La crisis económica y política de Brasil agudizada con la detención por unas horas del ex presidente Luiz Inacio “Lula” Da Silva y el allanamiento de su casa e Instituto, influirá en la región y específicamente en nuestro país.
Así como es un disparate sostener que una crisis política y económica en cualquier país de Europa no influirá negativamente en la vida de la Comunidad Europea, así también se convierte en un dislate sostener que la crisis económica y política de Brasil, agudizada ahora con la detención por unas horas del ex presidente Inacio “Lula” Da Silva y el allanamiento de su casa e Instituto, no influirá en la región y específicamente en nuestro país.
Es conocido que desde hace cierto tiempo, tanto Lula como Dilma están enfrentando serias denuncias o cargos sobre posibles casos de corrupción ocurridos durante sus gobiernos, en el marco de la mega causa Petrobras. Ni qué decir, por supuesto, que ya hay ex funcionarios del gobierno brasileño detenidos y otras personas que están involucradas en el gigantesco “affaire”.
Para que se tenga una idea, la causa tenía hasta hace un poco tiempo atrás alrededor de 30 acusaciones criminales contra más de 140 personas (políticos y no políticos) por los delitos de corrupción, lavado de dinero, entre otros. Hay decenas de empresas acusadas de enriquecimiento ilícito, daños y fraude al erario público. Hay condenas ya dictadas y alrededor de 50 funcionarios y que son investigados por la fiscalía y seguidos por la Corte Suprema, tribunal encargado de juzgar a personas protegidas por fueros.
Entre tales funcionarios hay 13 senadores, 22 diputados y dos gobernadores en funciones y uno de ellos es el senador Delcídio Amaral, ex jefe de la bancada oficialista en la Cámara alta, perteneciente al Partido de los Trabajadores, quien fue detenido en el mes de noviembre pasado. Amaral ahora fue a fondo y, sin más, confesó que tanto la presidenta Dilma como el ex presidente Lula estaban al corriente de todo lo que estaba sucediendo en el marco del extraordinario fraude y lavado de dinero.
La causa es de tal magnitud que ya se realizaron más de 700 procedimientos, con más de 100 arrestos efectivos y cerca de 400 allanamientos en búsqueda de pruebas y documentos.
Ahora le tocó el turno a Lula, en el marco de una situación confusa y enojosa para el ex presidente y para la misma Dilma Rousseff, quienes criticaron la forma en que actuó la justicia.
En las declaraciones de los dos altos dirigentes brasileños, hubo un mensaje subliminal aunque claro y contundente: esto más que una investigación, es una operación política de una parte de la justicia de Brasil en combinación con ciertos sectores de poder económico empresarial. No suena descabellado, porque las formas de asegurar la declaración de Lula podrían haber sido otras, menos aparatosas.
Hace pocos días atrás, y ya para finalizar esta columna, el diario londinense Financial Times dejó entrever que la crisis económica y política de Brasil podría beneficiar a Argentina. En el fondo de esa información subyace más una simpatía política o ideológica por el nuevo gobierno argentino que una verdad, porque se sabe perfectamente que el derrumbe del país vecino no sólo que impactaría fuerte y negativamente en la economía regional y especialmente argentina, sino en gran parte del mundo.
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