No es un día más para los habitantes de Santa Fe capital. Es que hoy, como cada 29 de abril desde hace 12 años, se recuerda la trágica inundación que causó la muerte de 158 personas en lo que fue catalogado como un «crimen hídrico». Así, organizaciones sociales y de Derechos Humanos conmemorarán hoy un nuevo aniversario del inicio de esta catástrofe por el desborde del río Salado que anegó un tercio de la ciudad y por el que responsabilizan al entonces gobernador y hoy senador Carlos Reutemann, entre otras autoridades.
Voceros de la Asamblea de Inundados indicaron que, además del acto de recordación, «será un pedido de Justicia para que se juzgue a los responsables, y de reparación integral para las víctimas» de lo que denominan «un crimen hídrico».
El 29 de abril de 2003 las aguas del río Salado ingresaron abruptamente por un sector inconcluso del terraplén de defensa, en inmediaciones del hipódromo, lo que causó estragos en un tercio de la ciudad, especialmente en los barrios situados al sur, oeste y norte.
Sobre las víctimas fatales, el gobierno santafesino a cargo en 2003 del actual senador Reutemann reconoció un listado oficial de 23 muertos, aunque posteriormente la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe elevó esa cifra a 158, incluidas las personas fallecidas por causas vinculadas a la crecida y que fueron denominadas «secueladas», según la agencia de noticias Télam.
Sobre el expediente judicial, están imputados por estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas el ex intendente de Santa Fe, Marcelo Álvarez; el ex ministro de Obras Públicas provincial Edgardo Berli, y el ex director de Hidráulica provincial, Ricardo Fratti.
En la causa no está imputado Reutemann, pese a que incluye 35 testimonios, entre ellos los de los peritos oficiales, que señalan que el agua ingresó por una defensa inconclusa -aunque inaugurada en un acto oficial- y que la orden de evacuación debió ser dada como mínimo un día antes.
Jorge Castro, uno de los actores civiles de la causa, señaló días atrás que «hay material probatorio suficiente para iniciar una causa paralela y poder pedir el desafuero y llamar a indagatoria a Carlos Reutemann».
A fines de marzo pasado la causa contra los tres ex funcionarios volvió al Juzgado de Sentencia a cargo del magistrado Cristian Fiz.
Esto ocurrió gracias a que la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, integrada por Roberto Prieu Mántaras, Roberto Reyes y Jaquelina Balangione, rechazó un recurso de «inconstitucionalidad» presentado por el ex intendente Álvarez.
Los representantes legales de Álvarez ganaron casi un año de tiempo al presentar una queja contra una decisión del juez Fiz de rechazar un pedido de prescripción de la causa.
Los camaristas avalaron el criterio del magistrado acerca de la no prescripción del proceso y sostuvieron que es necesario que se dicte sentencia «sin más dilaciones».
Además del material testimonial que obra en la causa, una de las pruebas fundamentales es el contenido de la pericia oficial elaborada por los ingenieros Jorge Bacchiega, Juan Carlos Bertoni y Jorge Maza, a fin de contestar 17 preguntas del juez de la causa, 4 del fiscal y 5 del actor civil.
En el escrito se señala que el agua ingresó ante «la inexistencia de un cierre integral de la región Oeste-Norte que permitiera cerrar el anillo de defensa con una cota tal que brindara un nivel de protección homogéneo a todos los sectores de la ciudad».
Otro de los puntos salientes pone énfasis en la «errónea concepción del proyecto de terminación del tramo II (de la defensa) y la previsión de una medida de cierre de emergencia de difícil ejecución una vez configurada ésta última».
Esa obra de defensa fue licitada durante la primera gobernación de Reutemann e inaugurada durante la primera gestión del ex gobernador Jorge Obeid, aunque de manera inconclusa, ya que se construyeron sólo dos de los tres tramos y por el faltante ingresó el grueso del agua del Salado.
Para la pericia oficial, «en caso de haberse culminado con el cierre de la defensa, no se hubiera producido el ingreso de las aguas de la forma abrupta e incontrolada como efectivamente ocurrió».
Otro punto importante para evaluar la responsabilidad de los funcionarios públicos es la imprevisión respecto a un plan de evacuación que hubiese impedido víctimas mortales.
Sobre ese particular, la pericia concluyó que hubo «inexistencia de un sistema de alerta debidamente organizado y la falta de un Plan de Contingencia que hubiera asignado roles y medidas adecuadas a tomar una vez que el agua ingresó a la ciudad».
El informe también habla de «retrasos con los que se tomaron las medidas de emergencia preventivas y no estructurales durante el evento, vinculadas principalmente a la falta de planificación que dio lugar a una fuerte desorganización en el accionar de las autoridades».
Para la pericia oficial, «el día 28 (de abril) se contaba con elementos suficientes como para disponer la evacuación masiva de la población ubicada al sur de la autopista (Santa Fe-Rosario), además de aquella que ya se encontraba anegada al norte de la misma».
