Por Héctor Giuliano*

Bajo el ampuloso título de Reforma Previsional, el gobierno de Macri ha logrado la aprobación parlamentaria de una nueva fórmula de actualización de haberes jubilatorios –y beneficios sociales en general– que disminuye el aumento de los sectores pasivos de la economía.

Esto es una ley que permite la rebaja en los incrementos de los gastos sociales del Estado, a costa de los jubilados, como uno de los componentes centrales de la contención o baja del gasto público y del déficit fiscal.

La clave funcional del Proyecto de Ley (PL) aprobado –que ya había tenido la media sanción del Senado sin que se armara el alboroto que, en cambio, se desató con su tratamiento en Diputados– es lograr un ahorro del gasto público por concepto de gastos previsionales que compense, total o parcialmente, el incremento de los pagos que el Estado tiene que realizar en otros rubros, fundamentalmente en el crecimiento de los intereses de la deuda pública.

Concretamente, mientras el Presupuesto 2018 prevé un gasto de intereses a pagar por la deuda de 406.500 millones de pesos –que explican el 60% del déficit fiscal del año que viene, estimado en 681.800–; el saldo negativo neto del sistema previsional es menor que esa cifra: de unos 300.000, producto de erogaciones por 1,2 billones de pesos menos 900.000 de ingresos.

Esta disposición de rebaja o freno en el gasto social, a su vez, es parte de toda una batería de medidas en curso por parte de la administración Macri –algunas con necesidad de convalidación por el Poder Legislativo y Judicial– tendiente a materializar el plan de ajuste fiscal requerido por los acreedores de la deuda como condicionante para mantener el flujo permanente de nuevas colocaciones de bonos contra garantía de pago de sus intereses.

El logro de la aprobación parlamentaria de esta Reforma Previsional forma parte del paquete de medidas comprometido por el presidente Macri ante los acreedores y banqueros norteamericanos durante su viaje a Nueva York, a principios de noviembre pasado, apenas pasadas las elecciones durante cuya campaña notablemente tanto oficialismo como oposición política no sometieron a debate ninguna de las iniciativas que fueran sólo enunciadas por el gobierno de Cambiemos para después de los comicios.

Peor aún, el mismo gobierno – a través de su jefe de gabinete Marcos Peña – había desmentido durante agosto pasado en forma expresa las versiones de un proyecto de reforma previsional del Ejecutivo para después de los comicios de octubre.

Esto ratificó así un procedimiento perverso, admitido por toda la clase política, en el sentido que los asuntos de gobierno que tocan a problemas importantes en materia económico-financiera, social y política no son materia de información y mucho menos de debate ante la Opinión Pública antes que se produzcan.

El nudo de la cuestión

El nudo de la cuestión planteada por la nueva ley sancionada por el Congreso es el uso de la fórmula de actualización jubilatoria como variable de ajuste de los gastos previsionales, para disponer de más recursos y ser aplicados fundamentalmente a sufragar el aumento de los intereses de la deuda estatal.

En una suerte de reduccionismo no declarado, la administración Macri busca rebajar los nuevos aumentos jubilatorios y sociales encubriéndolo bajo el ropaje de reforma del sistema previsional para poder pagar más intereses.

Notablemente, un gobierno de línea liberal, que hace de la libertad de mercado una premisa doctrinal y fáctica de su permisividad frente a la inflación sin control de precios; sí se ocupa, en cambio, de controlar, regular y rebajar las remuneraciones del sector pasivo, siendo que para el liberalismo el salario es una mercancía.

Este planteo está radical y sustancialmente contrapuesto a la doctrina social de la Iglesia en materia de salario digno y va contra la lógica del derecho laboral y previsional argentino e internacional.

Probablemente no se encuentre entre los antecedentes cercanos – desde la rebaja salarial y jubilatoria del 13% bajo el gobierno De la Rúa, en julio de 2001– la aplicación de una medida formal tan agraviante como ésta que ahora ha convalidado el Congreso de la Nación, con el previo acuerdo de los gobernadores provinciales y de la mayor parte de la partidocracia con representación parlamentaria.

Perspectivas de la ley

Estrictamente hablando, la aprobación de la nueva ley de rebaja jubilatoria es un problema que no estaría terminado con su sanción.

  1. Está dentro de lo más probable que este instrumento legal dé lugar a una ola de demandas contra el Estado comparable a la del fallo Badaro y conexos.
  2. Deja abierto también el riesgo que el asunto pueda llevarse a tribunales internacionales por concepto de violación a los principios de retroactividad, progresividad y no regresividad contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (1969).
  3. Amenaza poner en juego la opinión de la Corte Suprema de Justicia contra el Ejecutivo ante las fundadas probabilidades de apelación por inconstitucionalidad contra la nueva ley del Congreso.

El nivel de torpeza que conlleva la ley anti-jubilatoria que acaba de aprobarse es previsible que genere problemas de muy difícil solución en materia jurídica, económico-social y política; y esto sólo se explica en función de la grave situación fiscal argentina existente y que el gobierno Macri –con la complicidad de gran parte de la oposición partidocrática y los grandes medios de difusión afines– se esfuerza en ocultar.

La ecuación de hierro de bajar los aumentos a los jubilados para ahorrarse fondos que serán aplicados al pago de mayores intereses de la deuda pública es una de las medidas más degradantes a las que pueda apelar un gobierno –y la clase política que lo apoya directa o indirectamente en tal gestión– para garantizar a los acreedores el pago de los servicios de la deuda.

Se estima que el ahorro por concepto de gasto previsional –que es la pérdida que sufren los jubilados y beneficiarios sociales en general– estaría entre los 60 y los 100.000 millones de pesos, según estimaciones preliminares (que sólo serían conocidas, en principio, cuando se tengan los datos del Presupuesto corregido para el 2018).

En el contexto de su política de gobernar con deuda, el presidente Macri, por razones de servidumbre y servilismo financiero, está tensando impolíticamente al máximo la cuerda con esta ley que contrapone la relación entre el sistema previsional y el servicio de la deuda del Estado.

*Licenciado en Administración y Finanzas y experto en Deuda Pública y Externa.