“Repudiamos el desembarco de Uber en la provincia de Santa Fe, una empresa multinacional en donde sus CEOs están procesados por evasión fiscal agravada y no pueden salir del país, también repudiamos el lobby de la concejala María Eugenia Schmuck que promueve a través de una campaña de prensa muy agresiva la instalación de esta mega remisería trucha”.

La tajante declaración corresponde a Fernando Amici, presidente de la Asociación de Titulares de Taxis y Remises, a raíz de la insistencia por parte de la concejala radical-progresista en discutir un proyecto de su autoría para regular el uso de la globalmente popular aplicación de transporte privado.

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La iniciativa data originalmente de julio, cuando en pleno receso invernal del órgano legislativo local, Schmuck planteó la necesidad de regular el uso de estas plataformas para evitar que se impongan clandestinamente, a la vez que para “mejorar el transporte urbano”.

“Estas plataformas digitales se imponen por su uso. Regularlas es una actitud inteligente que protege el trabajo, evita competencia desleal y mejora el servicio”, es el argumento que repite la edila de la UCR que integra el Frente Progresista Cívico y Social.

El expediente está cajoneado desde mitad de año, cuando fue presentado, luego de las estridentes manifestaciones desde agrupaciones que nuclean a peones y titulares de taxis en la ciudad que se opusieron al desembarco de Uber.

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Además, como había adelantado Conclusión en ese momento, el proyecto no reunió el consenso para avanzar, por lo que permanece estancado en la comisión de Servicios Públicos Concedidos en el Palacio Vasallo.

Desde ese punto de vista, el escenario no parece haberse modificado. Quizás por eso Schmuck consideró que era el momento de reimpulsar la iniciativa, cuando se expande la polémica por el funcionamiento, sin habilitación municipal, de aplicaciones similares como Glovo o Rappi, pero dedicadas la cadetería.

Las posiciones

“Las empresas se instalan disfrazadas de app para precarizar, flexibilizar, no pagar impuestos y no cumplir ningún requisito, porque el Estado no tiene poder de control. Hay que sentarse a regularlas”, sostuvo la titular de la comisión de Gobierno del Concejo.

El proyecto de Schmuck, entre otras cosas, plantea la entrega de 200 licencias, en principio, para coches que cumplan con los requisitos estipulados, así como la creación de un “fondo compensador” del transporte destinado en parte a crear una línea de crédito para titulares de taxis, remises y transportes escolares.

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Los taxistas no quieren saber nada con el proyecto y prometen nuevas movilizaciones en caso de que se trate.

De todos modos, aún el clima está frío en el Palacio Vasallo respecto al tratamiento. Tanto concejales de bancada justicialista, como los de bloque Cambiemos, no parecen convencidos de que sea el momento de avanzar con la regulación.

Uno de los que volvió a manifestarse en ese sentido fue Eduardo Toniolli, quien ya había considerado que “no hace falta cambiar ninguna normativa en Rosario para que Uber funcione aquí. Salvo que el objetivo sea introducir el transporte privado en la ciudad, y desregular de esta manera el monopolio estatal en la materia”.

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El concejal resalta el caso de Cabify, aplicación similar a Uber, que se adaptó a la normativa local vigente para funcionar en la ciudad.

Consultado por Conclusión, el presidente del Concejo Alejandro Roselló (Cambiemos) había dicho en su momento: “No estamos hoy para para discutir sobre la fuente laboral y de ingreso de muchas familias. Queremos que se creen nuevas fuentes de trabajo sin perjudicar las actuales. La prioridad está claramente en los taxistas. Para avanzar con eso, que me garanticen que no se va a afectar lo que ya hay”.

Esa postura no se modificó, por lo menos hasta ahora. “No se estuvo discutiendo, pero mantenemos la misma posición. Creemos que hay que seguir discutiendo, no están las condiciones para sacar una legislación como la que se pretende” dijo el edil del Pro, Gabriel Chumpitaz, a Conclusión.

“Hay que trabajarla mas, reunir a todos: taxis, remisses, gente sin trabajo que quiera trabajar en esto, para beneficiar a la mayoría y sobre todo a la ciudad. Si en algún momento llega a venir una aplicación de este estilo, que sea la ciudad que se vea beneficiada, no sólo a nivel tributario sino también laboral” cerró el concejal macrista.

La duda, y quizás hoy la clave para realmente reactivar el tratamiento en el Concejo, pasará por conocer la posición del oficialismo local.

En julio, tanto la intendenta Mónica Fein como funcionarios municipales se habían mostrado reacios a regular Uber. Los concejales socialistas, en general alineados a la posición del Ejecutivo, son minoría en el Palacio Vasallo, pero un cambio de postura desde la Intendencia podría poner en duda algunas voluntades.