l“El domingo hubo un cambio en la provincia de Santa Fe tan rotundo, tan rotundo, que no solo el gobierno provincial y la inmensa mayoría de las ciudades quedaron en manos de Unidos, sino que hubo por primera vez desde el 87 un cambio que nos da una mayoría nueva en el Senado de Santa Fe. Nuestros siete senadores ganaron, pero además ganamos seis senadores más. Esta nueva composición va a cambiar las reglas. No hay cobertura para nadie”.
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Pésima calidad institucional en Santa Fe. La mayoría automática de la Corte Suprema de Justicia Provincial, nuevamente, en un pronunciamiento vergonzoso protege al Senador Provincial Armando Traferri e impide que se consagre el principio Constitucional (sigue ????)
— Fabian Palo Oliver (@PaloOliver) August 19, 2022
Hace seis años dos fiscales de Rosario fueron desplazados de sus cargos cuando tenían la investigación de causas penales económicas contra cuatro senadores provinciales santafesinos por supuesto enriquecimiento. A dos meses de la radicación de esas causas penales, la Legislatura de Santa Fe, con dos leyes sucesivas, se facultó a sí misma para dirigir los procesos disciplinarios contra los fiscales provinciales de primera instancia, lo que hasta entonces era facultad del Poder Judicial. Uno de los fiscales que debía investigar a los senadores, Sebastián Narvaja, fue denunciado penalmente. La causa fue archivada por falta de delito. Una camarista laboral dijo, al declararla inconstitucional, que esa ley votada por unanimidad implicaba el control político de senadores y diputados sobre otro poder del Estado. La Corte Suprema revocó ese fallo y le dio la razón a la Legislatura.
Luego vino la larga batalla de los fiscales buscando que se declarase inconstitucional el artículo de la Constitución provincial de 1962 que da inmunidad de proceso a un legislador no desaforado. Un camarista le dio la razón a los fiscales, pero ante la apelación la Corte Suprema, por 5 votos a 1, ratificó la vigencia de ese artículo de la Constitución provincial, lo que convertía a Traferri en intocable, pese a que la Constitución nacional de 1994 y los tratados internacionales anticorrupción que suscribe Argentina no impiden investigar a un funcionario con fueros. Ese fallo fue cuestionado por el procurador de la Nación Eduardo Casal y ahora la Corte Suprema de la Nación debe pronunciarse.
Rafael Gutiérrez, el hombre fuerte de la Corte que ordena a la mayoría de sus pares.
Lo que resuelva el máximo tribunal del país pondrá como nunca bajo examen la probidad de la Corte santafesina, que ya sobrevivió, hace 16 años, a un test que devaluó su legitimidad política y jurídica. Fue cuando con la excepción de la única mujer del cuerpo, sus integrantes avalaron el oscuro proceso sin garantías contra el ex juez Carlos Fraticelli, condenado a perpetua por matar a su hija. El acusado estuvo cuatro años preso y su esposa seis. Tras la revisión del caso con un procedimiento imparcial la idea del homicidio no se sostuvo y ambos fueron absueltos.
Cuatro de los seis miembros de aquella Corte la siguen integrando. Rafael Gutiérrez, uno de los ministros más fuertes, es un hombre del peronismo que hace cuatro años hasta anunció su pretensión de postularse a gobernador. Su hijo homónimo es secretario legislativo del mismo Senado con el que tuvo una relación del todo estrecha.
Con mayoría en las dos Cámaras, a seis votos de los dos tercios de la Asamblea Legislativa, la coalición de Unidos no tiene dudas del futuro inminente de la cabeza de la Corte actual. Lo que asumen desde muy adentro del pullarismo es que en ningún otro escenario es más propicia la ocasión de que se vayan. Hay una primera observación, y es que la Corte no tiene reconocimiento de los jueces inferiores, que no hay ningún jurista de peso en su composición salvo el ministro Daniel Erbetta en materia penal y que el compromiso con el statu quo político y económico es de una visibilidad apabullante.
El ministro que marca diferencia a la hora de las votaciones. Daniel Erbetta es el presidente de la Corte en 2023.
La segunda cuestión que facilita un recambio es que cinco de los seis ministros ya cumplieron los 75 años que es el límite de la Constitución Nacional. La de la provincia pone como tope los 65 años. El citado Gutiérrez, María Angélica Gastaldi, Ricardo Netri, Eduardo Spuller y Roberto Falistocco pasaron la edad del retiro. Algunos como Gutiérrez ya tienen incluso su jubilación tramitada. Daniel Erbetta, que en general en los fallos aludidos votó en disidencia, tiene 70 años. La dificultad de la permanencia se afianza con el reciente fallo de la Corte nacional, que por unanimidad no aceptó el pedido de la jueza de la Cámara Nacional de Casación Penal Ana María Figueroa, quien el 9 de agosto cumplió los 75 años y no había conseguido acuerdo del Senado para permanecer en su cargo por cinco años más.
“No vamos a demorar porque la situación es muy grave como para derrochar tiempo. Necesitamos reformas normativas inmediatas para fiscalías, defensas y para el mapa judicial que implican cirugía mayor y vamos a meter mano rápido. No queremos que esta Corte se vaya en 2027 porque queremos cosechar frutos de lo que diseñamos en nuestra gestión. Cuatro años pasan en un suspiro”, dicen los asesores jurídicos de Pullaro.
Éstos recuerdan que parte de esta Corte es la que quiso declarar inconstitucional la reforma del sistema procesal penal impuesto por el cachetazo del fallo Fraticelli, que hubiera impedido el vigente modelo judicial con fiscales y defensores en procesos regidos por un juez imparcial. Y que ante semejante avalancha de legitimidad lo oportuno será pegar desde el primer minuto un disparo de advertencia.
El Poder Judicial de Santa Fé también necesita una reingeniería. Empezando por la Corte Suprema de Justicia
— Jorge Rosario Boasso (@jrboasso) September 20, 2023
Al expresarlo no son suaves. “Hay que darles la oportunidad a los ministros de que den ellos solos un paso al costado. Invitarlos a que se vayan por la puerta grande. Les ponemos una placa, un busto, les decimos que se vayan a disfrutar de las mieles de sus jubilaciones de millonarios. De alguna manera quedan porque varios acomodaron adentro a la familia entera”, dicen.
En el concebible caso de que no haya eco, el camino será el de la jubilación forzosa o el juicio político. “Pero no de manera gratuita sino explicando públicamente los costos que pagará toda la provincia por esa resistencia”.
No obstante, los compromisos con la Corte no están solamente en el peronismo. No pocos legisladores radicales, diputados y senadores, fueron parte de ese encofrado político. Lo que no torna automático que la nueva mayoría legislativa se vuelque de manera unánime y sin remilgos a cambiar a los ministros.
Otro caso reciente, revelador de la sincronía entre poderes estables y máximo tribunal, que el equipo de Pullaro siguió de cerca, es lo que hizo la Corte santafesina en la causa Petroquímica Capitán Bermúdez donde existió contaminación ambiental probada en 21 hectáreas en las napas freáticas de la zona y en la ribera del río. El dueño de Petroquímica entonces era Sergio Taselli, uno de los empresarios que se hizo conocido a partir de los 90 por el desguace de empresas que habían sido del Estado, al que sin explicación el destituido fiscal regional de Rosario Patricio Serjal ordenó no perseguir. El juez Carlos Gazza revisó en una audiencia esa falta de lógica y ordenó un nuevo juicio. Los abogados de Taselli pidieron a la Corte que interviniera. Y de una manera completamente inédita, sin que exista sentencia definitiva o gravamen irreparable a los acusados, los máximos jueces provinciales en forma dividida lo admitieron.
AHORA. Citan a imputativa a Patricio Serjal por otra causa: no avanzar en la investigación por contaminación contra la ex petroquímica Electroclor de Capitán Bermúdez. Junto a él quedó involucrado el ex fiscal adjunto de la IGPJ, Gustavo Luzzini. Audiencia el 23/12 en San Lorenzo
— Hernán Funes (@HernanFunes) December 17, 2020
La Corte no solo hizo eso. Como hubo un empate tres a tres entre los seis miembros convocaron a un juez ah hoc para desnivelar. Sin notificar a la fiscalía sobre la situación de empate, ni sobre el sorteo de ese magistrado ad hoc, ni el mecanismo de su selección. Se notificó recién con la firma de ese juez de una resolución favorable al reclamo de Taselli.
Desde adentro del Poder Judicial se ven venir la iniciativa del bandazo pero no imaginan que Unidos para Cambiar Santa Fe, aupado por lo holgado su victoria electoral, vaya por una renovación total. Imaginan que el planteo de relevar a todos vaya a ser el inicio de un tironeo: en lugar de ir por cinco o seis ministros, arrancar una negociación que deje el rediseño en la mitad. Cerca del gobernador electo remarcan una frase de Pullaro al respecto. “No tienen motivos jurídicos ni edad para quedarse. Y yo no tengo compromisos con nadie”.
