En la sesión especial convocada por Juntos por el Cambio, eliminaron el tope en el aumento de los alquileres, bajaron de 3 a 2 años la duración de los contratos, y de 12 a 4 meses su actualización en base a un índice pactado entre las partes. El nuevo texto fue girado al Senado para su tratamiento.
La principal coalición opositora consiguió que avance su propuesta con el apoyo de los diputados de Córdoba Federal, de Identidad Bonaerense, del interbloque Provincias Unidas y del bloque SER. Tanto Mónica Fein como Enrique Estévez, se encargaron de brindar el quorum necesario para después abstenerse en la votación, mientras que Marcos Cleri y Roberto Mirabella estuvieron ausentes, todos ellos de una u otra manera, fueron funcionales al lobby inmobiliario.
El Frente de Todos, el Frente de Izquierda y también La Libertad Avanza votaron en contra. En el caso del bloque liderado por Javier Milei, se debió a que están decididamente en contra de cualquier tipo de regulación del mercado de alquileres inmobiliarios.
La media sanción al proyecto de reforma de la ley de alquileres, significó para los mas de 10 millones de inquilinos, un nuevo mazazo del envalentonado mercado inmobiliario. Mientras que en los principales países del mundo el estado no duda en intervenir para ponerle un cepo a la especulación inmobiliaria, en Argentina se abandona a suerte a quienes no pueden gozar con un derecho básico como es el acceso a una vivienda digna. Una demostración concreta que se gobierna y legisla para tan solo un puñado de habitantes y distintas corporaciones.
Sobre la media sanción de una reforma a la medida del mercado inmobiliario, Ariel D’Orazio fue contundente: “La responsabilidad máxima es de los legisladores, en la sesión quienes fueron ovacionados por los corredores inmobiliarios presentes, fueron Enrique Estévez y Mónica Fein, quienes garantizaron el quorum para el tratamiento de la reforma. Es evidente que algunos no pueden sacar el pie del plato por las alianzas territoriales que han hecho, con un corrimiento terrible hacia la derecha y en contra de los sectores populares, y que ha quedado reflejado en esta votación”.
Con 125 votos a favor contra 112 en contra, reduce el plazo de los contratos de 3 a 2 años y establece que la actualización de los montos sea cada cuatro meses en base a un índice pactado entre las partes. “Lo que sucedió el miércoles en la Cámara de diputados fue una tragedia, nos instalaron desde los medios masivos de que la ley vigente era perjudicial para ambas partes. Para que quede claro los empleados, porque son empleados del mercado inmobiliario, optaron por perjudicar solo a los inquilinos y dijeron vamos a avanzar con esta media sanción que va a acelerar los procesos de aumentos en todos los sentidos”, indicó D’Orazio.
