Este martes por la mañana se llevó a cabo el censo por parte del Estado en la toma de Magaldi y Benteveo. Luego de meses de exigir una respuesta, finalmente el Municipio concretó el relevamiento: 130 familias habitan la toma.

Llevamos más de seis meses de pelea por tener nuestra vivienda, nuestro pedazo de tierra para vivir, y por trabajo. Por eso exigimos al gobierno de Javkin y al gobierno de Perotti que este censo sea un paso adelante en la mesa de diálogo con las autoridades y que atiendan a las demandas de los sectores más golpeados por la crisis”, manifestaron esperanzados y ampliaron: “Queremos lotes y vivienda con títulos, queremos que urgentemente respondan a nuestro derecho de tierra y vivienda y que se comprometan en los hechos con lo que anunciaron meses atrás. No pueden permitir que llegue la segunda ola de pandemia y el frío y que nosotros sigamos en las mismas condiciones”.

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Otro de los reclamos tiene que ver con la construcción de un “gran” comedor para asistir al conjunto de los vecinos y familias que viven en el barrio. “Las necesidades son acuciantes, cada día se agrava más la crisis y las familias no tienen para comer, por eso necesitamos que el Estado nos garantice los materiales para construirlo, además de los alimentos”, señalaron preocupados.

“Recuperamos un basural porque no podemos pagar un alquiler ni tenemos ingresos para pagar las cuotas que, después de meses de negociación, nos intentan imponer. Somos trabajadores informales, desocupados, amas de casa, madres solteras, que hemos perdido hasta el IFE, el único ingreso que teníamos”, se quejaron.

Y en la misma línea recordaron que “en la toma no tenemos agua, ni servicios de ningún tipo. La peleamos desde hace meses, con la solidaridad que recibimos de organizaciones y de derechos humanos. En la toma actualmente viven 130 familias, con más de 180 menores”.

“Desde un principio mostramos nuestra voluntad de construir acá un espacio para poder vivir. Esto era un basural, que limpiamos y con chapas y nylon fuimos armando nuestras casas, nos vimos obligadas a hacerlo porque con la pandemia nos quedamos sin trabajo, sin ingresos, en la calle con nuestros hijos”, dijo una de las afectadas.

“Exigimos una vez más tierra y vivienda. El Estado tiene que responder urgentemente”

De la mesa de diálogo participaron veedores aportados por las familias que viven en la toma, abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, organizaciones sindicales y sociales como Coad, Asociación Anahí, Secretaría de Género de Humanidades y Artes, delegados docentes de Amsafe y de salud, entre otros.