No hay casualidad en que haya sido Santa Fe la que puso como condición para firmar la adenda (revisión) del pacto fiscal de Mauricio Macri que no se eliminen las exenciones al impuesto a las Ganancias que benefician a la actividad mutualista y cooperativa.
Hay unas 1.400 cooperativas y alrededor de 1.000 mutuales en la provincia. Son actores esenciales en comunidades muy pequeñas o grandes, prestan servicios públicos, sociales, financieros, construyen viviendas e infraestructura urbana, sostienen entidades deportivas y escuelas, además de generar empleos directos, apuntalar otros y movilizar la economía local.
Como en diciembre de 2017, el gobierno nacional volvió a la ofensiva. El artículo 85 del proyecto de Presupuesto 2019 levanta las eximiciones de Impuesto a las Ganancias a las mutuales y cooperativas en lo referente “…a los resultados provenientes de actividades de ahorro, de crédito y/o financieras o de seguros y/o de reaseguros, cualquiera sea la modalidad en que se desarrollen”.
Según datos aportados por la Federación de Mutuales de Santa Fe, a nivel país busca recaudar unos 4.500 millones anuales, de los cuales el 70% saldría de las cooperativas y el 30 restante de las mutuales.
Una radiografía del sector explica la relevancia que tiene para Santa Fe que se apruebe o no ese artículo 85 del Presupuesto 2019.
En el área mutual, entre Santa Fe y Córdoba (ésta última en menor medida) representan alrededor del 80% de todas las entidades de todo el país.
Medido por actividad económica del sector, Santa Fe mueve el 30% de los recursos; Córdoba el 12%; alrededor del 40% o más la entidad más grande de Argentina: Mutual Sociedad Militar que maneja los haberes de 60 mil miembros de las fuerzas Armadas. El resto son las demás provincias, incluida Ciudad de Buenos Aires.
En Santa Fe, el sector tiene prestados 16.000 millones de pesos, el 80% para consumo y 20% para producción. Y tiene tomados 14.000 milones de pesos deposuitados por sus socios, lo que demuestra el vínculo y la confianza entre estas entidades y sus comunidades. En San Jorge, por ejemplo, la suma de los bancos privados capta menos recursos que la tradicional mutual del Club San Jorge.
Hay otra razón muy fuerte que explica la reacción negativa. Tres de las empresas líderes del mercado de seguro que pasarían a tributar la alícuota de 35% de Ganancias tienen sede central en la provincia y las tres son cooperativas: La Segunda, San Cristóbal y Sancor.
A mucha menor escala, en cada localidad hay centenares de entidades vinculadas a servicios públicos, vivienda, consumo y actividad agropecuaria.
Diputados de Santa Fe
Este mapa es el que miran los diputados nacionales por Santa Fe a la hora de definir cómo votarán el Presupuesto 2019 en las próximas semanas, en especial el artículo 85 que suprime la exención de Ganancias a la economía social.
El punteo previo indica que los peronistas de distintas vertientes lo rechazarán, al igual que Luis Contigiani del Frente Progresista.
Otro cantar es con Cambiemos. Entre ellos votarán a favor por mandato del gobierno, el radical Gonzalo del Cerro (socio de la Mutual AMR), Astrid Humel que hasta hace un año presidió el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y José Núñez ex directivo mutualista. En estos casos primará la orden del Ejecutivo.
El que está en duda es el radical macrista Hugo Marcucci. Ya el año pasado se opuso a levantar la eximición.
“En general hemos encontrado muy buena receptividad, comparten nuestra postura, excepto los diputados de Cambiemos, con quienes creemos que es una cuestión ideológica ya, más allá de la urgencia que tienen de recaudar. Fuimos, les explicamos, e insisten con lo mismo, entonces el problema es otro”, explicó un mutualista.
El gobierno provincial expresó un contundente rechazo. El gobernador Lifschitz puso como condición que sea retirado el artículo 85 para firmar la adenda (revisión) del Consenso Fiscal (junto con un gravamen del 1% a los bienes radicados en el exterior). Se ganó el aplauso de cooperativistas y mutualistas que ahora se preguntan si les seguirán aplicando Ingresos Brutos.
Lifschitz cree que aceptar este nuevo manotazo del gobierno nacional implica ceder otra fenomenal torta de recursos de la economía santafesina hacia Buenos Aires.
En los últimos meses ya ocurrió con el Fondo Sojero (2.300 millones), subsidios al Transporte (3000 millones) y tarifa social eléctrica (2.200 millones). Hasta ahí sumaban unos 7.500 millones menos. En contrapartida no vuelve nada, ya que ni siquiera las obras públicas prometidas se hacen, salvo honrosas (y pequeñas) excepciones.
Transferencia millonaria
La Federación de Mutuales de Santa Fe estimó que serían entre 300 y 400 millones al año sólo de sus asociadas santafesinas que irían a Rentas Generales del Ministerio de Economía.
Este es otro tema. Las cooperativas ya hacen un aporte al Estado nacional a través de una contribución (no es tributo) anual del 2% de su patrimonio neto y las mutuales el 1% de la cuota de cada socio. Ante la ofensiva por instalar Ganancias, se llevó una contrapropuesta por la que las cooperativas ofrecen llevar esa contribución anual al 3% y las mutuales a 15 pesos por socio (hoy está en el orden de entre 1,5 y 2 pesos).
Marcelo Bloch, vicepresidente de la Federación de Mutuales afirmó a Conclusión que la aplicación de Ganancias a las mutuales, es una contradicción en sí misma porque por definición las mutuales no pueden tener ganancias, a diferencia de las cooperativas”.
“Es muy dañino lo que quieren hacer porque esto termina con las mutuales de los clubes recortando actividades, dejando de pagar profesores u otros gastos con los que sostienen esos clubes, donde la cuota societaria es muy baja”, sostuvo. “Si se aplica Ganancias, aunque sea a la parte de ayuda económica, las mutuales no tenemos forma de compensar gastos, por eso decimos que es muy dañino”.
Citan el conocido ejemplo del Club San Jorge. Allí club y mutual tienen la misma personería jurídica. “El impacto es altísimo porque no dejan desgravar sueldos de profesores y otros gastos de sostenimiento de la actividad”.
Balance social positivo
Los dirigentes mutualistas se defienden con ejemplos concretos. Citan el caso de Villada, donde el único cajero del pueblo fue una inversión de la mutual, evitando que hay que ir a buscar dinero a Firmat. O cuando en las inundaciones de 2017 Nación, a través de Inaes, les pidió colocar préstamos a productores a tasa subsidiada y se reunieron 120 millones de pesos. Luego hubo otra colocación por 50 millones a pedido de la provincia.
“Habría que pensar cuánto dinero le significaría al Ministerio de Educación de la provincia acondicionar lugares para que los alumnos hagan educación física si no lo hicieran en los clubes de pueblos y ciudades, muchos de los cuales son sostenidos por mutuales”, citó de ejemplo Roberto Bereciartúa, histórico dirigente radical vinculado al asociativismo y asesor ad honorem en la Cámara de Diputados de la Nación.
La respuesta del gobierno
La respuesta del gobierno hasta ahora fue inconmovible. “En una charla que tuvimos con el entonces vicejefe de gabinete Mario Quintana nos dijo que no podíamos tener privilegios sobre el resto, sin contemplar nuestros argumentos sobre el impacto comunitario de la actividad y la contradicción que significa querer cobrar Ganancias a entidades que la ley dice que no pueden tener ganancias”, contó Bloch.
Otra línea argumentativa del gobierno es que detrás de las figuras de mutuales se esconden cuevas financieras y el cobro de tasas de interés usurarias. “Admitimos que existen, las denunciamos, pero el estado no hizo mucho por combatirlas” explicó Bloch.
También Bereciartúa se expresó en ese sentido: “Hay mutuales truchas, algunas muy importantes. El movimiento asociativo las denuncia. ¿Ahora el gobierno qué hace?: en lugar de ir y cerrarlas les quiere cobrar impuesto y dejar que sigan truchando”.
En lo que sí metió mano el gobierno a través de Ansés y Afip es en los famosos códigos de descuento automático que tienen algunas mutuales con la intención de limitar en aquellos casos donde teniendo muy bajo riesgo crediticio aplican tasas excesivas.
