En medio de un clima anodino en el Palacio Vasallo, el modelo urbano de ciudad volvió a colarse en la sesión de este jueves del Concejo Municipal de Rosario.
Fue por una tangente, a través de un proyecto impulsado por el bloque de Cambiemos, en especial por el concejal Agapito Blanco, y a raíz del cual de ahora en adelante no serán considerados como adicional de “altura máxima” aquellos espacios “comunes” en edificios, generalmente sindicados como Salones de Usos Múltiples (SUM).
Puntualmente, la iniciativa establece que las edificaciones en ningún caso podrán superar los tres metros de altura sobre el tope máximo y alcanzará aquellas construcciones que cuenten con final de obra a la fecha de publicación de la ordenanza.
“En ningún caso podrán utilizarse estas construcciones con fines de vivienda, ni podrán ser consideradas unidades funcionales independientes, ni adjudicarse, sumarse o fusionarse con unidades funcionales individuales o colectivas que no constituyan la totalidad del edificio”, aclara el texto del expediente.
En tanto, la totalidad de los consorcistas, mediante una constancia legal firmada por un escribano, deberán autorizar y dar su consentimiento para la ampliación del edificio.
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Previa a la votación, se generó una rispidez relativa al pleneamiento y modelo urbanístico de la ciudad, que lleva tiempo de tratamiento subterráneo en el Concejo y, cada tanto, emerge a la superficie como algunas semanas atrás, cuando se aprobó la construcción de tres megatorres en pleno microcentro de Rosario.
El edil Agapito Blanco, quien se encarga dentro de su espacio de los temas relacionados a la comisión de Planeamiento, expresó: “Este proyecto no modificaría sustancialmente el perfil urbano, ya que la altura de las nuevas edificaciones se practican con un retranco que en ningún caso por su misma naturaleza sobrelevarán las fachadas”.
Blanco resaltó que también puede ser fuente de empleos en el sector de la construcción, a la vez que sostuvo que “la construcción de espacios comunes resultan de gran provecho para los propietarios con múltiples usos recreativos tales como reuniones familiares, y demás eventos sociales”.
Entre quienes cruzaron al edil del bloque Cambiemos y obligaron pausar la sesión y habilitar el funcionamiento in situ de la comisión de Planeamiento, las más enérgicas fueron las edilas de Ciudad Futura, Caren Tepp, así como la concejala Fernanda Gigliani, de Iniciativa 
Popular (y que además preside la mencionada comisión), quienes criticaron la postura de Blanco, así como del oficialismo del Frente Progresista dentro del recinto, el cual apoyó el proyecto y bregó por que se apruebe este mismo jueves.
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Es que tras las críticas, especialmente dirigidas al fuerte lobby que funciona, según precisaron más de una vez desde esos espacios políticos, dentro del Concejo, con empresarios (y particularmente constructores o “desarrolladores inmobiliarios”) pidiendo recurrentes “excepciones” a la normativa vigente.
Ante ese escenario, el concejal Roberto Sukerman propuso que el tema volviera a comisiones para ser debatido en profundidad y en todo caso aprobarse la semana siguiente ya que “no es un tema de urgencia”. Esa moción no fue apoyada, caso contrario lo que propuso su par Roy López Molina para que se abra Planeamiento y se pudiera coordinar el avance de la iniciativa este mismo jueves.
Una particularidad que puede llamar la atención pero es usual que suceda en el ámbito legislativo, al menos local: pese a las diatribas, tras funcionar en comisión el cuerpo, el proyecto fue aprobado en forma unánime.
