La polémica por el accionar de varios  inspectores municipales que vienen realizando actas de infracción a las galerías de Rosario, en las que se consigna no están habilitadas como centros comerciales (además algunas notas exigían la recategorización bajo apercibimiento de clausura) alcanzó su punto de máxima tensión esta semana.

Es que, según aducen los alcanzados, no existe norma alguna que exija tal condición, lo cual fue planteado ante representantes del ejecutivo municipal, quienes les aseguraron que dichas actas «quedarían sin efecto». Pero hasta este lunes las infracciones del tribunal de faltas seguían llegando.

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En ese marco, los administradores de 20 galerías de la ciudad acompañados por Fabio Acosta, de la Asociación Casco Histórico, participaron esta mañana de la reunión de la comisión de Producción del Concejo Municipal, donde los ediles les comunicaron que las actas quedarán sin efecto.

La nulidad quedó estampada en una nota firmada por el secretario de Control y Convicencia, Guillermo Turrín, y presentada por el presidente de la Comisión, el concejal Eduardo Toniolli.

El edil oficialista Enrique Estévez, si bien aclaró que «no es vocero» del gobierno municipal, consideró que se trató de «un error» considerar como infracción lo labrado en las actas, que luego desencadenó en «distintos malentendidos».

Estévez aseguró que la intención primera fue «retomar el contacto con los responsables de los espacios comunes de las galerías comerciales que muchas veces no respetan la normativa referida a sanitarios, libre acceso, mantenimiento, seguridad, etc.»

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«Lo más importante es acercar el Ejecutivo a cada uno de ustedes para remediar la situación. No se trata de una persecución», buscó tranquilizar el concejal socialista.

Jorge Guerrín, administrador de la galería del Paseo, asistió a la reunión de la Comisión de Producción del Concejo.

Jorge Guerrín, administrador de la Galería del Paseo habló con Conclusión y dijo que de haberse implementado las actas “acarrearía un incremento muy importante en los gastos de las galerías que se trasladaría directamente a los comercios, lo que implica que no puedan afrontar los gastos y tengan que cerrar el local comercial con la consiguiente pérdida de las fuentes de trabajo”.

“La Municipalidad solicita que las galerías comerciales organizadas bajo la forma de propiedad horizontal sean asimilada a un shopping, pero esa normativa no es la correcta. El Código Civil es el que regula la propiedad horizontal”, explicó.

A modo de ejemplo, Guerrín mencionó que la Municipalidad justificaba su accionar con “ciertos requisitos de habilitaciones” como la salubridad, o cuestiones de instalación eléctrica pero aseguró que “eso se cumple porque está incluido en la normativa vigente”.

“Lo que sucede es que al incrementar los gastos respecto al Drei eso se va a trasladar en las expensas y a los locales comerciales”, destacó.

Asimismo, dijo que previamente se habían reunido con los directores de los inspectores municipales y les habían garantizado que las multas iban a quedar sin efecto. No obstante, hasta ayer, las galerías comerciales siguieron recibiendo las actas de infracción lo que derivó en la reunión de hoy con los ediles para “coordinar un curso de acción que no afecte económicamente a los locales comerciales”.

Fabio Acosta, titular de la Asociación Casco Histórico. Impulsó la reunión y acompañó a los comerciantes.

Por su parte, Fabio Acosta de la Asociación Casco Histórico confirmó que “se va a presentar un escrito oficial para llevarle tranquilidad a los administradores donde quedan sin efecto y archivadas las actas”.

Varios de los responsables de los comercios que asistieron, se mostraron «preocupados» por el «objetivo detrás de este accionar» del ejecutivo que comanda Mónica Fein. «Esto no es broma, hay gente que depende de los comercios como único ingreso y esto es un atropello», manifestó otro de los asistentes.

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Los concejales presentes (Enrique Estévez, Eduardo Toniolli, Lisandro Zeno, Roy López Molina, Andrés Giménez y Ana Martínez), se comprometieron a que el espacio de la Comisión sea intermediario ante el municipio.

«Si el ejecutivo municipal quiere reformar la ordenanza vigente o modificar el tema de las habilitaciones va a tener que informarlo y pasar por este cuerpo», afirmó Toniolli.