La semana pasada, la crisis en el transporte público se hizo sentir con fuerza cuando un paro de colectivos tomó por sorpresa a los rosarinos, provocando un gran descontento en los ciudadanos.
El fondo de la cuestión sigue siendo la tarifa del boleto del transporte urbano y la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre funcionarios y empresarios en el monto al que debería ascender el aumento.
La Comisión de Servicios Públicos lleva varios días intentando obtener un acuerdo en este tema, sin éxito, y esto estalló con el paro del jueves pasado, que se extendió, en el caso de Rosario Bus hasta la tarde del último viernes.
Si bien, la Comisión se reunió ese día, levantaron casi enseguida la sesión cuando sus integrantes fueron avisados de que la empresa Rosario Bus había depositado los sueldos y los trabajadores decidieron levantar la medida de fuerza.
Las diversas posturas de quienes son parte de esta comisión, complejiza el debate.
Consultado por Conclusión, el presidente del Concejo, Miguel Zamarini, expresó que hay puntos de vistas encontrados tanto desde lo técnico como desde lo político: “existe una conjunción de ambas, porque lo político es parte de la realidad del Concejo, sería muy fácil establecer una tarifa trasladándole al ciudadano el costo. El Estado municipal está obligado al igual que nosotros a buscar alternativas, pero el aporte de fondos de rentas generales al fondo compensador del transporte, corresponde al ejecutivo, algo a considerar que no estaba en la agenda que se trató hasta el día de hoy”.
Sobre este mismo punto, Miatello opinó que: “desde el ejecutivo local podrían afectar 36 millones de pesos al fondo compensador para que no impacte tanto el precio del boleto en el bolsillo del trabajador”.
A su vez, la intendenta de la ciudad, Mónica Fein, convocó públicamente a la esfera provincial a participar de la solución del tema. Se dirigió a los legisladores provinciales pidiéndoles que tomen la iniciativa de cederle a los municipios la potestad de fijar las tarifas.
En ese sentido, Zamarini coincidió en que: “quien administra el sistema debe fijar la tarifa, tiene que haber un ente técnico y/o político como lo es el Ente de la Movilidad, en el orden provincial, donde el concejo debe tener representación con la posibilidad de proponer y apelar, de manera que el estudio técnico sea fijado y elaborado por ese organismo a crear, pero también existe mora por parte de la intendencia porque esto no se propuso antes”.
