Por Dr. Luis M. Fernández Risso*

El Gobierno Nacional debió establecer, hace unos días, el procedimiento para poder solicitar posibles indemnizaciones para aquellas personas que hayan tenido consecuencias negativas en su salud tras aplicarse alguna de las vacunas contra el coronavirus. La medida fue publicada en la última actualización del Boletín Oficial.

En base a lo que establece la normativa, esta compensación partirá del Fondo de Reparación Covid-19, creado por decreto, y destinado a indemnizar a aquellas personas que recibieron una vacuna contra la enfermedad dentro del territorio nacional, en el marco del plan de vacunación aprobado por el Ministerio de Salud, y que «presenten un efecto adverso sobre su salud física como consecuencia directa de la vacuna».

Para tramitar la indemnización correspondiente, es necesario que la consecuencia haya sido previamente reportada mediante el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (Sisa) y evaluado por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales. Además, en la Resolución Conjunta 7/2022 (que lleva la firma de la ministra de Salud, Carla Vizzotti y del superintendente de Riesgos del Trabajo, Enrique Alberto Cossio) se especifica que los estudios médicos que avalen la consecuencia adversa de la vacuna anticovid, deben haber sido cargado en la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD). El cálculo de la suma a pagar en las indemnizaciones va a estar a cargo de la Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud. En el caso de muerte o incapacidad física total y permanente de la persona damnificada, la suma será de 240 jubilaciones mínimas. El total equivaldría a más de nueve millones de pesos según el último balance. Las indemnizaciones correspondientes a daños que no causen incapacidad física total o permanente se deberán valuar en forma directamente proporcional a esta suma de acuerdo con el porcentaje de incapacidad que determinen las comisiones médicas», aclararon desde la cartera sanitaria. Asimismo, informan que el pago de la indemnización prescribe tres años después de los efectos que haya generado la vacuna.

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Hasta el momento se desconoce la existencia de información sobre la cantidad de personas que habrían sido protagonistas de algún efecto secundario o permanente generado por la vacuna contra el covid-19, que comenzó a aplicarse a principios de 2021. Se trata de «una forma eficaz para compensar a las personas que pudieren sufrir, eventualmente, algún tipo de daño a raíz de la administración de una vacuna contra la COVID-19», agregaron en los considerandos de la norma.

Desde el inicio de la pandemia de la COVID 19, distintos profesionales que integrábamos, en esa época, una organización ad hoc: Epidemiólogos Argentinos Metadisciplinarios, cuestionamos, con datos epidemiológicos, el erróneo abordaje sanitario de la pandemia y alertamos a las autoridades de salud sobre los riesgos que podía ocasionar el uso de material genético experimental, como inoculante contra el SARCOV-2, a través de sus distintas plataformas.

Además, a mediados del año 2020, se envió información epidemiológica y médica, al respecto, tanto al Presidente de la Nación, como a los integrantes de ambas Cámaras legislativas, intentando evitar que se le otorgara, mediante ley nacional, inmunidad jurídica a los laboratorios que iban a producir dichos productos. No se atendió, no se debatió, ni se dio lugar a ninguno de estos cuestionamientos, ni a ninguna de las recomendaciones, tanto a nivel público como a nivel académico.

Durante un año, hubo un silencio casi absoluto, tanto de Colegios profesionales, como de sociedades médicas. Con el correr de los días, fueron ocurriendo cosas que demostraban que no estábamos tan equivocados: cierre inapropiado, desmesurado, prolongado, e inconstitucional; censura de opiniones médicas diferentes al discurso oficial y único; falta de información sobre el contenido del material a inocular; falta de controles sobre la correcta técnica de inoculación intramuscular; mezcla de inoculantes con distintas plataformas y de distintos fabricantes; etc.

Evidentemente esta medida resarcitoria, que consideramos justa, es la confesión de parte que releva de la prueba. Ya no se puede ocultar más el hecho de la aparición de reacciones adversas muy frecuentes, que la mayoría de los profesionales médicos estamos observando, algunas de ellas de carácter grave, luego de la utilización de este tipo de tecnología génica utilizada como vacunas. Ahora, el estado nacional reconoce, con esta medida, que con el dinero de los argentinos va a tener que hacerse cargo de este problema, mientras las empresas farmacéuticas están exentas de toda responsabilidad. Pero lo más preocupante es que esta medida que reconoce que las inoculaciones tienen serios riesgos, porque producen efectos adversos diversos (reconocidos incluso en informes de los laboratorios productores), se contrapone con la medida que promueve la vacunación, con estos mismos productos, a los niños menores de cinco años, siendo que esta población es de muy bajo riesgo de contagio y de padecer cuadros graves.

En este caso, la ecuación riesgo/beneficio no juega a favor de tal vacunación. ¿Cómo puede explicar la ministra Vizzotti esta contradicción? Es de esperar que los errores políticos y sanitarios cometidos, frente a este drama global y nacional, cuyo origen aún se desconoce, sean debidamente estudiados, de forma tal que la respuesta del estado, ante este tipo de contingencias (que pueden repetirse en el futuro), sea efectuada en otro marco institucional, el de la libertad, el respeto de la constitución nacional, el debate científico (transparente y fundado, entre pares), y el respeto por todos los saberes involucrados en tan delicado tema (geriatría, psiquiatría, inmunología, sociología, derecho, filosofía, estadística, etc.) saberes que no estuvieron representados en el comité ministerial de “expertos”  (en todas las jurisdicciones), que estuvo limitado solo al conocimiento infectológico. A la vista de lo ocurrido en el mundo, no me cabe ninguna duda que los países del mundo deben recuperar soberanía socio sanitaria, para poder aplicar políticas sensatas, acordes a sus particularidades nacionales, que estén fundadas en datos científicos ciertos y no en cientificismo (uso de la ciencia por parte del poder político y económico).

*Ex profesor de Geriatría de la UCA (Rosario)