Este martes la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó por unanimidad el pedido de recursos del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que fuera solicitado por el mismo ante los legisladores de la comisión de Libertad de expresión de la Cámara de Diputados días atrás, para la continuidad de la causa en la que investiga al “falso abogado” Marcelo D’Alessio y al fiscal Carlos Stornelli, entre otros, por espionaje ilegal y extorsión.

La medida se conoce un día después de que el Gobierno formalizara el pedido de destitución del juez ante el Concejo de la Magistratura, a través de un escrito presentado por el consejero por el oficialismo Juan Bautista Mahiquez, tras una orden directa del ministro de Justicia German Garavano, luego de que el mismo presidente de la Nación, Mauricio Macri, apuntara contra Ramos Padilla.

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«Autorizar la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura suscribir, partir del día de la fecha hasta el 31 de mayo del corriente año, los contratos favor de (dos) agentes -cuyas categorías presupuestarias continuación se detallan- para desempeñarse en el Juzgado Federal de Dolores. Secretario de juzgado Jefe de despacho», expresa la acordada firmada por los cinco “supremos”.

Los cargos son los de un secretario y un jefe de despacho. El gasto de las contrataciones correrá por cuenta del presupuesto en curso del poder judicial, a menos que las personas designadas sean de planta permanente de la justicia, en cuyo caso tendrán licencia sin goce de sueldo en sus anteriores funciones. También le asignaron un vehículo.

A la par se realizó este martes el acto de inauguración del año judicial, encabezado por el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, y al que asistieron jueces y fiscales del resto del país, a los que se sumó ministro de Justicia, Germán Garavano. «Nos parece bien que si un juez está en funciones reciba el apoyo que deba recibir», puntualizó el funcionario, que anteriormente había cuestionado a Ramos Padilla.

Confianza frágil

En el discurso de apertura del año judicial, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, admitió que «los argentinos están perdiendo la confianza en el Poder Judicial» pero afirmó que «se está a tiempo de revertir esa crisis de legitimidad» si se respetan «puntillosamente» las reglas.

El magistrado subrayó que «ser jueces no es un privilegio» sino que están «para servir a la ciudadanía con el derecho», al disertar ante los restantes miembros de la Corte.

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En ese sentido, el presidente de la Corte pidió que el esfuerzo sea «colectivo» y reclamó «una línea de continuidad» en la labor de los magistrados, porque «cualquier claudicación» en lo que calificó como «un camino largo» servirá a que se diga que «en los jueces no se puede confiar».

«Para ser coherentes se paga un precio alto», expresó Rosenkrantz y opinó que en un pleito «no importa quien gana, sino que el resultado venga por razones que lo justifiquen».

Rosenkrantz pronunció su discurso de media hora en un auditorio que reunió al jefe del gremio de los judiciales Julio Piumato, el ministro Germán Garavano y los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti, la actual vicepresidenta del cuerpo, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.

En su discurso, el presidente de la Corte planteó que «la confianza es un bien frágil» que «una vez rota es difícil de recuperar», aunque señaló que eso «es posible» para lo cual «hay que prescindir de estridencias y personalismos».

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Rosenkrantz consideró que «la magistratura debe poder evaluarse» para que se compruebe que «lo que hacemos responde a reglas claras» y, en tal sentido, mencionó tres medidas (digitalización de expedientes, creación de agenda de causas trascendentes y proyecto para compras y contrataciones de la Corte) que «muestran nuestro compromiso».

El presidente de la Corte se mostró esperanzado y reveló que tenía «una convicción profunda» porque en el caso de los jueces, ponderó, «la enorme mayoría trabaja con ahínco y quiere estar a la altura de sus responsabilidades».