Un docente del Instituto Politécnico Superior de Rosario fue imputado por tenencia de material pornográfico infantil, luego de haber manipulado los aparatos celulares de sus alumnos con el fin de obtener fotos íntimas de las menores, según consignó el Ministerio Público de la Acusación.

La audiencia imputativa al profesor de 38 años se realizó este jueves a la mañana en la Sala 3 de la Oficina de Gestión Judicial del Centro de Justicia Penal de Rosario.

Conclusión pudo dialogar con la secretaria general de Coad, Laura Ferrer Varela, sobre los hechos en cuestión.

«Nosotros tomamos conocimiento de esto hace aproximadamente un mes por el centro de estudiantes del Politécnico, que se acercaron a ex estudiantes que tenían estas denuncias para realizar. Nosotros los acompañamos y pedimos que se los protegiera», dijo la gremialista.

Y agregó: «Hoy vamos a tratar en el gremio las actitudes a tomar, pero ya les solicitamos a la directora del Politécnico que haga correr los protocolos de violencia de género, que plantean la separación de las tareas que realiza hasta que se demuestre si es culpable o inocente».

«Por supuesto creemos en las denuncias y vamos a acompañar el accionar de ellos. Nos sorprendió mucho el caso, no teníamos ninguna denuncia con anterioridad y no pensábamos que podía estar implicado en algo así, nos impactó la noticia», reconoció Ferrer Varela.

La gremialista concluyó diciendo que «sabemos que hubo mucho material secuestrado que ahora está en el sumario y seguirá en el curso de la justicia, lo que sí tenemos es lo que pasó en la audiencia imputativa y en ella no negaron nada, sino que al contrario, aceptaron los cargos».

La Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual imputó al docente por manipular los elementos tecnológicos hacia sus alumnas, con la excusa de que debía revisar el software de los dispositivos con el objetivo de hackearlos y tener acceso a las fotografías que almacenaban en los mismos.

El imputado fue aprehendido por personal policial en su domicilio a raíz de allanamientos realizados en el marco de la investigación. El juez de primera instancia Rodolfo Zvala aceptó la calificación presentada por la Fiscalía y dictó la libertad del imputado con firma semanal ante la Oficina de Gestión Judicial, prohibición de salidas del país y prohibición de acercamiento hacia las víctimas.