Por Alejandro Maidana
“Nuestro silencio no ocurre porque nos neguemos a contar lo sucedido desde la llegada de los blancos, sino porque aplacaron nuestra voz para que no se escuchara. Pero hoy el hombre blanco tiene mucho que aprender y sobre todo, dejar que nos expresemos como nosotros sabemos sin imponernos nada. El dice que nosotros no sabemos, pero lo que pasa es que nunca quiso escucharnos”. Libro Napa`lpí la voz de la sangre (Itaxayaxac yi ntago`q), de Qataq Juan Chico y Quomlashe Mario Fernández, del Pueblo Qom.
La historia busca redimirse, quizás sea solo una mueca, tal vez un amago, pero los tiempos de opresión, persecución, esclavismo y criminalización para con los pueblos preexistentes del norte Salteño, parece haber tenido un viraje que con seguridad servirá de ariete para abrir las puertas a otras conquistas.
La resistencia digna, la insistencia estoica, un camino plagado de espinas transitado en carne viva con la bandera de la memoria como estandarte. Las distintas campañas iniciadas hace un puñado décadas, no han cesado en absoluto, y apoyadas en el rancio argumento del progreso, han consolidado su camino devastando culturas y engrillando libertades.
El norte feudal y desmontado, empujado por un latifundio voraz que avanza arrasando con todo a su paso, condicionó los días de aquellos que lejos de amilanarse ante tamaña demostración de poder, siguieron exigiendo los derechos cercenados. Rebrotando como la semilla, firmes como el roble y duros como el lapacho, los pueblos indígenas siguen avanzando en silencio, sin estridencias pero de manera sostenida.
Un fallo que sienta un precedente notable, un hito que empuja a profundizar la devolución de tierras
El jueves 2 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública su sentencia en el caso “Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina”. En su fallo dice que los pueblos Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete) tienen derecho a su propiedad ancestral en el norte de Salta y a un título único para las 400 mil hectáreas que abarcan los ex lotes fiscales 55 y 14 del departamento Rivadavia, y establece plazos para su cumplimiento.
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El Estado argentino violó, además, una serie de derechos: no generó los mecanismos para garantizar el derecho de propiedad comunitaria, no les dio un título real y efectivo, sin subdivisiones internas, no consultó a las comunidades cuando hizo modificaciones en sus territorios. Después de más de 20 años de litigio, la Corte Interamericana dio la razón a la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat en el reclamo que le inició al Estado en 1998 con patrocinio del CELS.
La Corte IDH (Internacional de Derechos Humanos) destaca que los cambios en la forma de vida de las comunidades y su identidad cultural están relacionados con la interferencia en su territorio producidas por actividades ajenas a sus costumbres tradicionales. Esta interferencia incidió en el modo tradicional de alimentación de las comunidades indígenas y en el acceso al agua. Por esta razón, por primera vez fijó estándares sobre el derecho al agua, a la alimentación y a un ambiente sano.
La diligencia exigida podría dar respuesta a la emergencia sanitaria que sufren las comunidades y que ya provocó varias muertes por desnutrición este año. Junto a Lhaka Honhat pedimos al Estado nacional y provincial su intervención en febrero. Subrayamos la relación entre el reclamo territorial de las poblaciones y la ausencia de políticas eficaces de protección que, en esta época de pandemia, se agudizan.
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El fallo marca un hito importante para la lucha de los pueblos originarios por sus derechos, ya que es la primera vez que la Corte dicta una sentencia sobre la propiedad ancestral en nuestro país y que se pronuncia por una disputa territorial de esas dimensiones.
Un reclamo de 36 años
Desde 1984 estas comunidades que reúnen más de diez mil personas reclaman el reconocimiento y la titulación de sus tierras ancestrales, en la provincia de Salta. Durante años se vieron forzadas a modificar sus usos y costumbres por el asentamiento de familias criollas, el pastoreo en sus territorios, los alambrados y la tala ilegal.
Desde hace décadas piden un título único sin subdivisiones internas a nombre de todas las comunidades indígenas que habitan los ex lotes fiscales 55 y 14 del departamento Rivadavia. Ante la falta de respuesta del Estado argentino, en 1998 la Asociación Lhaka Honhat, con el patrocinio del CELS, hizo una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2012, la Comisión Interamericana dictó su informe de fondo, en el que declaró la violación de los derechos de las comunidades y dispuso las reparaciones correspondientes. El incumplimiento del Estado determinó que el caso fuera presentado en 2019 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Con la intención de profundizar sobre los detalles del fallo, Conclusión dialogó con Ana Álvarez, coordinadora de la Asociana (Fundación Asociana), institución que acompaña a nivel local desde hace muchos años, a la organización Lhaka Honhat. “El fallo y la sentencia son muy extensos y llevará tiempo de interpretación para los líderes locales que impulsaron esta última etapa de lucha que recorrió 20 años. Estos últimos dos años fueron de mucho movimiento en la Comisión de DDHH y en la Corte Interamericana, tenemos que comprender que en tiempos de reclusión cuesta muchos más interactuar personalmente para conocer las sensaciones sobre el fallo en comunidad y a través de asambleas en la organización la Lhaka Honhat.
Un fallo histórico que consolida un precedente sumamente valioso para otras comunidades indígenas en lucha. “El jueves 2 de abril la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública su sentencia condenando al Estado argentino por violar una serie de derechos a las comunidades que habitan los ex lotes fiscales 55 y 14 del extremo noreste de Salta que limita con Bolivia y Paraguay. Allí habitan numerosas comunidades que se encuentran en un territorio de más de medio millón de hectáreas, a las cuales se les reconoció un título único de más de 400.000 hectáreas de los conocidos ex lotes fiscales 55 y 14”, indicó.
Una sentencia que surgió en 2020 pero que lleva décadas de un insistente y legítimo reclamo. “Esta sentencia favorable si bien surgió en el mes de febrero en Costa Rica, la Corte solicitó un tiempo para poder confeccionar el texto completo de la misma, algo que llevó prácticamente 2 meses, dándose a conocer el pasado 2 abril a través de una comunicación con los abogados peticionarios de la organización y al CELS. Luego fue comunicada a la Asociación de las Comunidades Indígenas Lhaka Honhat a través de sus líderes. Claramente este fue impacto muy grande y muy bien recibido por distintos equipos legales y comunidades de diferentes regiones de América”.
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Si bien el contexto es sumamente atípico, producto de la pandemia que estamos atravesando como sociedad, el aislamiento obligatorio no frenó la sensación desbordante de felicidad. “Alegría y satisfacción fueron las sensaciones que atravesaron a las comunidades al recibir esta tan esperada noticia. El conformismo fue mayúsculo, y el mismo pudo reflejarse en distintas radios locales, ya que no se pudo constituir una asamblea producto del aislamiento obligatorio. En la sentencia se condena al Estado para que en un plazo de 6 años pueda delimitar, demarcar y terminar de entregar, un título único de tierras sin subdivisiones y fragmentaciones para todas las comunidades que habitan este territorio.
Un camino que deberá transitar una serie de movimientos territoriales coordinados con distintos actores sociales. “El Estado también deberá garantizar el traslado de pobladores criollos que tienen ganado y por ende derecho a tierra por posesión veinteñal, fuera del territorio indígena pero en tierras ya reservadas para los mismos dentro de los ex lotes fiscales 55 y 14. Se ordena también a remover los alambres, y frenar todo emprendimiento que puedan surgir dentro de esas tierras sin ser previamente aprobadas por esas comunidades. Esto último es muy importante, dado que las tierras se encuentran en la triple frontera, y allí hay un paso a Paraguay junto a un corredor bioceánico que ocupan prácticamente de manera completa las tierras indígenas. También ha sido zona de prospección petrolera y todas estas acciones se han llevado a cabo sin el consentimiento de las comunidades indígenas de la zona. Es importante recalcar este punto, ya que todo emprendimiento que se piense para ese territorio, deberá ser aprobado previamente por las comunidades que lo habitan, un hecho sin dudas trascendental, sostuvo Ana Álvarez.
Si bien el paso dado es de enormes proporciones, aún quedan por debatir en profundidad una serie de medidas legales de suma importancia. “La Corte también le exige al Estado que adopte medidas legislativas o de otro carácter, para dotar de seguridad jurídica a la propiedad comunitaria indígena. Esto es algo que muchas organizaciones indígenas del país vienen reclamando hace tiempo, sobre todo después de la reforma del código civil, donde no se incluyó la propiedad comunitaria indígena y se la dejó reservada para tratarla en una ley posterior que aún no fue debatida. Esto sienta un precedente importantísimo para las luchas de las distintas organizaciones en su afán por lograr el reconocimiento de una ley comunitaria de propiedad indígena. Más allá del impacto que pueda tener este fallo en otras comunidades indígenas de toda la región, así como la Lhaka Honhat pudo aprovechar otras sentencias como las de Paraguay y Nicaragua para argumentar en su favor, lo mismo sucederá de aquí en más.
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Se avecina un desafió que debe trocar incertidumbre por más compromiso, ya que el mismo puede resultar un faro para las muchas reivindicaciones existentes. “El desafío de lo que se avecina en torno al recupero del territorio es muy importante, ya que son decenas las familias criollas con su ganado que deberán ser trasladas a otros puntos reasignados con un título propio. Si bien ya existen familias con títulos propios y territorios demarcados, muchas otras aún deben negociar y profundizar el diálogo al respecto. También se va a requerir de inversión pública para trasladar todo el sistema productivo de las familias ganaderas, ya que éstas requieren el acceso al agua e instalación de pasturas y alambrado, debemos recordar que acá hay más de 100 años de sobrepastoreo, de 60 mil cabezas de ganado deambulando y alimentándose del monte chaqueño y en este rincón de Salta que ha empujado a un proceso de degradación muy grande. Esta es una de las argumentaciones más grandes que han llevado adelante las distintas comunidades, ya que han visto que sus recursos de vida han disminuido enormemente , por ello no podrán hacer el uso del monte como si lo hacían los ancianos tiempo atrás, ya que el ganado se ha apropiado de él sin restricciones”, enfatizó la coordinadora de la Asociana.
Un reclamo que primeramente sentó las bases de un diálogo tan horizontal como necesario entre el campesinado criollo y las comunidades indígenas. “Es preciso aclarar que esto no ha sido un proceso de reivindicación jurídica, no ha sido solo una denuncia que se ha presentado en la Comisión para luego pasar a la Corte Interamericana, ni en sus instancias anteriores en la justicia a nivel provincial y nacional, sino que ha sido acompañada por todo un proceso político de negociación con las familias criollas con derechos, es decir, que todos estos avances responden a una minuciosa organización de los territorios. Veinte años atrás no existía organización campesina alguna con la cual Lhaka Honhat pudiera dialogar, los acuerdos de base han empujado estos importantísimos avances. Ha sido un proceso de conocimientos de los propios derechos, tanto a nivel de las familias criollas, como la de las distintas comunidades. El reconocimiento de las distintas formas de vida, con anclaje en lo cultural, se ha constituido en un verdadero modelo a imitar por otros pueblos”.
Una lucha iniciada por los abuelos que siguió de manera comprometida por quiénes hoy gozan de un hito histórico para esta parte del continente. “Sin dudas ha sido el diálogo la base fundamental en donde se construyó un ejemplo único en toda América, el texto de la misma sentencia así lo refiere. En la zona hay luchas que comenzaron los abuelos, lamentablemente muchos de ellos ya no están. Las charlas con los distintos gobernadores y diversas gestiones, han servido como combustible para las distintas generaciones. En este punto es imprescindible rescatar la coherencia en el pensamiento de las organizaciones que integran Lahka Honhat, que tiene 30 años de vida y que se ha esforzado en explicar esa solicitud al mundo no indígena. El porqué de un titulo único, el porqué del no a las subdivisiones, entonces muchos de los mayores que han conseguido este logro, que han viajado, tienen el nuevo desafío de transmitirle a las nuevas generaciones todo el trabajo realizado y el porqué van a poder gozar nuevamente de sus tierras”.
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Torcerle el brazo al Estado usurpador, eso fue lo que hizo Lhaka Honhat después de décadas de reivindicaciones legitimadas por la historia. “En el camino se tuvo que enfrentar posiciones negativas y frenos por parte del gobierno provincial, inclusive en el año 2005 se convocó a un referéndum consultándole a toda la gente del departamento Rivadavia, inclusive a aquellas que no vivían en los antiguos lotes fiscales 55 y 14. Es por ello, que la importancia de haber sostenido la unión y el tesón más allá de las operaciones políticas y mediáticas, han sido fundamentales. Los próximos años impulsan un enorme desafío que será seguido de cerca por la Corte Interamericana para la implementación de su sentencia, queda mucho trabajo por delante. Son muchos los sectores involucrados que apoyan y han podido acompañar desde el patrocinio legal, hasta distintos estudios antropológicos, pasando por distintas personas solidarias y conscientes tanto de Argentina como de otros países”, concluyó Ana Álvarez.
