Arijón) por U$S 50 millones, a 18 años y 5%.
Crédito
Desde luego que las condiciones de crédito no serán las mismas con financiamiento privado. El mercado de capitales es más caro, y en las actuales condiciones más aún. La tasa de las colocaciones que la Nación y las provincias mejor ranqueadas (como Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires) hicieron hasta fines de 2017 les permitieron acceder a tasas de 7% en el mejor de los casos y a la mitad de plazo. Desde luego el país no era el mismo que el de hoy, condicionado por la crisis cambiaria, devaluación del 37% en 5 meses, tasas pasivas de 40% y retorno al FMI.
Para el debut con esta modalidad, Santa Fe fijó como condición un plazo mínimo de 7 años de repago. Tasa y curva de pagos serán valoradas a la hora de elegir quién se queda con la obra.
Definitivamente no es el momento ideal para ir al mercado de capitales. Garibay admitió esa desventaja, pero también recordó que “Nación consiguió hace poco buenas ofertas para los primeros 32 proyectos de rutas y autopistas que hizo a través del PPP; hay que ver”.
En realidad el mercado de capitales le cortó el chorro al país. Ir a buscar dinero afuera no es nada barato y la capacidad de devolución del país no despierta confianza.
Habrá que ver en las próximas semanas cómo opera en ese escenario el acuerdo con el FMI.
Como sea, el gobierno provincial desliza la posibilidad de abastecerse de fuentes de crédito más cercanas. Según el ministro Garibay, “la cifra de 1.200 millones de pesos es importante pero no necesariamente hay que salir a buscarla afuera. Quizás pueda conseguirse en el mercado de la región”.
Cualquiera sea el resultado de la licitación, antes de firmar el contrato se necesitará la autorización de la Legislatura para tomar el endeudamiento ofrecido por el adjudicatario, ya sea en moneda local o extranjera y sus condiciones.
Antecedente
El tema del financiamiento privado para hacer acueductos tiene un antecedente que pocos recuerdan. A finales de 2006 el ex gobernador Jorge Obeid logró que la Legislatura le aprobase la ley 12668 que creaba un improvisado sistema de grandes acueductos que serían administrados por una sociedad anónima de capital estatal. Era más un intento por salirse al cruce a uno de los proyectos que el Frente Progresista agitaba desde la oposición que un plan de infraestructura elaborado por un gobierno que llevaba 24 años en el poder.
Así fue que a mediados de 2006 se llamó a licitación para la contratación de empresas que además de la construcción debían elaborar los proyectos ejecutivos de obra y proveer el financiamiento. En diciembre de 2007 el gobierno del Frente Progresista rediseñó todo el proyecto y dio de baja esa licitación.
