Un artículo de La Nación de enero de 2017 señala que, de acuerdo con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec en su informe sobre distribución del ingreso en el tercer trimestre de 2016, la mitad de los trabajadores argentinos gana menos de $8.000 por mes, cuando en esa fecha el salario mínimo era de $7.560. Esto indica que el 50% de nuestra población económicamente activa recibe salarios equivalentes al de los trabajadores chinos que han sufrido las peores condiciones laborales.

Sin embargo, las historias respectivas son exactamente inversas: de acuerdo a estimaciones propias en 1974, más del 90% de los trabajadores argentinos estaban en blanco y cubiertos por derechos sociales; con un 3% de desempleo; mientras la población en condiciones de pobreza rondaba el 6%; las obras sociales cubrían la salud; y una educación pública de calidad en todos sus niveles, garantizaba canales de ascenso social.

Desde los años ochenta, en China, cientos de millones sufrían condiciones de pobreza e indigencia, con salarios que no superaban 1 dólar diario, y los trabajadores inmigrantes campesinos eran sometidos a durísimas situaciones laborales. En la actualidad, esos trabajadores reciben un salario mínimo equivalente al salario mínimo que gana el 50% de nuestros trabajadores; y mientras en China la política es ir incrementando esos ingresos en porcentajes mayores a la inflación con el fin de fortalecer la demanda interna, en nuestro país la voz de mando es “bajar el costo laboral para ser competitivos”.

Sin ignorar lo que significa vivir bajo el “despotismo oriental” reinante en China, no nos cansamos de señalar que, en los mismos cuarenta años, en Argentina se destruyó el polo industrial ferroviario, el polo industrial naviero; el polo industrial aeronáutico; el polo petrolero; fabricaciones militares; el sistema nacional de ferrocarriles; la flota mercante y fluvial; el sistema público de educación primaria y secundaria; se pagaron 480.000 millones de dólares en intereses de una deuda fraudulenta; se perdieron 300.000 millones de dólares en renta petrolera; se pagaron unos 100.000 millones de dólares en fletes por la destrucción de las flotas; y, a modo de ejemplo entre otros escándalos similares, se entregó Somisa al Grupo Techint por 130 millones de dólares, cuando estaba valuada en 3.000 millones.

Sólo el 46% de los trabajadores están en blanco y con derechos sociales, el 54% -que ganan menos que el salario mínimo- están en negro o precarizados, mientras la pobreza e indigencia rondan el 35% de la población. Como una colonia del siglo XIX, exportamos a China soja y otros granos; aceites vegetales y animales; productos alimenticios con bajo valor agregado; animales vivos; tabaco; cueros y pieles.

Mientras los precios de las commodities han bajado sensiblemente y se acabó el “viento de cola” importamos maquinaria y equipos de transporte junto a una amplia gama de manufacturas. Son datos que no deben ignorarse en un debate acerca de nuestro futuro: ninguna sociedad que no haya sufrido una guerra en su territorio, ha sido sometida a un nivel similar de destrucción. Tal vez en un tiempo no muy lejano podamos proclamar “Argentina se ha puesto de pie”.