Vuelven a la carga. Los legisladores que presentaron un amparo judicial en febrero contra la quita de subsidios al transporte público en el Interior ampliaron hoy su postura ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
Los legisladores se opusieron a la eliminación del Fondo Compensador del transporte para el interior del país tras el DNU 280/2024 por parte del Ejecutivo Nacional el 27 de marzo pasado.
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En diálogo con Conclusión, el diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Toniolli señaló: “El miércoles pasado el Ejecutivo ha dictado un DNU donde pretende darle alguna pátina de legalidad a esta decisión que nosotros decimos es inconstitucional, sobre todo por la vía que se ha elegido y venimos a aportar estos nuevos elementos y a pedirle a la Cámara Federal de Apelaciones premura porque el boleto ha pasado a estar a 700 pesos en Rosario”.
“En consecuencia, la lógica que se va a instalar es que los gobiernos provinciales y municipales van a terminar trasladando el aumento de los costos del sostenimiento del sistema al usuario y esto es un problema para el usuario y también para el mismo sistema que empieza de a poco a destruirse porque va a tener cada día menos pasajeros”, alertó.
Asimismo, Toniolli lamentó que haya prioridades sobre Buenos Aires para con el resto de las provincias. “En AMBA sigue el subsidio y se sigue cobrando el impuesto a los combustibles con el que se sostiene esta política de subsidios, mientras que en el interior no, es un gobierno profundamente antifederal”, disparó.
“Esperamos que haya algún tipo de respuesta, y exigimos a los gobiernos municipales y provinciales, al de Rosario y al de la provincia de Santa Fe, que hagan lo mismo que hicieron otros gobernadores, intendentes, ir a la justicia. Y luego, pedimos también a los sectores políticos que todavía hoy siguen sosteniendo con su silencio todos estos DNU que están esquilmando a los argentinos, que los están llevando a situaciones desesperantes en materia económica, pedimos que aporten sus voluntades para poder frenar los DNU”, enfatizó el diputado por el Frente de Todos.
La iniciativa es acompañada también por legisladores provinciales como Lucila De Ponti y concejales como Juan Monteverde, Mariano Romero, Norma López, Caren Tepp, Jesica Pellegrini y Julián Ferrero.
“Acá estamos otra vez haciendo lo que deberían hacer los que gobiernan. Tanto el intendente como el gobernador, ante este golpe al transporte de la ciudad, y recordemos que Rosario está viviendo una profunda crisis de seguridad, no tienen una actitud proactiva, entonces ¿cómo encontramos alternativas ante estas políticas nacionales?”, se preguntó Monteverde indignado.
En ese sentido, explicó que están intentando “buscarle la vuelta tanto en la Justicia para frenarlo como en el Concejo para buscar recursos de otro lado y en la Legislatura para que el impacto y la crisis no las pague siempre el usuario”.
“Lo que encontramos por parte del intendente fue una postura totalmente pasiva, ni siquiera sentarse a discutir con la oposición las alternativas que eran muy concretas, muy viables. Los que gobiernan no solamente están pasivos ante la realidad, sino que tienen miedo de criticar las políticas del gobierno nacional. Se prioriza el interés de la carrera política por sobre el interés de la gente, sino no se explica que el intendente Javkin no critique la política nacional cuando son todas perjudiciales para la ciudad de Rosario”, disparó.
Finalmente, la concejala Caren Tepp dijo a este medio que «es decisión del gobierno municipal alinearse a la política nacional y trasladar todos los costos del funcionamiento, aún con estos hechos injustos e ilegales, al usuario».
«Las informaciones públicas que tenemos es que cada vez se bajan más pasajeros del transporte público. Si a esto se le suma también la crisis de violencia que vive nuestra ciudad, sin lugar a dudas cada vez más personas empiezan a buscar otras alternativas, que es bajarse de colectivo, que es lo peor que nos puede pasar«, cerró preocupada.
Con esta ampliación se busca frenar la eliminación de los subsidios nacionales al transporte de pasajeros del interior del país y se intenta obligar al Poder Ejecutivo Nacional y a los amparistas a conformar un comité de emergencia junto a la Defensoría del Pueblo de la Nación, el Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, para buscar soluciones consensuadas a la crisis del transporte público.
