Por Carlos Duclos
La realidad no puede ser ocultada con verdades relativas ni subterfugios. Y esta realidad muestra una fase preocupante: la demanda de energía en el país bajó en todas las provincias. Esto significa en términos reales que ha bajado la producción industrial y que los usuarios comunes se está privando de consumir energía eléctrica porque simple y llanamente no pueden pagar el costo del servicio.
En la provincia de Buenos Aires, según un informe elaborado por el observatorio de datos de la Universidad Tecnológica Nacional con el Sindicato de Luz y Fuerza, la demanda cayó un 2,47 por ciento en la provincia de Buenos Aires; un 2,60 por ciento en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, más de un 10 por ciento en la provincia de Chubut, casi un uno por ciento en la provincia de Córdoba, en Mendoza la caída fue de 3,19 por ciento y en la provincia de Santa Fe fue más pronunciado: 4,21 por ciento.
Respecto de nuestra provincia, enclavada en una zona industrial, cabe decir que hace unas horas atrás trascendió una información muy preocupante: durante los meses de enero y febrero la demanda del consumo eléctrico cayó nada menos que alrededor de un 18 por ciento. Este indicador fue expuesto en una reunión importante de funcionarios de la EPE y si bien es posible que por diversas razones se relativice esta cifra, lo cierto es que el número fatal fue mencionado y generó preocupación no sólo en las autoridades de la empresa, sino en los trabajadores.
No es para menos, esta caída está indicando lo que se expresó anteriormente: la producción cae y la gente o se abstiene de asumir energía, o no puede pagar.
En este marco, el gobierno nacional debería rever una política inadecuada aplicada por el ministro Aranguren para las actuales circunstancias en las que se encuentra la sociedad argentina. La cirugía sin anestesia que se pretende hacer (para recordar la célebre frase de Carlos Menem) está causando no solo dolor, sino una sangría cuyos resultados o efectos pueden ser impredecibles.
En enero del año pasado, el megavatio para el usuario común o residencial costaba 31 pesos, en marzo de este año, y por la llamada política de sinceramiento, pasará a costar en este mes de marzo 640 pesos. Y para el sector industrial, aquello que hace un año costaba 100 pesos, pasará a costar más de 1.000.
La política de shock no siempre puede ser aplicada, la demanda de energía cae y esto indica que muchas cosas se están cayendo en el país. El gobierno nacional debería tomar nota.
